Compulsa de copias en la Comisión de Disciplina Judicial: investigarán a magistrado por posible obstrucción y fraude

El pasado 4 de septiembre, el magistrado Alfonso Cajiao, presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ), compulsó copias a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, para que abriera una investigación en contra de otro togado de la corporación.

Se trata del magistrado Jorge Eliécer Gaitán Peña, y los posibles ilícitos no son menores. La Fiscalía deberá determinar si hay méritos para iniciar un proceso en su contra por los presuntos delitos de fraude a resolución judicial y fraude procesal.

Gaitán Peña es magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, y el caso que ha llevado a que su superior jerárquico lo denuncie está relacionado con su aparente negativa a asumir una denuncia en contra de Darío Laguado, liquidador en la Superintendencia de Sociedades. Laguado ha tenido a su cargo, entre otros grandes procesos, la liquidación de todas las sociedades de Odebrecht en Colombia.

La queja presentada contra Darío Laguado Monsalve fue inicialmente radicada ante la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Superintendencia de Sociedades y, de ahí, trasladada a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá. La denuncia se centra en la presunta designación irregular de Laguado como auxiliar de la justicia en varios procesos de insolvencia, en los cuales habría excedido el límite permitido de tres procesos simultáneos. La queja también implica a los miembros del Comité de Selección de Especialistas de la Supersociedades, quienes presuntamente habrían designado a Laguado de manera irregular en procesos relevantes como los de Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., Navelena S.A.S. y Mercadería S.A.S. Dicho Comité de Selección está presidido por el superintendente de Sociedades.

Esa queja llegó al despacho de Gaitán; sin embargo, el togado devolvió el caso a la Procuraduría en mayo, alegando conflictos de competencia. No obstante, un mes antes, exactamente el 24 de abril, la CNDJ había definido que era ese alto tribunal el llamado a conocer de los procesos disciplinarios en contra de auxiliares de la justicia. Por eso, el magistrado Cajiao compulsó copias en lo disciplinario y penal en contra de Gaitán.
La Procuraduría ha señalado que insistir en devolver este tipo de casos termina retrasando los procesos y afectando el principio de celeridad.

Pero atención: esta no es la única queja sobre nombramientos irregulares de auxiliares de justicia en la Supersociedades que ha pasado de un despacho judicial a otro en los últimos años. Los nombramientos irregulares se habrían dado en al menos 350 procesos de reorganización y liquidación de sociedades. Existe, además, una queja colectiva contra otros 44 auxiliares de justicia, presentada ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá el 15 de diciembre del año pasado. Sin embargo, desde su presentación, no ha tenido ningún avance.

La labor de los liquidadores de la Superintendencia de Sociedades es crucial para asegurar una correcta y transparente disolución de empresas en dificultades financieras, priorizando los derechos de los acreedores, empleados y otros actores afectados. Por eso, es fundamental que la selección de dichos liquidadores se lleve a cabo de manera transparente y respetando la ley.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ) es el organismo encargado de vigilar la conducta de jueces y abogados en Colombia. Fue creada para ofrecer una supervisión independiente y así fortalecer la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial. Que jueces y abogados hagan bien su trabajo es fundamental, ya que no solo impacta en los casos individuales, sino que garantiza el derecho de todos los colombianos a una justicia imparcial y transparente. Cuando la justicia opera de forma justa y efectiva, se respetan derechos fundamentales, se combate la impunidad y se protege la democracia.
Por eso, la solicitud del magistrado Cajiao de investigar a otro togado de la misma corporación que él preside, parece enviar un claro mensaje: ningún magistrado puede estar por encima de la ley.