Hubo un tiempo en el que los artistas, creadores, gestores, artesanos, trabajadores museales, de la gastronomía, del turismo, y de la cultura, entre muchos otros, contaron con una fuente de recursos para cubrir su seguridad social. Era un tiempo en el que la dignidad y la memoria del país importaban, pues se entendía que, gracias a ese acervo de lenguas, plantas, sensibilidades, ideas, imaginación, saberes, oficios, expresiones artísticas y gestión cultural, existíamos en el mundo. Era un tiempo en el que ya habíamos comenzado a existir, también, como el país más violento del mundo: Cocaína-lombia, el paraíso de Narcos y de tantas ideas, también culturales, que nos convirtieron, gracias a la ceguera de parte de las clases políticas, empresariales y el establecimiento cultural, en un país de avivatos, corruptos a la par de una minoría de súper cultos; una narcocultura que nos expresó en su arquitectura, sus gustos, sus usos y costumbres, su manera de arrasar con todo y de no reconocer a nadie; o una clase ilustrada que aprendió a vivir de la sensibilidad con los demás y la violencia, pero encerrada en sus privilegios.
Con la creación del Ministerio de la Cultura, en 1997, mediante la Ley 397, los artistas, artesanos y trabajadores culturales, por nombrarlos a todos de alguna manera, contaron con una pensión vitalicia que tenía fuentes de financiación específica y los correspondientes estudios del Ministerio de Hacienda. No tengo idea de si alguien en seis felices años pudo obtener una pensión así, que provenía del 10 por ciento de la estampilla Procultura, y que gracias a la Ley 666 de 2001 contó, además, con la creación de una cuenta para el recaudo, a través de alcaldías y gobernaciones.
Digo seis años, porque entonces llegó 2002 y la promesa del arrasamiento se hizo realidad. Con dicha profecía cumplida comenzó a sepultarse, hace veintidós años, en 2003, la vida digna de artistas, artesanos y trabajadores culturales colombianos. De un tajo, el Ministerio de Cultura sacó a más de quinientos funcionarios de planta. De un machetazo, como era usual en esa época infausta de aserradores humanos, se sepultaron los cargos de la Orquesta Sinfónica Nacional; de un solo planazo se derogaron los artículos 31 y 32 de dicha ley, dejando sin condiciones de salud, pensión y riesgos profesionales a cientos de miles de personas que, como hemos insistido en estos años, son los encargados de darle sentido histórico e identitario a esta nación imaginada que no ha terminado de entender, con la profundidad necesaria, que su mayor potencia es la vida: somos el segundo país más biocultural en diversidad del orbe.
Al derogar el artículo, ese 10 por ciento que le correspondía a la seguridad social de artistas, artesanos y gestores culturales quedó al garete. Catorce años después, en 2017, al reglamentar el artículo 2, numeral 4, de la Ley 666, para la creación de los BEPS (Beneficios Económicos Periódicos), mediante el decreto 2012 del 30 de noviembre de 2017, dichos recursos quedaron destinados a los trabajadores de las culturas, artesanos y artistas como un ahorro al cual podían aspirar, sin mayores garantías.
La sociedad colombiana se acostumbró entonces a ver a sus artistas, artesanos y trabajadores de las culturas como fracasados, en un mundo de color naranja donde solo triunfaban los emprendedores más fuertes. La justicia social, que podía comenzar su discusión en la reforma laboral que hundió el Congreso de la República hace unas semanas, sin siquiera pensar en las consecuencias sobre la música que bailan, los libros que poco leen, las obras que cuelgan en sus salones, la comida de que de vez en cuando reconocen, el poder de los chinchorros que penden en sus azoteas, la riqueza de quienes saben, imaginan, entienden y conocen su territorio o el saber que entrañan los festivales en los que también hacen sus campañas políticas, quedó, una vez más, sin la posibilidad de incluir a quienes tienen la verdadera llave para la pregunta que se hacen hoy cientos de millones de personas: ¿qué es lo que compartimos como humanos y por qué es importante querer, cuidar y tener afecto por ello? ¡Es la cultura, (sin el “estúpidos”)!
La Asamblea Nacional por la Reforma a las Leyes del Arte y la Cultura, con más de 10.000 miembros, organizada cuando se inició la campaña presidencial de 2022, tiene en su poder una propuesta fundamental para que quienes trabajamos desde y por las culturas, las artes y los saberes colombianos, apoyemos la consulta popular y una reforma que incluya la creación del Consejo Nacional de Seguridad Social Especial para los Actores Culturales Colombianos y el Fondo de Apoyo a la Seguridad Social Especial de los Actores Culturales Colombianos.
Con la creación de este Consejo, las más de 22.000 personas que contestaron en la base de datos Soy Cultura, del MiCASa, podrían aspirar, como otros cientos de miles, a tener una vejez digna, por su calamitosa situación. A la pregunta por su asignación y derechos salariales, 5.300 personas reciben menos de 500.000 pesos mensuales y 4.400 no recibe ingresos; un 48.5 por ciento no cuenta con ningún régimen pensional, un 42.2 por ciento está en el Sisbén y el 20 por ciento restante está en el régimen contributivo; el 71.33 por ciento es cotizante, y solo un 28 por ciento es beneficiario.
Cada tanto asistimos en Colombia al llamado de urgencia de una gran actriz que no tiene qué comer, un escritor retirado a sus cuarteles de invierno padeciendo una enfermedad o un artesano notable muriendo en la inopia por no contar con las condiciones mínimas para su vejez. Una sociedad se conoce por cómo trata a sus culturas y a sus saberes: celebramos los triunfos merecidos de nuestros artistas en el mundo (ya habrá tiempo para otra discusión al respecto), pero olvidamos la calamitosa situación social de miles.
Por ello, la propuesta, además de la derogación de los artículos que consigan el uso y la financiación de la anualidad vitalicia BEPS, al no representar el verdadero trabajo de los artistas, artesanos y trabajadores culturales, quiere volver al espíritu de decretos como el 2166, de 1985, en el cual se habla del Fondo de Seguridad Social del Artista Colombiano, y el 214, de 1988, que crea sus estatutos para que se determine quiénes pueden aspirar a la seguridad social cuando acrediten más de veinte años de trabajo certificado regional, nacional o internacionalmente por entidades públicas o privadas, para así poder aspirar a una pensión vitalicia a partir de los 65 años para los hombres y mujeres sobre un salario mínimo, al haber cotizado al menos 52 semanas de pensión, entre otras posibilidades consignadas en la propuesta.
La falta de reconocimiento es uno de los grandes temas de la sociedad colombiana. Los derechos de los artistas, cultores y sabedores deberían estar hoy en el corazón de la propuesta de la consulta popular con una simple pregunta a los colombianos: ¿Está usted de acuerdo con la seguridad social garantizada para los artistas, artesanos y trabajadores de la cultura colombianos?
Creo que pocos dirían que no.
Aunque ya hace veintidós años tuvimos una respuesta negativa.
Conviene no olvidar.
