En 2017, a los trancazos, muy a su estilo, el entonces alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, pretendió que un subalterno suyo, César Fontecha, director jurídico de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (Emab), aprobara un documento presentado por la Unión Temporal Vitalogic RSU, en un proceso en donde se elegiría el operador de basuras en la ciudad a treinta años. Fontecha no solo se opuso a aceptar el documento, sino que, junto a otro profesional de la Emab, Abelardo Durán, pusieron en conocimiento de la Fiscalía las irregularidades y las presiones.
Recientemente, un fallo del Consejo de Estado le dio la razón a Fontecha. Pero haberse enfrentado a los intereses del hombre más poderoso de su ciudad le ha costado dolor y lágrimas, muchas lágrimas. Ser denunciante de corrupción en Colombia suele salir muy caro.
“Es una ciudad muy linda. Yo la quiero mucho, no puedo concebir que la sigan jodiendo, quiero lo mejor para mi ciudad”, dice Fontecha, santandereano recio, imperturbable a la hora de defender sus convicciones, y al que se le quiebra la voz cuando habla de Bucaramanga y del inmenso amor que le tiene a esa ciudad de distancias cortas, avenidas con árboles y siesta al mediodía. Los sentimientos encontrados de Fontecha afloran por estos días, justo después de que el Consejo de Estado le diera la razón en un concepto emitido hace ocho años y que terminó siendo la batalla más dura de su vida, batalla en la que su contraparte, el exalcalde y candidato a la presidencia Rodolfo Hernández, terminó con una condena encima por corrupción.
Fontecha, como director jurídico de la Emab, conceptuó que los contratistas del consorcio Vitalogic RSU debían adjuntar una póliza de seriedad que respaldara su oferta. Los empresarios, que no contaban con ese documento, pretendían que les fuera aceptada una fianza. Rodolfo Hernández también compartía dicha pretensión. Eso lo conoció el país en 2019, cuando Noticias Uno publicó los audios en los que, con palabras de grueso calibre y el trato más desobligante, Hernández presionaba a Fontecha para que aprobara el documento presentado por los empresarios: “Van a empezar ustedes los abogados a meterle ‘güevonadas’, por eso digo, acéptale la ‘hijueputa’ garantía”.
Fontecha, firme como un roble, se mantuvo en la raya. Como su concepto difería del abogado Jorge Pino Ricci, contratado por el cuestionado consultor que diseñó los términos del concurso, la Emab optó por una tercera opinión. Fue así como el exmagistrado del Consejo de Estado, Enrique Lafont Pianeta, encontró fundada la tesis de Fontecha.
Pero como en la contratación pública pareciera que hay casos en los que se gana más demandando que ejecutando contratos, los señores de Vitalogic, descalificados por no presentar una póliza de seriedad, procedieron a demandar a la Emab. Inicialmente, la demanda fue por 579.000 millones de pesos, pero con el paso de los años, las pretensiones ascendieron a 740.000 millones. Esa fue la demanda que el Consejo de Estado hace unos días no le dio razón.
Mucho antes de que el escándalo de Vitalogic saliera a la luz pública, César Fontecha, en compañía de Abelardo Durán, subdirector técnico de la Emab, acudieron a la Fiscalía. Fue así como el 23 de junio de 2017 pusieron en conocimiento de los investigadores todas las anomalías y presiones del sonado caso y pidieron que Rodolfo Hernández fuera investigado.
Tanto Durán como Fontecha fueron despedidos de la Emab. La administración de Hernández se los quitó de encima gracias a una denuncia que convenientemente llegó y que decía que los dos funcionarios pedían plata para adjudicar contratos. El denunciante nunca ratificó los hechos ante la Fiscalía y nunca se abrió investigación penal en contra de Durán y Fontecha, pero ellos fueron despedidos sin que tuvieran derecho a defenderse.
En varias emisiones de su Facebook Live semanal, el alcalde Hernández se refirió a Durán y a Fontecha como un par de extorsionistas. Sin trabajo y con la honra mancillada, los dos funcionarios tuvieron que vender pertenencias y acudir a la ayuda de sus familiares para solventar sus gastos.
Conseguir trabajo en una sociedad a la que le gusta congraciarse con los poderosos no es fácil, y menos en una ciudad mediana donde todos parecen conocerse. Por eso, en Bucaramanga prefieren contratar a otros que no hayan causado tantas molestias al millonario exalcalde. Ese rechazo sigue vigente hoy en día, a pesar de que los fallos judiciales han demostrado que Fontecha tenía la razón.
El único fallo que ha sido adverso a Fontecha, fue el de su proceso laboral. A pesar de que fue despedido de manera sumaria y no tuvo garantías en su defensa, ni los hechos que le endilgaban fueron comprobados, un juez de segunda instancia dejó sin piso una decisión anterior que protegía los derechos de Fontecha. El exdirector jurídico de la Emab guarda la esperanza de que la Corte Constitucional revise su caso.
También dice que quiere compartir su experiencia con otros funcionarios. Afirma que si hubiera sucumbido a las presiones de Hernández, hoy estaría sin tarjeta profesional y posiblemente en la cárcel y la ciudad que ama tendría un lío enorme. Pero la satisfacción del deber cumplido no es suficiente. Fontecha, el funcionario de nivel medio que no sucumbió a las presiones de su poderoso jefe, dice que tiene que irse de Bucaramanga. Tiene la obligación de buscar un mejor futuro para su familia y difícilmente lo hará en una ciudad que le ha cerrado las puertas o que se las abre a medias.
Denunciar la corrupción en Colombia sale caro y pocos lo agradecen.
