“En Colombia, quienes perpetraron desapariciones se especializaron en hacernos la vida difícil: los criminales usaron formas muy efectivas para desaparecer los cuerpos”, lamenta Vélez(*), patólogo forense que trabajó durante casi veinte años en el Instituto Nacional de Medicina Legal, antes de ocupar un alto cargo en la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD).
Escuche la columna completa aquí:
Esta autoridad en su disciplina reside hoy fuera del país. Después de haber hecho parte de los equipos forenses del Palacio de Justicia y de Justicia y Paz, explica por qué es tan complejo buscar desaparecidos en Colombia: “Una de las prácticas es arrojar los cadáveres a los cuerpos de agua, especialmente a los ríos, pero también al mar y las lagunas. En Justicia y Paz, los perpetradores contaron que quemaban los cuerpos, no tanto en hornos crematorios (en Norte de Santander hubo hornos, no por todo el país): quemaban llantas, lograban una alta temperatura durante mucho tiempo; esa hoguera desaparecía toda evidencia que le sirviera a un forense. O las casas de pique. En el sur, tuve información de que arrojaban los cuerpos a animales como lagartos”.
¿Existe una manera de reparar este daño? ¿Cómo medir el éxito de la búsqueda de desaparecidos? ¿En hallazgos? ¿En entregas dignas a familiares?
Mañana culmina el mandato de cinco años de la primera directora de la UBPD, Luz Marina Monzón.
Dentro de la investigación que he adelantado sobre cómo la UBPD podría responder con mayor eficiencia a las víctimas, diversas fuentes expertas ―internas y externas― permiten concluir que es urgente actuar sobre seis asuntos directamente relacionados con el diseño original de la entidad: (1) la concentración de poder en la dirección (producto, en buena medida, del desconocimiento de Monzón del sector público); (2) la falta de incidencia del Consejo Asesor, cuya función, de acuerdo con el Decreto-Ley 589 de 2017, es “asesorar al director o directora de la UBPD en el cumplimiento de las funciones de la misma”; (3) la forma de contratación que, entre otros asuntos, favorece la alta rotación de personal y, en el caso de cargos directivos (en el término de un año renunciaron cinco direcciones, cinco subdirecciones, seis jefes de oficina, tres secretarías de unidad especial), entorpece la continuidad de políticas y acciones; (4) la relación ―todavía por consolidar― con actores definitivos, como la cooperación internacional; (5) el enfoque inicial de este mecanismo extrajudicial y humanitario clama hoy por una evolución: descentralizar el trabajo forense y acelerar la búsqueda para obtener resultados significativos, y (6) la precaria implementación de una política interna de género.
ANEXO 1 UBPD by CAMBIO on Scribd
Según Vélez, en cualquier entidad de búsqueda, “el indicador fuerte son los cuerpos entregados que se puedan restituir a las familias. Y en el caso de personas vivas, los reencuentros”. Por dichas complejidades, existen otros indicadores como “los procesos de búsqueda abiertos, a cuántas personas se busca…”.
La UBPD ha consolidado un universo de 104 602 personas reportadas como desaparecidas. Han recibido veintidós mil solicitudes de búsqueda. Cuenta con veintiséis planes regionales. En estos cinco años se han recuperado solo dos cuerpos que “podrían corresponder a integrantes de la fuerza pública”.
ANEXO 2 UBPD by CAMBIO on Scribd
Vélez detalla las prioridades para mejorar la entidad: “Hay dos puntos clave: uno, la investigación, cómo investigar la desaparición de una persona sin estar en un contexto judicial. Le dijimos a ella [Monzón] que los conocimientos en criminalística y antropología forense los aplicáramos a lo extrajudicial. No es fácil. Eso quedó estancado. Como no se logró consolidar un equipo, ni mirar lo que sí funcionaba o no y lograr modificarlo, eso no ha permitido que la UBPD dé mejores resultados”. En segunda instancia: “El equipo forense se quedó muy pequeño. Se tomó la decisión de que solo estuviera en Bogotá y no en las otras zonas del país. Los colegas están cansados, no dan abasto, tienen que atender exhumaciones en todo el territorio”. Es necesario formar nuevos forenses, aseveran tanto Vélez como Téllez (testimonio citado en la entrega anterior de esta investigación: “El otro”, 03/02/2023).
La Corporación Humanitaria Reencuentros (CHR), integrada por casi cien firmantes del Acuerdo de La Habana, comenzó sus búsquedas hace seis años, aunque solo se “formalizaron” en 2022. Su labor les ha permitido documentar 276 casos en el territorio nacional, los cuales fueron entregados a la UBPD.
Con base en este trabajo conjunto, John León, miembro de la CHR, tiene claridad sobre los grandes retos de la UBPD ―que empiezan por facilitar el acceso a la información del Ministerio de Defensa para orientar la búsqueda de desaparecidos: “Entendemos de primera mano qué es tener un compañero o familiar desaparecido”―: (1) fortalecer y acelerar los procesos de identificación de cuerpos que reposan en distintas regiones del país e incrementar el banco de perfiles genéticos; (2) procurar la seguridad y garantía de movilidad para los firmantes del proceso de paz, todavía existen lugares inaccesibles para los firmantes y para la institucionalidad, y (3) buscar la ampliación de corredores humanitarios: “La UBPD puede establecer interlocución con actores que garanticen la realización de operaciones humanitarias”.
León subraya la relevancia de la ampliación del mandato para que se puedan buscar desaparecidos después del año 2016; además, califica como urgente el diseño de hojas de ruta que permitan acreditar ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la búsqueda de personas desaparecidas como trabajos, obras y actividades con contenido reparador-restaurador (TOAR), que la UBPD acompañe dichos procesos y garantice su certificación.
A través de León, los buscadores de la CHR manifiestan una honda preocupación: “Cuando se asesina a un firmante del Acuerdo de Paz, también se asesina una historia, miles de recuerdos. La búsqueda es, entre otras cosas, sentarse a recordar. Hoy tenemos casi cuatrocientas personas menos a las cuales pudimos evocar, y con quienes recordar. Con ellas, también se va información útil. Ellos eran contextos, caracterización del espacio, memorias clave para la búsqueda”.
La UBPD asegura que ha realizado 173 entregas dignas a familiares (véase Anexo 3). De ellas, 29 corresponden a medidas cautelares ordenadas por la JEP. ¿Cuántas corresponden a la CHR? “Estamos pendientes de que la UBPD nos entregue esa cifra, pero tenemos claro que al menos cuatro de ellas [datos reservados] tienen que ver con información específica que pasamos a través de Reencuentros”, dice León. Dicha información disgregada le fue solicitada a la entidad a través de un derecho de petición: su respuesta no fue clara (retomar Anexo 2).
ANEXO 3 UBPD by CAMBIO on Scribd
Respecto a la entidad como espacio seguro para las mujeres, entre las fuentes de esta investigación Naranjo(*) es quien más tiempo trabajó en la UBPD; ocupó un alto cargo, desde su creación hasta los últimos meses de 2022. Recuerda que Monzón ascendió al funcionario César Sanabria, quien fue uno de los profesores denunciados por acoso sexual en el informe de la Comisión Feminista de Asuntos de Género de Antropología de la Universidad Nacional.
Naranjo afirma que ante dichas publicaciones, en un principio, Monzón se limitó a responder: “Si es culpable, que lo demuestre un juez”. Esta fuente asegura que, cuando las denuncias escalaron ante la opinión pública, y además se documentaron señalamientos de dos compañeras de la UBPD contra Sanabria, la directora comentó: “Quiero sacar a este hijueputa, pero no tengo cómo […]”. Una vez el escándalo se tornó inocultable, citó a su equipo para implementar políticas de género. Sanabria renunció.
Naranjo considera que la inestabilidad del personal ha afectado los resultados de la Unidad: “Cuando usted está creando una entidad tiene que garantizarle al menos una sostenibilidad. Esa sostenibilidad está en el personal; no puede estar en otro lado, sino en su nivel directivo. La alta rotación de personas clave, en áreas donde se necesitaba una experticia muy concreta, como lo es la antropología forense; el proceso, sin tener un equipo directivo de manera permanente, sin abrirse a un diálogo interdisciplinario, ocasiona, entre otras cosas, que tú no sepas hacia dónde va la entidad”.
Es de público conocimiento la idoneidad profesional del personal de la UBPD: los resultados de la entidad no se compadecen con la capacidad laboral, la formación intelectual y la experiencia de quienes la integran. “Hubo errores de diseño que se perpetuaron porque las personas que podíamos opinar y hacer cambios, renunciamos”, concluye Vélez.
¿Por qué las quejas llegaron tan tarde? Gran parte de estos funcionarios vienen de trabajar con derechos humanos, su compromiso con el proceso de paz es honesto, genuino; por otra parte, como la JEP y la Comisión de la Verdad, la UBPD sobrevivió a la mezquindad del gobierno de Iván Duque: exteriorizar estos problemas significaba ahogar la esperanza de las víctimas del conflicto.
No se trata de aspirar a una “aparición”. Todas las instituciones, públicas y privadas, pasan por el tamiz de la grandeza y la pequeñez de los seres humanos. De cara al futuro inmediato, por el bien de la UBPD, de la búsqueda, del acceso a la verdad y, ante todo, por los derechos de las víctimas: urge corregir.
(*) Identidad protegida.
