Ana Cristina Restrepo Jiménez
3 Marzo 2023

Ana Cristina Restrepo Jiménez

¿Ángeles custodios o demonios (mudos)?

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En Colombia no se puede poner en duda la seguridad de nadie. Todos estamos expuestos a cierto nivel de riesgo, el cual no está determinado necesariamente por nuestra actividad productiva o social, ni por militancias políticas o de cualquier otra índole. Por ejemplo, usar el transporte público no debería revestir mayor peligrosidad y, aun así, hay quienes han sido asesinados en un bus por robarles el celular.

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La Fiscalía General de la Nación registró casi cincuenta mil denuncias por homicidios en 2022, entre ellas, 13.058 correspondieron a “homicidio doloso consumado”. 2012 fue el año con el mayor número de asesinatos en Colombia: 14.918. Esta semana la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó al comisionado Danilo Rueda, en seguimiento de las medidas cautelares para proteger a los excombatientes de las Farc: al menos 356 han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz.

Este es el retrato a mano alzada del mismo país que le otorgó un esquema de seguridad a la alemana Rebecca Linda Marlene Sprößer, calificada por la Unidad Nacional de Protección (UNP) como “defensora de derechos humanos”. La protegen una camioneta blindada, dos escoltas y un chaleco antibalas.

En 2021, viajó de vacaciones a Cali para aprender a bailar salsa. Ingresó a la primera línea y, desde sus redes sociales, narró los abusos policiales. Su novio, Johan Sebastián Bonilla, fue asesinado. El gobierno de Iván Duque la expulsó.

Sin dudar del riesgo que puede correr la alemana que regresó a Colombia, las preguntas son inevitables: ¿cuál es el criterio con el que se define a un defensor de derechos humanos? ¿Por qué el estudio de riesgo de la alemana fue tan rápido y efectivo por parte de la UNP? ¿Por qué todavía esperan sus análisis de riesgo periodistas y defensores de derechos humanos en el Bajo Cauca, Magdalena Medio, Chocó, Putumayo, Cauca o Arauca?

Hoy bien vale recordar a Rafael Moreno, fundador y director de las Voces de Córdoba, un medio digital que investigaba la corrupción. Según la revista Páginas para la libertad de expresión (Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP): “Al momento de su asesinato, 16 de octubre de 2022, Rafael tenía asignado un esquema de protección de la UNP que constaba de un chaleco, un botón de pánico y un escolta, quien no se encontraba en el local de comidas rápidas donde ocurrió el homicidio, y que colegas, familiares y amigos del periodista dijeron no conocer”.

Sprößer dijo que regresó “para buscar justicia para su novio asesinado”. ¿Habrá el mismo tratamiento para la pareja de Moreno o las de los diecisiete líderes sociales y defensores de derechos humanos que, según datos de Indepaz, han sido asesinados solo en 2023? (véase: https://onx.la/dbde1).

Está fresco el rastro del excomisionado de la Verdad, Leyner Palacios: “Tengo mucho miedo, me voy a esconder para que no me maten, no quiero que vean mi ataúd lleno de mi cuerpo injustamente asesinado y sea otro botín de impunidad; he comprendido que la amenaza es la puerta al cementerio”.

La UNP se creó el primero de octubre de 2011, a través del Decreto 4065, para “articular, coordinar y ejecutar la prestación del servicio de protección a quienes determine el Gobierno Nacional que por virtud de sus actividades, condiciones o situaciones políticas, públicas, sociales, humanitarias, culturales, étnicas, de género, de su calidad de víctima de la violencia, desplazado, activista de derechos humanos, se encuentren en situación de riesgo extraordinario o extremo…”.

La UNP no solo cuida a sus custodiados en la sociedad. A veces, más parece que es la gente en las calles la que necesita ser protegida de ciertos personajes. Un sabio anónimo de las redes sociales aseguraba que el tamaño de la escolta de Álvaro Uribe servía para proteger a la ciudadanía del expresidente y no al revés.

Cuando el senador Alex Flórez llegó borracho a lanzar improperios frente a un hotel en Cartagena, ¿quién necesitaba más un esquema de protección: ¿el senador? ¿El personal del Hotel Caribe? ¿La mujer explotada sexualmente que ingresaba con el “honorable”?

El caso de Flórez y las respuestas de la UNP son emblemáticos.

El senador del Pacto Histórico ha tenido al menos tres siniestros en carros oficiales: dos como concejal (uno en la vía a Caramanta y otro en Altavista), otro como senador. Los detalles jamás se conocerán, entre otros motivos, por el hermetismo de la UNP.

El 25 de junio de 2021, después del primer choque, el ciudadano Alejandro Moncada, para ese entonces integrante del equipo del concejal Daniel Duque (Partido Verde), le solicitó a la UNP el recuento histórico de los escoltas asignados a Flórez, el costo de la protección, la cantidad de vehículos, chalecos y celulares. Potestades del protegido sobre los escoltas del esquema. Entre otros requerimientos, pidió que se informara si existía algún llamado de atención contra Flórez. La respuesta a su requerimiento informativo se puede consultar en el anexo 1.

Sobre su choque más reciente (del que yo tenga conocimiento) en condición de congresista, verifiqué cierta información con la UNP. La respuesta al derecho de petición ext22-00135157, a cargo del señor Rafael Oswaldo Barreto Sierra, coordinador del Grupo de Vehículos de Protección, corroboró que el 12 de diciembre de 2022: “Se solicita el cambio del bomper delantero, farolas y luces delanteras, capot y demás daños que pudiesen haberse causado con el incidente de tránsito ocurrido el día 02 de diciembre de 2022, es necesario que se nos asigne un vehículo sustituto por los días que dure la camioneta en el taller”.

¿Quién conducía y en qué estado? ¿Cuánto cuesta cada choque de estos carros blindados?

Una y otra vez se apela a la ley como excusa para ocultar las andanzas de los protegidos. Vamos más hondo; en una historia clínica expedida por la EPS Sura el 18 de febrero de 2021, quedó registrado: “Fue agredida físicamente por su pareja sentimental el día de hoy alrededor de las 10 a. m., posterior a discusión dentro del automóvil de su pareja en las afueras del laboratorio donde se realizó prueba de embarazo (la cual dio positiva), discusión se dio alrededor ‘me pidió que abortara’. Dice ‘me agarró del brazo y me haló y me dio un golpe en el oído’”.

La agresión a la expareja y madre del hijo de Flórez ocurrió en un vehículo oficial que le asignaron cuando era concejal. A juzgar por el día de los hechos (jueves) y la hora (10:00 a. m.), los guardaespaldas debieron estar con su protegido: ¿reportaron la novedad? ¿Ninguno presenció la agresión?

Volví a acudir al derecho de petición para buscar los nombres de los integrantes del esquema al momento de la agresión, es decir, las identidades de los testigos de un episodio de violencia intrafamiliar. Por tratarse de un delito (aunque la agredida nunca haya interpuesto una denuncia en ningún lugar distinto a la EPS Sura), en los escoltas prima el deber de denuncia ante las autoridades. La UNP de nuevo se escudó en la norma para proteger a Flórez (véase anexo 2).

Entiendo que los esquemas de seguridad estén integrados en buena parte por gente honesta, padres y madres de familia, hijos o hermanos, que temen perder su empleo si delatan a sus protegidos; pero tiene que existir un mecanismo para romper el silencio que permite la impunidad escudada en la protección del “buen nombre” o seguridad física de un funcionario.

La UNP es financiada con los impuestos, finitos, de los colombianos. Lo mínimo que nos debe es transparencia. No se le puede otorgar un escolta a cada persona que resida en el país, ni preservar la lógica de asignar ángeles que custodien el silencio de los demonios.

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