Cinco mil empleos del sector BPO ya se fueron del país. La reforma laboral, pensada para proteger, podría estar provocando exactamente lo contrario: pérdida de competitividad y destrucción de empleo formal.
Hace pocos días, un alto ejecutivo de una multinacional del sector BPO me confirmó algo que me dejó inquieto: su empresa —una de las más grandes del mundo en servicios BPO, que consisten en externalizar funciones operativas como atención al cliente, soporte técnico, ventas o cobranzas— ya comenzó el traslado de 5.000 plazas de trabajo desde Colombia hacia Perú. ¿La razón? La inminente aprobación de la reforma laboral que cursa en el Congreso. “La reforma no ha sido aprobada aún, pero el mensaje del Gobierno ha sido claro: Colombia dejará de ser competitiva para operar en nuestro sector”, me dijo con una mezcla de resignación y decepción. Y cerró con una frase contundente: “Si no hay corrección, vendrán más recortes”.
El sector de BPO, lo que antes llamábamos “call centers”, ha sido uno de los motores más dinámicos de generación de empleo formal en el país. Con más de 750.000 personas empleadas, muchas de ellas bilingües o trilingües, en áreas como soporte técnico, ventas, cobranzas y atención especializada, se ha convertido en una plataforma que combina talento humano y tecnología con alta eficiencia. Este sector no solo emplea a jóvenes en grandes ciudades, sino también en intermedias como Pereira, Manizales, Bucaramanga y Montería. Es un puente hacia la formalidad, la capacitación y sobre todo la movilidad social. Y está hoy en riesgo.
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“Si no hay corrección, vendrán más recortes”.
El cambio en la jornada nocturna propuesto en la reforma —que pasa a iniciarse desde las 7:00 p. m. en lugar de las 9:00 p. m.— es apenas uno de los elementos que ha encendido las alarmas. Aunque suene bien como una reivindicación para los trabajadores, no considera las particularidades de sectores que prestan servicios a mercados como el europeo, donde el día comienza cuando en Colombia cae la noche. Como me explicaba el ejecutivo, ese cambio en los horarios implica aumentos inmediatos en los costos laborales, que los clientes extranjeros simplemente no están dispuestos a asumir. La consecuencia: deslocalización de empleos a países con legislaciones más competitivas.
La Asociación Colombiana de BPO (BPrO) lo ha dicho con claridad en un reciente comunicado: esta reforma impone rigideces y sobrecostos que comprometen seriamente la sostenibilidad de la industria. La eliminación de contratos por obra o término fijo, la reducción a 42 horas semanales, el encarecimiento del contrato de aprendizaje, y el aumento de los recargos nocturnos, son medidas que, en su conjunto, restarán flexibilidad y competitividad.
Lo más preocupante, sin embargo, no es el impacto inmediato en una empresa o en un sector, sino el signo que se le está enviando al mercado laboral: que la ideología pesa más que la evidencia. Que las reformas sociales pueden impulsarse sin diálogo o entendimiento de la realidad de los sectores que generan empleo. Que legislar desde el fundamentalismo puede servir para cosechar votos, pero no para sembrar futuro. En el caso de los BPO, ya se están pagando las consecuencias. Y no son teóricas.
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“Una reforma laboral no puede ser perfecta. Pero sí puede —y debe— ser equilibrada”.
¿Significa esto que no se necesitaba una reforma laboral? En absoluto. Colombia debe modernizar su legislación laboral, avanzar en la protección de derechos, garantizar estabilidad y sobre todo reducir la informalidad. Pero hacerlo desconociendo las realidades del siglo XXI —la globalización de los servicios, la necesidad de flexibilidad y el trabajo por demanda entre otros— es, sencillamente, legislar con una mirada anacrónica. Pensar el empleo del futuro con las recetas del pasado es una forma muy efectiva de destruir oportunidades en el presente.
Una reforma laboral no puede ser perfecta. Pero sí puede —y debe— ser equilibrada. Y ese equilibrio se pierde cuando la discusión se contamina de dogmas ideológicos, cuando se cierra el oído a las advertencias de quienes generan empleo formal, cuando se legisla más para aplacar las redes sociales que para construir un país más competitivo e inclusivo.
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“Pero tarde o temprano, la factura llega. Y cuando llegue, ojalá tengamos la valentía de corregir”.
Hoy, 5.000 plazas de empleo ya se han ido. No son una amenaza, son un hecho. Supongo que vendrán más consecuencias, y no serán alentadoras. Serán recortes de empleos formales. El Gobierno de Gustavo Petro y su partido siguen avanzando con una visión obtusa, convencidos de que los mercados laborales se adaptan por decreto. Pero tarde o temprano, la factura llega. Y cuando llegue, ojalá tengamos la valentía de corregir. Porque solo reconociendo los errores podremos proteger lo más valioso que tiene el país: su gente con ganas de trabajar y progresar.
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