La Fiscalía le pasó cuenta de cobro a la Fiscalía. En un escrito de acusación fechado el 5 de mayo de 2025, el ente investigador dejó evidencia del error que estaba cometiendo la misma institución en el caso de la Avenida Los Colibríes, en Pereira.
Esa operación judicial, que fue anunciada con despliegue mediático y titulares rimbombantes, terminó tramitada con desorden, calificada erradamente, escrita sin rigor y dejada a la deriva, según lo evidencian las 116 páginas del expediente.
No es un informe cualquiera. Es un regaño tácito matizado de acusación explícita. En el escrito, la Fiscalía General de la Nación se centra en los hechos, los contratos, los funcionarios implicados y los delitos imputados, pero hace autocrítica institucional y un análisis procesal sobre el vencimiento de términos y los errores tácticos de la Fiscalía.
Como dijimos, el caso gira en torno a la Avenida Los Colibríes, una vía de 3,4 kilómetros que debía conectar sectores clave de Pereira. Sin embargo, de acuerdo con el escrito de acusación, el contrato fue estructurado sin estudios definitivos, con pliegos modificados de forma irregular y con una ejecución plagada de sobrecostos y falsedades documentales. La corrupción estaba dada.
La historia comienza con Carlos Alberto Maya López, alcalde de Pereira entre 2020 y 2023, elegido por la coalición Más Cambio. La obra estrella de su gobierno fue adjudicada al consorcio Prosperidad Vial Cerritos por 31.866 millones de pesos. El contrato recibió un anticipo del 40 por ciento y, posteriormente, adiciones por 20.500 millones, sumando más de 52.000 millones. Una platica.
Según el documento, los estudios y diseños definitivos se recibieron el 15 de octubre de 2021, pero la obra había comenzado cuatro días antes. Esta irregularidad fue clave para mantener la estructura contractual inicial sin ajustes, lo cual resultó en la suscripción de otrosíes con nuevos ítems y precios inflados. Recordemos que el colibrí es la única ave que puede volar hacia atrás. Muy apropiado.
El escrito establece que se pactaron seis carriles, pero se licitaron cuatro. Los otros dos fueron agregados luego mediante modificaciones, presentados como obra nueva, lo que permitió sobrecostos significativos. Esto constituye, según la Fiscalía, una maniobra para eludir los principios de planeación y transparencia. Aleteo contractual que llaman.
El documento identifica a los responsables directos de la maniobra. Carlos Maya, junto con su secretario de Infraestructura, Juan Carlos Restrepo, y su director de obras, Milton Hurtado, orquestaron la estructuración de los estudios previos con datos alterados. José Alberto Rojas Prieto, primer interventor, y Carlos Alberto Ballesteros, su sucesor, validaron actas de obra que no correspondían con la realidad física.
En el ítem 4.4, por ejemplo, se reportaron 8.781 metros cúbicos de material ejecutado, pero se certificaron 76.139. El sobrepago ascendió a más de 774 millones de pesos. Casos similares aparecen en los ítems de sardinel, andenes, afirmado, subbase, base granular y redes de alumbrado público. La platica se la mecatearon.
La Fiscalía reconstruyó las 17 actas de obra del contrato y demostró, con soporte técnico, que en varias se duplicaban cantidades o se incluían actividades no ejecutadas. En algunos casos, las actas fueron firmadas sin verificación física alguna, lo que configura fraude a la administración pública.
Pero vamos más atrás porque no todo ha sido tan diligente. El 22 de octubre de 2024, la Fiscalía presentó el escrito de acusación ante el Juzgado Primero Penal del Circuito. A partir de esa fecha, tenía 240 días para iniciar juicio. Pero la audiencia preparatoria no se realizó dentro del plazo. El caso fue alargándose por los fiscales delegados encargados del proceso, y olvidado más rápido de lo que vuela un colibrí.
El 1° de julio de 2025, los procesados solicitaron su libertad por vencimiento de términos. El Juzgado Penal Municipal con funciones de garantías aceptó la solicitud y ordenó la libertad inmediata de Carlos Maya, José Alberto Rojas y Carlos Guillermo Suárez. Ninguno ha sido absuelto. Simplemente, la Fiscalía no cumplió con los términos.
Durante la audiencia del 24 de junio de 2025 –la primera de solicitud de libertad en favor de Milton Hurtado García que se realizó ante el Juzgado 5 Penal Municipal con Función de Control de Garantías–, la Fiscalía argumentó que el caso podía tratarse como un Grupo Delictivo Organizado, GDO, conforme a la Ley 1908 de 2018, lo cual ampliaría ciertos plazos para que no se diera el vencimiento de términos. También solicitó que se excluyeran los tiempos empleados en estudiar nulidades de la defensa.
Sin embargo, el juez de garantías advirtió que, en la imputación inicial, nunca se alegó que se tratara de un GDO, por lo cual no era posible cambiar el régimen procesal en medio del proceso. Además, indicó que las nulidades eran parte del ejercicio de defensa y no podían considerarse maniobras dilatorias.
Esto fue detallado en un informe interno del fiscal especializado José Ignacio Arias, dirigido a la fiscal general Luz Adriana Camargo y fechado el 3 de julio de 2025, en el que se reconoce expresamente que “en la imputación y la acusación nunca se expresó que se trataba de un GDO”, lo que invalidó la solicitud de ampliar los términos legales. Una embarrada.
En ese mismo informe se señala que las solicitudes de nulidad fueron actuaciones legítimas de la defensa, y no estrategias dilatorias, por lo cual no debieron computarse como causa de extensión de plazos. Así, el propio fiscal dejó por escrito que la falla fue institucional y no táctica.
Los efectos políticos fueron evidentes. Carlos Maya, tras más de un año detenido en la cárcel La 40, recuperó su libertad por vencimiento de términos sin que se haya iniciado el juicio oral. Y ha insinuado su vuelta a la vida política. Algunas fuentes locales han sugerido que examina un posible regreso político posicionando una narrativa de persecución, ignorando los hallazgos documentados por la Fiscalía, y apoyándose únicamente en los errores procesales cometidos por la misma entidad.
Lo cierto es que la avenida, que debió entregarse en noviembre de 2023, sigue inconclusa. No hay barandas, luminarias ni seguridad peatonal. Las obras de mitigación ambiental nunca se ejecutaron. Y la ciudad de Pereira asume los costos de una infraestructura a medio hacer y de una justicia a medio camino.
La situación ilustra un patrón: una corrupción estructural que se perpetúa por negligencia institucional. Un contrato amañado, una fiscalía que no actuó a tiempo, un juez que aplica la forma más que el espíritu de la ley, y un acusado que sale libre por reloj procesal. Crónica de un desfalco anunciado.
Por eso la importancia del escrito de acusación del 5 de mayo, ya que es más que una acusación. Es una reconstrucción detallada del caso y, al mismo tiempo, un acto de rendición de cuentas institucional, con un tono técnico, pero que deja interpretar la frustración y trata de solucionar el error.
Ese escrito, aunque llega tarde, constituye una pieza clave de memoria institucional. Identifica los hechos, los actores, las cifras y las omisiones. Su valor está en dejar constancia de lo que ocurrió, aunque no se haya alcanzado justicia plena. Es un intento de rescatar la dignidad institucional y de advertir sobre los costos de la negligencia. Costos que en este caso paga Pereira, la ciudad sin puertas, y al parecer, también sin Avenida Los Colibríes y con erario desplumado.
Porque, si algo deja claro este caso, es que, cuando el Estado fracasa no por falta de pruebas, sino por falta de voluntad o pericia jurídica, el mensaje es devastador: el vencimiento de términos se convierte en la mejor estrategia de defensa en Colombia, el delito no necesita abogado cuando la negligencia se disfraza de legalidad, y la impunidad no solo avanza, sino que se desliza sin ruido y escapa de los tribunales como un colibrí que aletea sus alas tan rápido que ni la justicia lo puede rozar.
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