El presidente Gustavo Petro ha dado suficientes muestras de su indiferencia hacia la independencia de los poderes públicos. En varias ocasiones ha señalado que el peor enemigo del cambio es una legalidad que solo sirve a la preservación del statu quo. No extraña esa actitud. Toda su carrera como guerrillero y como político la construyó sobre la premisa leninista de que la “institucionalidad burguesa” hay que aprovecharla para avanzar la revolución para luego arrollarla cuando se logre la toma del poder.
Y sí que le ha servido esa “institucionalidad burguesa” para sobrevivir y avanzar en política. Fue esa legalidad que le dio amnistía por sus actividades insurgentes y subversivas. Su complicidad con actos terroristas recibió el perdón de la sociedad a cambio de su reincorporación a la vida civil. Sin duda es mucho lo que Gustavo Petro, la Colombia Humana y el Pacto Histórico le deben a la institucionalidad judicial de nuestro país.
Sus derechos a participar en política y los intentos del uribismo por amedrentar, anular e incluso encarcelar a los dirigentes de esa corriente han sido neutralizados precisamente por los jueces y las cortes. Es de público conocimiento que Iván Cepeda, gran senador y líder del Pacto Histórico, ha sido reconocido como víctima de las maniobras legales a cargo de la extrema derecha.
Cuando el procurador Alejandro Ordóñez quiso dejar sin derechos políticos in aeternum a Gustavo Petro, fue “la legalidad” la que lo salvó de semejante acto persecutorio. La incorporación del régimen interamericano de derechos humanos a nuestro ordenamiento jurídico evitó esa arbitrariedad. Y lo que impidió la entronización en el poder del uribismo con la segunda reelección no fue la calle o las protestas o el activismo, fue la Corte Constitucional.
Hay muchos más ejemplos, pero este recorrido es suficiente para demostrar que el gran dique que ha evitado las arbitrariedades y ha contenido las agresiones desde los más altos niveles del Estado contra la oposición es precisamente la justicia. Esa lección le ha servido mucho al petrismo y al propio presidente de la república. Han aprendido en carne propia que la justicia y la legalidad son la única forma en que se puede frenar el poder absoluto y las tentaciones de anular a quienes disienten.
Uno pensaría que el jefe del Estado, debiéndole tanto a la justicia, sería su más convencido y vigoroso defensor. Paradójicamente, es precisamente lo contrario. El único poder al que Petro le teme es al de la justicia porque conoce de primera mano su capacidad de neutralizar el populismo y el autoritarismo, incluso con mandatarios tan poderosos como Álvaro Uribe. Petro entiende que en la división de poderes no todos los poderes son iguales y que entre más débil la justicia, más autónomo el ejecutivo.
La justicia es el poder último, el árbitro supremo, al que los otros dos poderes finalmente tienen que rendirle cuentas. Es por eso por lo que Petro ha montado una campaña para eliminar en la práctica esa subordinación constitucional.
La cadena de acciones de este gobierno que desafían la supremacía del poder judicial arranca con los gestos. Muchos dirán que es una formalidad banal, pero dejar a las Altas Cortes esperando por horas cuando era el anfitrión de la posesión de varios magistrados y tenía una cena organizada en su honor, es un acto despectivo lleno de señales difíciles de desconocer.
Posteriormente vino el trámite, la aprobación y la expedición de la ley de la paz total que tiene severos impactos sobre la justicia penal y la política criminal del país. Esta legislación no fue consultada con las autoridades judiciales relevantes y no fue llevada a la instancia de coordinación entre el ejecutivo y la justicia penal que es el Consejo Superior de Política Criminal. Basado en esta ley, a todas luces inconstitucional, el presidente Petro ha sustraído abiertamente la autoridad que corresponde a la justicia para dispensar impunidad a personas en investigación o condenadas por hechos criminales durante las protestas.
En abierto desafío a sus obligaciones constitucionales, el primer mandatario ordenó a la Policía Nacional no hacer operativos contra grandes capos del narcotráfico y contra grupos que son considerados organizaciones criminales de alta peligrosidad, involucradas en narcotráfico y múltiples homicidios. Solicitó la suspensión de las órdenes de captura incluso a favor de criminales que están pedidos en extradición.
La justicia ha reaccionado respetuosamente y con ánimo de colaboración, pero con firmeza. La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial se pronunció, el 23 de enero, exigiendo respeto a la autonomía e independencia de las cortes y la rama judicial. “La independencia judicial, en particular, es esencial para que los jueces y fiscales ejerzan a cabalidad las funciones públicas de administrar justicia…”.
El fiscal se negó a suspender las órdenes de captura y esto ha desatado un supuesto “choque de trenes” que se va a dirimir aparentemente esta semana. Mucho me temo que el presidente usará esta ocasión para tomar el curso de caracterizar a la justicia como enemiga de la paz total. También así se prepara para los fallos adversos inevitables que surgirán ante los excesos de las leyes aprobadas y las decisiones que ha tomado. No nos sorprendamos de que “la calle” sea invocada y convocada para ejercer un matoneo político contra la justicia cuando los fiscales, los jueces y las cortes se nieguen a acompañar al gobierno en su propósito de adquirir poderes absolutos. Cría cuervos y te sacarán los ojos.
Twitter: @gabrielsilvaluj
