Hay hechos tan obvios, que abordarlos podría parecer una necedad. Pero referirse a ellos es necesario, precisamente, porque detrás de su obviedad esconden la vieja historia colombiana de normalizar fenómenos nocivos para el país, como la corrupción política. Y en esta realidad encaja el reciente y obligado retiro del Gobierno del ahora exministro de Hacienda Ricardo Bonilla.
La que tumbó a Bonilla no fue la ‘mermelada’ que presuntamente repartió entre varios congresistas para que votaran a favor de una adición al presupuesto nacional y de un crédito público. La que noqueó al exministro de Hacienda fue la decisión de varios exfuncionarios del Gobierno de hablar ante la Justicia.
De hecho, la ‘mermelada’ se ha convertido en parte del paisaje de la política colombiana y nadie la combate, excepto cuando hay una delación de los propios participantes en esa modalidad de corrupción tan extendida en Colombia desde hace décadas.
En este sentido, el problema para Bonilla no fue haber repartido ‘mermelada’ a varios congresistas, sino que su caso llegó a la Fiscalía porque, por distintas razones o circunstancias, varios exfuncionarios comprometidos en los hechos hablaron.
Los incentivos de dos de esos exfuncionarios que han entregado información, Olmedo López y Sneyder Pinilla -exdirectivos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)-, son bien conocidos: fueron descubiertos como partícipes de los actos de deshonestidad y le apostaron a obtener beneficios jurídicos denunciando a otros, como al propio exministro de Hacienda.
Las razones de su exasesora María Alejandra Benavides podrían ser también políticas, según el medio oficial RTVC, pues ella llegó al Ministerio en el gobierno de Iván Duque.
Pero al margen de los intereses de quienes decidieron hablar, la ‘mermelada’ – eufemismo muy colombiano para referirse a prácticas corruptas como entregar puestos a congresistas en el sector público, direccionar partidas presupuestales a obras en los que ellos tienen interés, e incluso adjudicarlas a contratistas que algunos parlamentarios quieren favorecer, a cambio de que ellos voten positivamente proyectos del Gobierno- es parte de la turbia relación que se ha establecido entre los congresistas colombianos y los distintos gobiernos.
De hecho, ha sido el mecanismo para construir o forzar coaliciones legislativas.
La ‘mermelada’, además, es parte de la perversa relación que se ha construido entre alcaldes de Bogotá y concejales de la ciudad, como lo pude constatar como concejala de la capital del país entre el 2020 y el 2023.
Por esa experiencia, que documenté en el libro Una periodista en las entrañas de la política, el cual escribí tras salir del Concejo de Bogotá, me atrevería a asegurar que la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y los tribunales en general, ya de por sí desbordados por los delitos de cada día, colapsarían si llegaran a hablar otros funcionarios, exfuncionarios o enlaces entre ministerios y congresistas, o entre secretarios de la Alcaldía y concejales.
La realidad es que la mayoría de ellos guardan silencio sobre las transacciones entre los gobiernos y los llamados a hacerles control político -congresistas, diputados, concejales. Algunos, por la necesidad de trabajo, otros, por conveniencias políticas, y también hay quienes lo hacen porque obtienen beneficios personales.
Es así como la mayoría de cohechos y contrataciones amañadas de obra pública, delitos por los cuales podría ser investigado y procesado el exministro Bonilla, se ahogan en el silencio cómplice de quienes hacen parte de la burocracia de cada Congreso, cada Concejo y cada Gobierno.
Claramente, el recién cesado ministro de Hacienda de Gustavo Petro es apenas el protagonista coyuntural de una de las reparticiones de ‘mermelada’ que excepcionalmente salen a la luz pública con evidencias y testimonios incriminatorios.
Algunos congresistas disfrazan con ropajes de legalidad y de gran gestión las turbias transacciones con los gobiernos, afirmando que tramitar recursos para las regiones donde tienen sus votantes es parte de la tarea de un congresista.
Eso puede ser cierto. Pero omiten que detrás de esas prácticas suele haber actos ilícitos, como la contratación de obra pública con amigos que apoyan sus campañas políticas, por cuyos favores incluso a veces reciben comisiones en efectivo.
El mismo presidente Gustavo Petro reconoció en la red social X, en un intento por defender a Bonilla, que lo que ha ocurrido con el exministro es consecuencia del sistema político del país.
Aunque eso no los exime ni a él ni a sus funcionarios, mucho más teniendo en cuenta que prometieron ser distintos, Petro describió en X el nefasto mecanismo que determina la relación entre muchos congresistas y los gobiernos: “los llamados cupos indicativos, que yo mismo denuncié en el Congreso, en aquel entonces eran hechos por centenares, en donde los congresistas (eran) identificados por códigos secretos en el Minhacienda, y en donde se entregaban centenares de miles de millones de pesos, girados a alcaldes amigos de los congresistas, para que estos eligieran los contratistas que iban a darles dinero en efectivo para comprar los votos de sus electores, no es un invento de hoy, y no solo es un delito, sino que es el mismísimo sistema político de Colombia”.
El ministro Bonilla salió de su cargo, como debía ser. Pero queda un gran sinsabor frente a otros gobiernos, otros ministros, otros alcaldes, y otros congresistas y concejales que dan y reciben ‘mermelada’ como parte de los usos y costumbres de la vida pública colombiana.
Todos ellos reflejan el fracaso de la política como escenario natural de la negociación para obtener lo mejor para los ciudadanos. Lo que se ha impuesto para sacar adelante los proyectos de los gobiernos en el Congreso son las transacciones ilegales que terminan en beneficios particulares. Lo del trabajo por el ciudadano es puro cuento.
