Iván Serrano
22 Enero 2025 03:01 am

Iván Serrano

Catatumbo: una región atrapada entre el olvido y la violencia

Entre aquí para recibir nuestras últimas noticias en su WhatsAppEntre aquí para recibir nuestras últimas noticias en su WhatsApp

Al caer la tarde del 22 de abril de 2019, Dimar Torres, firmante del proceso de paz con las Farc, fue interceptado por hombres del Ejército cerca de la base militar Sinaí, en la vereda Campo Alegre del municipio de Convención, en el Catatumbo.

Los disparos alertaron a la comunidad, que, en un grupo nutrido, se dirigió al lugar de las detonaciones. Al llegar, encontraron a unos soldados visiblemente nerviosos. Estaban a punto de sepultar a Torres junto a su motocicleta en una fosa ya preparada.

El asesinato de Dimar Torres generó un profundo impacto en el país. Evidenció las debilidades del proceso de paz y alertó sobre los peligros que enfrentaban los firmantes del acuerdo.

A raíz de este crimen, la Comisión de Paz del Senado visitó la zona, escuchó a los habitantes y elaboró un informe que concluyó que se trató de una ejecución extrajudicial con intento de desaparición, perpetrada por un miembro del Ejército en una acción ilegal y fuera de misión.

Por este caso, el coronel retirado Jorge Armando Pérez Amézquita y tres soldados profesionales del Ejército Nacional fueron hallados culpables. Pérez Amézquita recibió una sentencia de 40 años de prisión por homicidio agravado en persona protegida. Por su parte, Yorman Alexander Buriticá Duarte, Cristian David Casilimas Pulido y William Andrés Alarcón Castrillón fueron condenados por encubrimiento. Además, el cabo Daniel Eduardo Gómez aceptó su responsabilidad en el crimen, colaborando con la investigación, lo que derivó en una condena de 20 años de prisión.

El día de la visita de la Comisión de Paz al Catatumbo, tuve la oportunidad de hablar con el entonces representante a la Cámara Juan Carlos Losada. Impactado, me relató una de las historias que había escuchado de los habitantes de la vereda El Carrizal: dos niñas, hermanas, habían resultado heridas por una bala que atravesó a una de ellas e impactó a la otra mientras jugaban frente a su humilde vivienda campesina.

Era el gobierno de Iván Duque, y la negligencia en la implementación de los acuerdos de paz, sumada a la violencia contra los firmantes, comenzaba a mostrar sus dientes.

Esta situación, aguda en el Catatumbo, Buenaventura y Putumayo, motivó la visita de un grupo de investigadores de Amnistía Internacional. La organización consideró que Noticias Uno, medio en el que yo trabajaba entonces, era el más idóneo para acompañar la visita y constatar, de forma independiente, la realidad de esos territorios. Ignacio Gómez, subdirector del noticiero, decidió que yo debía asumir el cubrimiento.

En junio de 2019, dos meses después del asesinato de Dimar Torres, llegamos al corazón del Catatumbo. Fue mi deber contactar a algún familiar de Dimar. Junto al camarógrafo César Carrión, localizamos a su hermana en una humilde tienda. Ella relató que Dimar murió sin saber que su esposa estaba embarazada. Durante la conversación, mencioné el caso de las niñas que me había narrado el congresista Losada.

La hermana de Dimar confirmó la historia y nos indicó cómo llegar a la vivienda de las pequeñas. Aunque el recorrido implicaba regresar de noche a Sardinata, decidimos buscar el testimonio.

Las niñas, de 9 y 3 años, resultaron heridas mientras jugaban frente a su casa, en medio de combates entre el Ejército y grupos irregulares. Una bala atravesó el abdomen de la menor y luego impactó la pierna de su hermana. Nadie advirtió la herida de la niña menor hasta que manifestó dolor en su abdomen horas después.

Con dificultad, la familia llevó a ambas niñas a un centro de salud, esquivando los enfrentamientos. Milagrosamente, las dos sobrevivieron. El proyectil extraído fue entregado al defensor del Pueblo, pero nunca llegó a las autoridades para su investigación.

Esa noche, al regresar a Sardinata, pasamos por el retén militar donde se encontraban los soldados implicados en el asesinato de Dimar. Nos detuvieron y revisaron nuestras identificaciones. Después de varios minutos, nos dejaron seguir, pero con una advertencia: “Bajo su responsabilidad”.

Apenas unos metros más adelante, nos cruzamos con una caravana de unos 20 camiones cargados con toneles metálicos. El conductor nos explicó que transportaban crudo robado del oleoducto Caño Limón-Coveñas, usado para procesar cocaína en la región. Lo inquietante era que todos esos camiones debieron haber pasado por el mismo retén militar.

El Catatumbo es una región de más de 9.700 kilómetros cuadrados atrapada en el olvido. Hoy, con más de 22.000 desplazados y un centenar de muertes por combates recientes entre el Eln y disidencias de las Farc, el país se sorprende por una violencia que no es nueva: es resultado del abandono estatal.

Los habitantes del Catatumbo merecen una vida digna, tranquila y próspera, como todos los colombianos. Las promesas vacías de campañas electorales no aliviarán décadas de desolación. La demagogia es fácil para quienes viven de ella, pero profundamente dolorosa para sus víctimas.
 

Conozca más de Cambio aquíConozca más de Cambio aquí

Más Columnas