En todos los asuntos de política económica el ministro José Antonio Ocampo ha acostumbrado a ser claro y contundente. Ha tirado línea dentro del Gobierno. Esto le ha valido el título de adulto mayor, y le ha permitido desmontar a tiempo muchas fantasías fiscales de sus colegas. Sin embargo, sobre el delicado tema del costo fiscal de la reforma a la salud se ha mostrado vago y escurridizo.
Recordemos algunos episodios de este tortuoso itinerario:
Primero, en compañía de sus colegas de Agricultura, de Planeación y del descabezado ministro de Educación, produjo un documento, según el cual, la reforma de la salud –durante lo que queda de la administración Petro– costaba 90 billones de pesos. Este documento parece que generó la ira presidencial, la caída de uno de los firmantes, y el ministro Ocampo debió salir presuroso a revisar el cálculo inicial aduciendo que se trataba apenas de un estimativo provisional.
Como consecuencia de esta revisión que tuvo lugar en pocas horas, el ministro de Hacienda (mediante comunicado oficial de su despacho) declaró que la reforma a la salud ya no tenía un costo de 90 billones de pesos para el periodo 2023-2026, sino apenas de 30 billones. La tranquilidad retornó a los círculos palaciegos y el agua que estaba encrespada volvió a su cauce habitual.
Pero allí no pararon las cosas. La semana pasada el Ministerio de Salud, en rueda de prensa convocada sin asistencia del Ministerio de Hacienda, y por boca del director del Adres, comunicó jubiloso que el costo fiscal neto de la iniciativa era de solo 3 billones de pesos para lo que queda del Gobierno de Petro, puesto que los gastos que no estaban cubiertos con ingresos asegurados –dijo– eran prácticamente insignificantes en el tramo final de la administración Petro. Esta afirmación no ha sido controvertida por el Ministerio de Hacienda hasta ahora. Claro que a renglón seguido el director del Adres agregó que el costo total de la reforma proyectada para un periodo de diez años era de 118 billones de pesos.
El domingo pasado, por último, en entrevista concedida al periódico El Tiempo, el ministro de Hacienda dijo que no se pronunciaba sobre el tema puesto que había varios proyectos a consideración del Congreso, diferentes al gubernamental, y que por lo tanto hasta que no se conociera el texto final que va a quedar no opinaba sobre el costo fiscal de la iniciativa bandera de este Gobierno.
En síntesis: de 90 billones pasamos a 30 billones de pesos, de esta cifra a 3 (según estimativo del director del Adres), y finalmente llegamos a la indefinición hasta tanto se conozca el texto unificado de las diversas propuestas que están sobre la mesa.
Recordemos que el ministro Ocampo ha dicho en repetidas ocasiones que el límite de esta iniciativa –lo mismo que el de las otras reformas– lo trazan las disponibilidades de la regla fiscal. ¿Cuáles son esos límites? Seguimos en las tinieblas.
Es grave lo que está sucediendo. Parecería que a diferencia de lo que ha acontecido con otros asuntos, el delicado tema del costo fiscal de la reforma a la salud se está manejando por el Ministerio de Hacienda con un espíritu contemporizador, huidizo y tremendamente cambiante. Da la impresión de que quisiera pasar en puntillas sobre tan espinoso asunto.
El Gobierno ha amenazado que retirará el proyecto sino se satisfacen las líneas básicas de su visión sobre lo que debe ser la reforma a la salud. Esta eventualidad parece haber sido superada mediante el acuerdo a que llegó el Gobierno con los partidos políticos. Queda por clarificar, sin embargo, qué hará si los estimativos finales de su costo – hasta ahora esquivos y confusos– llegaran a mostrar que desbordan los límites de las posibilidades fiscales.
