El 14 de enero de 2010, la procuradora segunda delegada de la Sala Disciplinaria, Margarita Cabello Blanco, confirmó la absolución del coronel Jorge Alberto Amor Páez, comandante de la Brigada Móvil N.º 11 del Ejército Nacional.
Escuche la columna completa:
A Amor Páez se le acusaba de archivar y omitir la indagación sobre unos hechos ocurridos el 15 de julio de 2005: el teniente Manuel Quintero Flórez, comandante de la Compañía Dinamarca del Batallón de Contraguerrillas N.º 79 (adscrito a la Brigada Móvil N.º 11, agregado a la Brigada N.º 17 en Carepa, Antioquia) informó al mayor David Herley Guzmán Ramírez, comandante de dicha Unidad, de “tres bajas producidas en un enfrentamiento que su Compañía sostuvo con un grupo armado al margen de la Ley”.
Tres campesinos, dos de ellos menores de edad.
La Procuraduría General de la Nación estimó que la decisión de Amor debía ser revocada “más aún cuando sus familiares [los de las víctimas] habían denunciado, previo a la aparición de sus cadáveres, que aquellas habían sido retenidas”. Sin embargo, el 4 de marzo de 2009, la procuradora delegada para las Fuerzas Militares absolvió a Amor. Posteriormente, la entonces procuradora delegada y hoy procuradora general de la nación, Margarita Cabello Blanco, confirmó dicha indulgencia.
“¡Ay, amor! que despierta las piedras”.
Los muertos sin nombre del cementerio Las Mercedes de Dabeiba, los que nunca soportaron el peso de una lápida que honrara su paso por el mundo, tienen mucho para contarles a los equipos de investigación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sus historias sintetizan la abyección humana.
En Dabeiba confluyen tres macrocasos criminales: 03 (asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado en un contexto nacional), 04 (territorial de la región de Urabá), y 06 (exterminio de la Unión Patriótica).
El 11 de julio de 2022, la JEP imputó a diez integrantes del Ejército Nacional por crímenes de guerra y lesa humanidad por hechos relacionados con asesinatos y desapariciones forzadas perpetradas en Las Mercedes. Ocho de ellos aceptaron los cargos, y dos negaron su responsabilidad: Jorge Alberto Amor Páez y David Herley Guzmán Ramírez.
“Ay, amor, que derriba fronteras”.
Jorge Alberto Amor Páez fue el comandante de la Brigada Móvil N.º 11 entre junio de 2005 y diciembre de 2006.
Durante su comandancia, se gestó una competencia interna entre los batallones contraguerrilla. De acuerdo con las investigaciones de la JEP: “Las bajas se sumaban para salidas y para felicitaciones, por cada persona muerta se daban cinco días de permiso”. Hubo recomendaciones para suboficiales y soldados que viajaron de sus unidades directo al Sinaí, y a otros destinos como San Andrés, Santa Marta y Estados Unidos. Ganaban “premios” como el salvoconducto para el porte de armas. El “combo navideño” permitía acumular bajas para obtener permisos largos que se sumaban a los turnos de salida en las fiestas de fin de año.
Efraín Enrique Prada Correa, excomandante del Batallón de Contraguerrillas N.º 79, dijo ante la JEP: “Reconozco que influí en aquellos que no querían participar en esos hechos y aún más, motivé a los que lo hacían, recordándoles el plan de bienestar y permisos que estaba ordenado por el comandante de la Brigada, coronel Jorge Alberto Amor Páez, que consistía en permisos y felicitaciones para el personal que diera resultados operacionales, y en muchas ocasiones ser tenidos en cuenta para viajes al exterior […] me fue otorgado un viaje al exterior, dos días después de haber presentado un resultado extrajudicial”.
En septiembre de 2005 ―dos meses después de la desaparición y el asesinato de los tres campesinos―, Guzmán Ramírez viajó a África.
El Auto N.º 01 de 2022 de la JEP sostiene que Amor: “Mantuvo una presión constante sobre su batallón y sobre los suboficiales que él conocía como determinantes de los hechos criminales, con el fin de presentar resultados operacionales y mantenerse dentro de las brigadas móviles con mejores indicadores en el país; saltó la línea de mando cuando lo estimó necesario para garantizar la ejecución de los planes criminales; mantuvo activa la política de estímulos a los autores de los elementos materiales de los crímenes, gestionando para sus determinadores viajes nacionales e internacionales con el fin de mantener sólidas sus lealtades; mantuvo activa la política de amenazas para las tropas que no estaban produciendo los resultados estadísticos necesarios; y archivó todas investigaciones que se hallaban en curso a su llegada por hechos involucrando muertes de personas causadas por sus tropas y mantuvo bajos niveles de impulso a las investigaciones abiertas durante su comandancia”.
“Cuando llamas, estoy
A la hora que tú digas voy…”
La citada consulta de fallo del año 2010, cuya ponente fue Cabello Blanco, argumentó: “El problema jurídico central que debe dilucidarse es eminentemente fáctico y se contrae a establecer si el coronel Amor Páez tuvo conocimiento, al momento de evaluar la indagación preliminar 025-05, de que las personas fallecidas en el operativo militar habían sido retenidas con anterioridad a que aparecieran como bajas de las tropas a su mando […]”. Y concluyó: “El citado oficial, al momento de decretar el archivo de investigación que en su momento se le criticó, desconocía tales hechos”.
Cabello consideró que Amor “sólo tenía a su disposición la versión de sus subalternos, dirigió su indagación desde la perspectiva del examen de la regularidad u ortodoxia de los procedimientos militares desplegados […] de las actas de levantamiento de los cadáveres como de las necropsias, tampoco podía inferirse que dichas muertes hubieran sucedido de manera diferente a como indicaban los informes de los militares”.
Desechó lo que suele denominarse la “inactividad probatoria”. La ponencia de Cabello se guio bajo la lógica de la “buena fe” de un jefe (armado, que no es un asunto menor), a quien no hay por qué exigirle que conozca e indague sobre las acciones de sus subalternos.
Acusadas de ser milicias de las Farc, las víctimas de Dabeiba eran Diofanor Guisao, de 17 años; Isidoro de Jesús Cardona, de 21; y la niña María Zenaida Areiza, de 13. ¡Trece años!
Diofanor, Isidoro y María Zenaida no fueron “casos aislados”.
Este militar también aparece en el Informe N.º 01 de la Fiscalía General de la Nación, con un proceso judicial en etapa de juicio por la masacre de Alaska o masacre de Buga (Valle del Cauca, 10/10/2001) que dejó veinticuatro víctimas, incluidos niños, adolescentes y ancianos.
“El señor Amor Páez no figura en ningún informe ante la JEP y nunca ha sido requerido por la justicia ni en sede penal ni disciplinaria por los hechos determinados en esta providencia”, señala la justicia transicional.
Amor compareció en versión voluntaria ante la JEP el 5 de noviembre de 2020 y el 29 de enero de 2021.
“Si fuera posible amarrar,
Tenerte siempre cerca,
Poderte controlar,
Saber cada paso que das…”
De acuerdo con fuentes oficiales, Amor Páez y Guzmán Ramírez están en libertad.
En las elecciones territoriales del año 2019, Amor se inscribió al Concejo Municipal de Socorro, Santander, por el Partido ADA, después de haber renunciado al Centro Democrático. Un hombre libre, avalado por partidos políticos, que aspira a cargos por elección popular y cuyos certificados oficiales están en orden: un “ciudadano ejemplar”.
Mientras tanto, se refuerzan los esquemas de seguridad de los magistrados de la JEP amenazados, Alejandro Ramelli y Hugo Escobar (mag. aux.). En Dabeiba, las audiencias continúan. Y las investigaciones profundizan.
Esta semana, la procuradora Cabello le entregó un documento a la JEP que revela al menos 125 casos de militares que no habrían sido investigados por homicidios en persona protegida, por el archivo de expedientes y la falta de prácticas de pruebas en oficinas de control interno. (Es hora de hurgar en sus propios cajones).
“¡Ay, amor! que nos tienes en vela”.
¿Transformar el uniforme y el mandato constitucional en una fiesta? ¿Zarandear las instituciones del Estado para que se muevan a su ritmo?
Jorge Alberto Amor Páez y David Herley Guzmán Ramírez se enfrentan al proceso adversarial a través de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. Si son hallados culpables, les esperan hasta veinte años de cárcel.
Ya no podrán escoger pareja. Este baile apenas comienza.
