El presidente Gustavo Petro planteó el 27 de septiembre tres prioridades para un Acuerdo Nacional: la verdad, la tierra y la educación. Y explicó esas prioridades porque sin ellas no se alcanzará la paz.
Ante el interés por el calibre de la movilización, el contenido del discurso de ese día fue poco registrado. Pero el mensaje fue nítido: se llama a las élites a negociar un pacto concreto, con una agenda acotada, que toca temas trascendentales para la Colombia excluida. Y ese mensaje sigue guiando el trabajo del Gobierno. Explico por qué es coherente esa invitación con la política educativa y por qué está enredado el acuerdo para hacer realidad esa política.
Para que la buena educación deje de ser un privilegio se requiere de un cambio profundo en las prioridades, los recursos y las formas de relacionamiento entre actores de la sociedad, que si bien trasciende el período del Gobierno actual, ya se está adelantando.
Se está adelantando cuando ejecutamos el Plan de Desarrollo Colombia, potencia de la vida, y le sumamos, descontando la inflación, 10 billones adicionales de presupuesto al año desde 2024; cuando creamos 500.000 cupos universitarios y tecnológicos, con oferta flexible, comenzando desde la educación media en territorios excluidos rurales y urbanos; cuando ampliamos la educación inicial en 200.000 cupos nuevos de prejardín y jardín y mejoramos las condiciones para otros 250.000 niños y niñas que hoy reciben una oferta de preescolar limitada; cuando ofrecemos formación integral en 5.000 colegios públicos con una nueva pedagogía que, apoyada en la intersectorialidad, reconozca la multidimensionalidad del ser humano y la diversidad del país. Y esa idea de la buena educación incluye: i) capacidades ciudadanas para la paz, la verdad y la conciencia ambiental; ii) dominio del español y una segunda lengua; iii) música y arte; iv) pensamiento científico, matemática y competencias digitales; y v) bienestar físico y mental.
Se adelanta desde hace algunos meses ese cambio al contar con docentes suficientes empoderadas/os y con buena formación en todo el país, entre otras acciones, ofreciendo 25.000 becas de posgrado, nuevas normales superiores, nueva formación en servicio y perspectiva de género a nuestra planta docente, mayoritariamente femenina.
Pero ese adelanto en curso se bloquea cuando la opinión pública desconoce que existe tal propuesta; cuando la certeza del presidente de que esa es su prioridad no es escuchada por el ruido político o por falta de confianza de algunos expertos (incluso responsables de ejecutarla dentro del Gobierno). Por eso el Acuerdo Nacional por la Educación es imprescindible.
Además, el Gobierno ha planteado una ruta de mediano y largo plazo en el proyecto de Ley Estatutaria para garantizar la educación como derecho fundamental. Una sociedad que ha naturalizado la inequidad como lo ha hecho Colombia, necesita un par de décadas para cambiar la noción de una educación pública igualmente buena para todos y todas. Dimensión conocida en cada sociedad del mundo que haya logrado paz, dignidad humana, prosperidad bien distribuida y estabilidad institucional. Esa “sensatez imposible” requiere un gran acuerdo.
¿Por qué Costa Rica, Uruguay (o hasta hace unas décadas Argentina), sí podían ver en la educación, y en particular en la buena educación pública para la formación integral un proyecto colectivo más allá de las disputas menores? Es que eso era hace 100 años, dirá alguien. Pero Corea, Finlandia, Vietnam y Ruanda lo han hecho recientemente. ¿Por qué Colombia no?
La principal limitación que tenemos para caminar la ruta planteada está en un bloqueo a reformas sostenibles por múltiples desencuentros entre nación y territorios; entre sindicatos, empresas y gobiernos; entre educación privada y educación pública; entre zonas urbanas y rurales.
Desbloquear el camino pasa porque algunos dirigentes -pocos por fortuna- dejen de ver solamente sus intereses particulares o la posibilidad de seguir por el camino que nos tiene donde estamos.
Sobra evidencia frente a la importancia de la educación. La invitación del presidente es genuina y coincide con el interés mayoritario de educadores, jóvenes, familias y líderes académicos, sindicales, empresariales, políticos y comunitarios. Hay organizaciones colombianas y de países amigos que pueden ayudarnos a conversar si necesitamos apoyo metodológico. Pero se necesita confianza. Tomar el teléfono un minuto y escribir un mensaje a alguien en cuyo criterio creamos, invitándole a abrir espacio a la esperanza y, como dicen los jóvenes populares: “hacer una juntanza” para erigir desde las mentalidades y desde la justicia con territorios y poblaciones, otra educación para otra sociedad.
