Claro es una empresa muy importante y poderosa a la que los medios poco han esculcado para la trascendencia que tiene. Es el brazo en Colombia del trasatlántico América Movil de Carlos Slim, que tiene más de 305 millones de usuarios en América Latina. Eso quiere decir que uno de cada dos habitantes de la región es su cliente.
En Colombia Claro tiene más de 36 millones de líneas, generó 15 billones en ingresos el año pasado, representa el 60 por ciento de los ingresos del sector y se ganó la Región A del contrato de Centros Digitales, el más grande de la historia del Min TIC. Claro es el patrón de la telefonía celular en Colombia.
Esos números, por supuesto, en sí mismos no representan algo irregular, pero sí son un mapa del sector que nos muestra el grado de concentración y poder que tiene Claro sobre el usuario y su competencia. El antídoto más importante que tiene el Estado para proteger al consumidor y señalar unas fronteras razonables es la declaratoria de dominancia, procedimiento que está en manos de la CRC (Comisión de Regulación de Comunicaciones).
Eso pasó con Claro en 2010 en el mercado móvil de voz. La CRC lo declaró dominante y ese expediente generó una serie de medidas para que las condiciones en la subasta 4G fueran distintas a las de la competencia y nuevos jugadores. Eso que ocurrió es el mejor antecedente para lo que significa y pasará en 2023, quizá el año más importante del sector en décadas.
En 2017 se abrió un expediente en la CRC para declarar la dominancia de Claro por el mercado móvil de datos. Pero toda la artillería jurídica de la empresa y las presiones políticas debidas lograron congelar el proceso cuatro años. La CRC sesionaba ignorando un enorme elefante a su lado, hasta que Sergio Martínez, comisionado de la CRC designado por Iván Duque en 2019, llevó a la comisión una notable investigación para declarar la dominancia.
En septiembre de 2021 la CRC votó y declaró dominante a Claro y dejó un plazo de dos años para que se creara un marco regulatorio. El espíritu es “atarle los pies” a un monstruo que es amo y señor del sector, por eso la declaratoria sin regulación es humo.
Han pasado 20 meses y la CRC no ha hecho nada al respecto. Ni siquiera lo consignó en su calendario regulatorio 2023. Es como si el tema no existiera y en palacio no se enteran ni les importa, pues desde la salida de Sergio Martínez, la CRC ha sesionando con cuatro personas (tres comisionados y el ministro TIC) durante diez meses. El cuarto comisionado, que debe ser designado por el presidente, está desierto y al consultar sobre el tema no me ofrecen ninguna respuesta razonable.
Es capital que la CRC diseñe el marco regulatorio pronto porque este año tendremos la subasta 5G, se renovará el 70 por ciento del espectro de telefonía del país y el Gobierno impulsará contratos y proyectos para que Colombia aumente su pobre conectividad del 60 por ciento, que representa un enorme rezago al lado de sus pares de la Ocde.
Subastar, asignar y dirigir docenas de billones en el sector antes de “marcarle la cancha” a Claro sería absurdo. La dominancia tiene sentido para estos momentos tan trascendentes y cuando la plata grande está en juego, pero la CRC y el presidente por ahora tienen otros planes.
Cierro preguntándole a la CRC y al presidente: ¿qué esperan? ¿No tienen ningún plan de redactar las condiciones de dominancia? ¿Por qué en diez meses no han designado a su comisionado para la CRC?
