El aumento del área sembrada de coca ha llegado aproximadamente a 250.000 hectáreas: Esto ocurrió después del Acuerdo de Paz y pudo haber sido inducido por la política de sustitución voluntaria de cultivos que contemplaba un pago en dinero y por no haberse previsto el desorden que crearía el retiro de las Farc del territorio. Sin embargo, al comienzo, el auge de producción trajo prosperidad a los municipios donde ocurrió. Se observó mayor bienestar económico e inversión de las familias productoras en capital humano con el regreso de niños y jóvenes a las escuelas (Lucas Marín Llanes y María Alejandra Vélez. Investigación en curso sobre la economía cocalera).
Pero en la actualidad se han deteriorado radicalmente el ingreso que reciben los productores y las condiciones del mercado que ya no es regulado por un agente hegemónico (las antiguas Farc) sino por grupos armados que compiten por el control territorial y no pueden garantizar estabilidad. Esto ha afectado severamente la seguridad alimentaria de las familias productoras (Ana María Rueda, investigadora de ideaspaz.org, en entrevista para CAMBIO). La situación reinante puede ofrecer oportunidades para sustituir o diversificar el cultivo, pero está causando estragos entre la población y la ha hecho más vulnerable a los grupos criminales.
La competencia entre ellos por el control territorial y el del negocio trae consigo un aumento de violencia. Llanes y Vélez no encontraron que el crecimiento del área cultivada hubiera inducido inicialmente la violencia, pero esta se ha intensificado y ha crecido el número de asesinatos de líderes sociales, reflejando posiblemente que las comunidades se oponen más abiertamente a los grupos armados.
La decisión del presidente de no penalizar el cultivo campesino de coca ni perseguir a los productores tiene motivaciones humanitarias válidas, pero también puede haber agudizado la precariedad en la que se encuentran las familias cocaleras. Es muy importante destacar que si la producción y el mercado de la coca no se regulan, seguirán desmejorando las condiciones de vida y el bienestar de las familias productoras, aumentando el reclutamiento de jóvenes por los grupos armados.
El Gobierno no puede regularizar el mercado y la producción de coca como lo hacían las Farc porque el tráfico de cocaína es ilegal, ni permitir que grupos armados lo hagan tomando control del territorio como parece haberlo pensado. Estamos entonces “atrapados sin salida”, con un problema que no permite soluciones que impliquen incumplimiento de las funciones constitucionales del ejecutivo y tampoco ignorar la situación de centenares de miles de familias que dependen del cultivo de coca. Urgentemente se requiere que el Gobierno imponga su autoridad en las regiones afectadas, reducir el área sembrada incentivando la diversificación en los predios hoy cocaleros, crear empleo para que los jóvenes tengan opciones, y aumentar la interdicción. Lo que se podría explorar sería dejar a los grupos armados sin oferta de trabajadores e insumos, creando polos de desarrollo dinámico en otras regiones con otros cultivos y ofrecerles tierra, crédito y asistencia técnica a las actuales familias cultivadoras que se acojan a un programa de emigración dirigida por un Estado con plena capacidad de proveer servicios básicos y seguridad en las zonas de destino.
Permitir que la situación continúe sin resolver es un obstáculo real para el desarrollo social y económico del país. Lo que está en juego es cómo organizar la autoridad del Estado y su capacidad coercitiva para asegurar el orden en el territorio y para que ejerza su poder de manera que la paz que se persigue conduzca a prosperidad con seguridad (leer Robert Bates, DILEMMA- Security, Prosperity & A Return to History, Princeton University Press, 2020, o Prosperity and Violence , Norton Series in World Polítics,2nd ed.).
