Iván Serrano
21 Mayo 2025 03:05 am

Iván Serrano

Acoso en la UNP: denunciante terminó exiliada, y el señalado recibió escoltas y estrenó cargo

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Hace dos años, una abogada denunció acoso sexual en la UNP y terminó pidiendo asilo en España. El denunciado, cercano al director Augusto Rodríguez, recibió recientemente un esquema de seguridad del Estado y fue nombrado en un ministerio.

En 2022, Nathaly Hernández, abogada contratista de la Unidad Nacional de Protección (UNP), tomó la decisión de denunciar a su jefe por acoso sexual. En su relato ante la Fiscalía, narró cómo el entonces director jurídico de la entidad intentó besarla y tocarla a la fuerza en su oficina. También contó que le pidió encerrarse con él en el baño. Luego de resistirse, vinieron las represalias: su contrato no fue renovado, las puertas en la entidad se cerraron y aseguró haber recibido llamadas intimidantes.

“Si hubieras accedido, todo sería distinto”, le decían algunas de sus compañeras de trabajo. “Te vas a quedar sin trabajo. ¿Cómo fuiste tan bruta?”, le repetían. Sin empleo y sintiéndose insegura, Nathaly se fue de Colombia e inició trámite de asilo en España. La denuncia le costó su sustento, su país y su tranquilidad.

Desde el exterior, la denunciante esperaba con ansiedad el desarrollo de las investigaciones en contra de su presunto agresor: una, la que interpuso en la Fiscalía; y otra, abierta de oficio en la Procuraduría General.

Mientras Nathaly abandonaba su país y su vida, el denunciado siguió en su cargo hasta hace poco. Su nombre: Daniel Augusto Jorge El Saieh Sánchez, quien, pese a estar vinculado a una investigación por acoso sexual, se mantuvo como jefe jurídico de la UNP.

Este ha sido un buen año para El Saieh; las constelaciones se alinearon a su favor, dirían los que creen en la conjunción de astros y destino.

El pasado 7 de enero, la Procuraduría archivó el proceso en su contra por el presunto acoso a Nathaly. La denunciante decidió no apelar, por los elevados costos en dinero y tiempo que para ella implicaba esta batalla jurídica y, además, porque siente que a su denunciado nadie lo va a tocar.

Un mes después, ya con las cosas resueltas en lo disciplinario, El Saieh presentó su renuncia al cargo de jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la UNP. En su carta de despedida, aprovechó para agradecerle a Augusto Rodríguez, director de la UNP, la oportunidad que le brindó de haberlo acompañado en la labor de construir una “verdadera seguridad humana”.

La renuncia fue aceptada y protocolizada mediante resolución expedida el pasado 23 de abril.

Pero El Saieh no salió a pie de su cargo. Un mes antes, el 17 de marzo de 2025, a través de otra resolución, el director de la UNP, Augusto Rodríguez, le otorgó un esquema de seguridad tipo 2, que incluye un vehículo blindado, dos escoltas y chaleco antibalas. La protección fue extendida a su núcleo familiar y estará vigente durante 12 meses. ¿La justificación? Las presuntas amenazas en su contra por haber denunciado hechos de corrupción en la misma UNP, entre ellos, el alquiler ilegal de esquemas de seguridad.

Como jefe de la Oficina Jurídica, El Saieh contaba con un esquema de protección que le fue asignado a él y a otras personas cercanas a Augusto Rodríguez, pero la resolución de marzo le permitió al abogado seguir contando con el robusto esquema.

Asignar un esquema de seguridad requiere un trámite: el CERREM (Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas) es quien pondera el riesgo de los candidatos a ser protegidos. Curiosamente, en el caso de El Saieh, un mismo analista de riesgo hizo todas las evaluaciones del funcionario y, en todos los casos, su situación fue calificada como de riesgo extraordinario.

Al actual director de la UNP, Augusto Rodríguez, ya lo han cuestionado por la asignación de esquemas de seguridad. En marzo de 2023 firmó una directiva que duplicó su propio esquema y asignó blindados y escoltas a varios funcionarios administrativos sin estudios de riesgo. Los beneficiados eran, casualmente, miembros de su círculo de confianza. Mientras tanto, funcionarios en situación real de peligro —como el exdirector de la cárcel La Modelo, asesinado tras solicitar sin éxito protección— quedaron desprotegidos. Hay casos de periodistas que han sido víctimas de atentados y exilio por graves denuncias sobre nexos entre empresarios y grupos armados, y a ellos se les han asignado esquemas de seguridad mucho más modestos que los del jurídico El Saieh.

Pero las buenas noticias para El Saieh no terminan ahí. Luego de que le fuera asignado el esquema de seguridad y le aceptaran la renuncia, el abogado estrenó cargo en un despacho público donde seguramente estará muy a gusto.

El Saieh es el nuevo director de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Minas y Energía, bajo la dirección del ministro Edwin Palma.

El acucioso periodista Jorge Espinosa se ha ocupado de revelarle a la opinión pública detalles de nombramientos y otros hechos cuestionables en el Ministerio de Minas bajo la batuta de Palma. Entre ellos, el del abogado Julián Flórez Quiroga, quien había sido declarado insubsistente en ese mismo ministerio y cuyo anuncio de nombramiento generó protestas de trabajadoras de la entidad. El episodio incluyó la aparición de pintadas en los baños del ministerio que señalaban a Flórez como un acosador.

Hace apenas un mes, Espinosa reveló otro caso: el del nombramiento de un asesor de comunicaciones de la entidad, quien había purgado condena en establecimiento carcelario por violencia intrafamiliar y quien, adicionalmente, tenía activa una denuncia por inasistencia alimentaria. La acción legal fue interpuesta por el hijo del denunciado.

En otros tiempos, situaciones como las descritas hubiesen generado protestas y rechazos por parte de lideresas y otras personas afines al actual partido de gobierno.

Pero pues, como le sugirió el presidente Petro al humorista Alejandro Riaño en reciente entrevista: hasta que no haya condenas, no se puede prescindir de tan excelsos funcionarios. Curiosamente, la misma presunción de inocencia no se pedía de manera tan tajante antes de llegar al poder. En ese entonces, el argumento era otro: que se defiendan, pero fuera de los cargos públicos.

El Saieh seguirá defendiéndose desde su cargo. El proceso penal va muy lento y el disciplinario ya fue superado. En contraste, la denunciante sigue fuera del país, decepcionada del aparato jurídico colombiano y consciente de qué parte del embudo le tocó.
 

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