Arauca, según informe de la Defensoría del Pueblo, es una de las once regiones de Colombia más azotadas por la violencia. Más allá de las frías cifras, tuve la oportunidad de escucharlo de viva voz de muchas personas con las que dialogué en un viaje de varios días por ese departamento hace un par de años, como integrante de una delegación del movimiento ciudadano Defendamos La Paz -del cual hago parte desde su fundación desde 2019. Lamentablemente, la situación actual es igual o peor.
Esta semana hablé con una de las personas (cuyo nombre me reservo para su protección) a las que conocí en ese viaje, que me describió lo que ha venido sucediendo, así:
"Desde enero de 2022, las carreteras del departamento se han convertido en un desfile de la muerte en las que muchas familias han tenido que recoger a sus seres queridos acribillados por crueles verdugos que han asesinado a más de 600 campesinos y líderes sociales, en un territorio con fuerte presencia del ELN y las disidencias de las Farc. Muchas otras personas han sido víctimas del desplazamiento forzado, del despojo de sus tierras, de amenazas constantes y del confinamiento.
Hoy, el clamor de los araucanos es que termine este cruel desangre desatado por ambas guerrillas, para que la gente pueda regresar y deba ser reparada como corresponde, con el compromiso de saber la verdad y que no haya repetición. No aceptamos más lágrimas ni silencios ni olvidos; a pesar de tanto dolor, siguen vivas las semillas de la esperanza --somos un pueblo resiliente y no nos dejaremos derrotar por la violencia. Pero pedimos al resto de Colombia que se solidarice con nuestra tragedia y nos ayude a superarla".
El nuevo ministro de Defensa, Pedro Sánchez, tiene en sus manos la mayor responsabilidad de Colombia: proteger de los grupos armados y de los criminales de la droga, la minería ilegal y la deforestación, a los millones de ciudadanos que hoy temen -como nunca antes- por sus vidas y las de sus seres queridos. La estrategia y la inteligencia que se venían aplicando, fracasaron - los datos así lo confirman. En estos dos frentes el país exige un replanteamiento integral.
Pero el asunto es tan complejo y tan grave, que con la sola fuerza legítima del Estado no basta. Hay que llevar a esas comunidades que más sufren alternativas económicas, justicia, infraestructura vial, acueductos, escuelas y hospitales. Esto, junto con el manejo de la macroeconomía (cada día más preocupante), deben ser los temas prioritarios de discusión en la campaña presidencial y de ejecución en el gobierno 26-30.
