La mayoría de los exministros y exviceministros de Hacienda que estamos vivos hemos firmado una carta abierta advirtiéndole al pueblo y al Congreso, en especial, que el proyecto de acto legislativo 018 de 2024 en el Senado y el 437 de 2024 en la Cámara que intentan aumentar la participación de los gobiernos locales en los recursos de Sistema General de Participaciones (SPG) agravarían la situación fiscal, ya suficientemente precaria, y dependiente de creciente endeudamiento. La iniciativa traerá consecuencias nefastas para la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad financiera del Gobierno, toda vez que incrementalmente se iría perdiendo calificación y confianza en los mercados de crédito nacionales e internacionales.
Adicionalmente, los proyectos no respetan la secuencia lógica que deben tener estos cambios. Primero tendrían que definirse cuáles son las responsabilidades adicionales que asumirán los territorios, que dejarían de ser de la nación. De acuerdo con esto, se establecería cuál sería la participación de las administraciones locales en la distribución de los ingresos corrientes de la nación, y cuál el aporte que harán estas administraciones imponiendo nuevos y más efectivos tributos locales.
En referencia a este último punto, yo había escrito en X (antes Twitter) que “los … que predican la autonomía no lo van a hacer con esfuerzo en el territorio sino gastándose nuestros impuestos, como lo hacen… los gobernadores, [alcaldes] y contratistas amangualados”.
Si su intención hubiera sido responsable no habrían comenzado al revés, aumentando su tajada de los ingresos del Gobierno, sino haciéndola corresponder a las nuevas responsabilidades que asumen en favor de la población en sus territorios. Su comportamiento se asemeja a los “colados” de TransMilenio y otros servicios de transporte público. Ellos se transportan gratis y le causan un daño enorme al sistema.
Los promotores de los actos legislativos en referencia no solamente le hacen eso mismo al sistema financiero del Gobierno central sino que pretenden ir sentados, ojalá en primera, porque si no asumen nuevas responsabilidades dejan desfinanciados servicios básicos y provisión de necesidades prioritarias para financiar contratos mal estructurados y concedidos a fichas o patrocinadores políticos, aumentando la corrupción en el territorio.
Yo fui miembro del equipo que concibió y puso a marchar la descentralización en la Constitución de 1991, con Armando Montenegro y Juan Luis Londoño principalmente, con la idea de que iba a estimular a la sociedad civil a erigirse en guardián de los recursos públicos y para empoderarla en la organización de los partidos. El resultado fue lamentablemente distinto: se profundizó y aumentó el clientelismo y la corrupción, se debilitaron los partidos, y surgieron castas políticas que con dineros del Estado consolidaron un poder local que en algunas partes ha sido utilizado para favorecer a la población, pero en la mayoría de ellas el uso de los recursos ha sido extractivo.
Dicen a nivel local que la oposición a estos proyectos de acto legislativo es centralismo extremo y que los que nos oponemos a ellos actuamos como si en el centro del país no hubiera corrupción. Sin duda la hay, como también hay buenos gobiernos y trayectorias gubernamentales destacadas. Pero a nivel territorial ha predominado la corrupción y son escasos los buenos ejemplos. Hace 33 años nos la jugamos por la integridad de la sociedad civil en provincia. Hoy no creo que lo volvería a hacer con entusiasmo o convicción.
