Recientemente, el presidente Gustavo Petro anunció su intención de recurrir a una consulta popular para aprobar la reforma laboral y de salud, después de que el Congreso las rechazara. También anunció que la fecha de las marchas convocadas para promover las reformas sociales de su gobierno sería día cívico. Petro presenta estas decisiones como actos democráticos que responden a la resistencia de élites políticas que quieren bloquear el mandato popular que demanda cambios en el país.
Sin embargo, no son decisiones democráticas. Más bien, sus acciones revelan un peligro inherente al presidencialismo: la tendencia de los mandatarios a ignorar o evadir las instituciones cuando no logran avanzar sus propuestas.
Para ser claros, la consulta popular que plantea el presidente es legalmente válida. La consulta popular en Colombia permite que cuestiones sobre las cuales haya enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo sean dirimidas por el pueblo. Pero la consulta popular promovida por el presidente Petro no tiene ese objetivo. En realidad, busca iniciar anticipadamente la campaña electoral de 2026, movilizando al Gobierno y sus aliados por todo el país bajo la narrativa de lucha de clases y enfrentamiento contra supuestas élites.
No es cierto que exista un bloqueo institucional. El Congreso ha aprobado reformas importantes al presidente Petro, como la tributaria, la pensional y la reforma al sistema de transferencias, para mencionar algunas. Además, los tiempos establecidos para la consulta popular demuestran la poca sinceridad de la intención del Gobierno: incluso si la consulta es aprobada, la expedición de las reformas podría postergarse hasta el siguiente período legislativo, cuando ya habrá nuevos Congreso y presidente electos.
Las decisiones de Petro responden a una lógica propia de lo que el politólogo Guillermo O’Donnell describe como "democracia delegativa", en la cual los líderes elegidos se consideran los únicos representantes legítimos del pueblo, sin reconocer las restricciones institucionales que implican los pesos y contrapesos. Esto debilita la rendición de cuentas horizontal, menoscaba el poder del Congreso y margina a la oposición.
El presidencialismo se caracteriza por lo que Juan Linz denominó "doble legitimidad": el presidente y el Congreso reciben mandatos separados del electorado, lo que con frecuencia genera enfrentamientos cuando ambos reclaman legitimidad democrática. En Colombia, Petro ha aprovechado su mandato populista para desafiar abiertamente al Congreso tras su negativa a aprobar las reformas. En estas condiciones, los presidentes suelen percibir el ejercicio legítimo de oposición política del congreso como un obstáculo y recurren a vías alternativas, frecuentemente populistas, como los referendos y las protestas, para conseguir sus objetivos.
La rigidez impuesta por los períodos presidenciales fijos profundiza este problema. Según la politóloga Gretchen Helmke, los presidentes con fuerte oposición legislativa pueden quedar aislados, volviéndose políticamente ineficaces y recurriendo a soluciones que, lejos de resolver las crisis, las agravan. Las experiencias latinoamericanas como las de Alberto Fujimori en Perú o Hugo Chávez en Venezuela (¿y ahora Petro en Colombia?) demuestran claramente cómo estos atajos para esquivar restricciones legislativas raramente terminan bien. Al contrario, suelen derivar en una mayor inestabilidad política, colapso institucional y sucesivas reversiones de políticas.
Además, el presidencialismo tiende a profundizar la división política debido a su lógica electoral de todo o nada, como han señalado los politólogos Scott Mainwaring y Matthew Shugart. Las elecciones presidenciales generan un escenario altamente polarizado en el que el ganador adquiere un poder desproporcionado, lo que dificulta el compromiso político. La consulta popular planteada por Petro y las marchas convocadas para promover sus reformas podrían exacerbar aún más la división existente en Colombia. Cuando los presidentes como Petro interpretan una victoria electoral como un mandato incondicional para impulsar sus reformas, el diálogo y la negociación política —fundamentales para la democracia—ceden lugar a la confrontación y la inflexibilidad.
La estrategia populista de Petro, apelando directamente "al pueblo" contra una supuesta élite que obstruye cambios necesarios, alimenta un círculo vicioso que O'Donnell describió con claridad: el amplio apoyo inicial puede permitir cambios, pero sin consenso institucional: estos cambios carecen de sostenibilidad. Con el tiempo, la inestabilidad generada por esta estrategia puede erosionar la confianza pública en las instituciones democráticas y alimentar el desencanto ciudadano con la democracia misma.
Si bien las frustraciones del presidente Petro ante la imposibilidad de sacar sus reformas adelante son entendibles, la decisión de recurrir a una consulta popular o convocar marchas para promoverlas establece un precedente preocupante. Aunque legalmente válidas, la consulta popular y las marchas convocadas por el presidente refuerzan tendencias propias del presidencialismo que erosionan las instituciones, incrementan la polarización y amenazan la estabilidad democrática. La democracia colombiana se fortalece mediante instituciones sólidas, el respeto a los límites constitucionales y la negociación política sostenida, no a través de atajos populistas que, si bien parecen democráticos, terminan siendo profundamente nocivos para el sistema.
