Juan Camilo Restrepo
9 Junio 2023

Juan Camilo Restrepo

De la defenestración a la dura realidad

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A pesar de que el presidente Gustavo Petro se atribuyó todo tipo de éxitos económicos en el discurso de defenestración de Benedetti y Laura Sarabia, las cosas no son del color rosa que las pintó. 

Algunas van bien, por supuesto, como la moderación del déficit fiscal que en buena parte se debe a la disciplina de su Gobierno al haber mantenido la política de ajustes a los precios de los combustibles, aunque la dejada inmodificable del diésel puede traer problemas en el futuro. 

Otras empiezan a mejorar tenuemente –gracias a la gestión del Banco de la República más que del Gobierno- como la inflación. Algunas, en cambio, siguen dejando mucho que desear. Tal es el caso del empleo y de la confianza empresarial. O el déficit de la balanza comercial que se debe más a desaliento en las importaciones que a un verdadero auge exportador.

La evolución de la tasa de cambio admite dos explicaciones: una la del Gobierno, según la cual es resultado de su excelente manejo de la economía; y otra, la de que los mercados que empiezan a ver ahora casi imposible que salgan airosas las reformas propuestas por el Gobierno con lo cual, paradójicamente, se han tranquilizado. De allí que la tasa de cambio esté cayendo. Estaba alta porque se percibían los estragos fiscales que venían con las reformas. Esto ya no es inminente a la luz del impasse político monumental que vive el país.

Pero más allá de esa puja por presentar como propios avances macroeconómicos, así estos vengan de atrás, existe otra fase sobre la cual quiero reflexionar: la microeconomía. Aquellos aspectos menores de la gestión económica que, sumados, son los que terminan dibujando el mapa de ruta futura del país económico.

Se han tomado múltiples medidas apresuradas sin estudiar las consecuencias fiscales que pueden acarrear. La congelación de los peajes es un buen ejemplo. El resarcimiento a los concesionarios va a resultar costosísimo, y lo que es más grave: no existe claridad fiscal de cómo se van a arbitrar dichos recursos. Para el solo año 2023 se calcula que el costo de esta medida es del orden de un billón de pesos y según estudio de Fedesarrollo, si esta deuda no se cancela y se arrastra hasta 2040, ascendería a 13,8 billones de pesos y sería el semillero de pleitos incontables contra el Estado.

La decisión, que se tomó a las volandas, entraña también un grave efecto colateral: la incertidumbre de los concesionarios para comprometerse en nuevos contratos de infraestructura. Con lo cual todas las maravillas dibujadas en el plan de desarrollo se pueden venir al suelo.

La inseguridad y la falta de claridad en las políticas mineras empiezan también a pasar cuenta. Cuatro compañías anunciaron esta semana su retiro del país anulando inversiones proyectadas por más de 500 millones de dólares. A lo cual habría que añadir la cancelación del enorme programa de energía eólica que estaba construyendo Enel en La Guajira, lo que constituye el más grave golpe que ha recibido la política tan cacareada de la “transición energética justa” de la ministra Irene Vélez. De continuar presentándose cancelaciones de este tipo la transición energética queda reducida a la nada.

El ritmo de la inversión extranjera directa es un buen indicador de la confianza de los inversionistas en el país. Según las últimas cifras este tipo de inversión cayó 12 por ciento durante el primer trimestre de este año con relación a igual periodo del pasado. 

Tanto la confianza empresarial internacional como la doméstica se están debilitando; y negarlo sería pretender tapar el sol con el dedo.

La construcción de vivienda para todos los estratos, incluido el VIS, así como la compraventa de inmuebles nuevos y usados, muestra los peores indicadores de muchos años. Con guarismos superiores al 60 por ciento de caída. A esto debería ponerle mayor atención el Gobierno de la que le está prestando. Los franceses dicen con toda razón que “cuando la construcción va bien, todo va bien; pero que cuando va mal, todo termina yendo mal”.

Uno de los mejores indicadores de que dispone el país es el llamado “pulso social” que divulga periódicamente el Dane. Según el último informe, el 63 por ciento de los colombianos sienten que la economía va mal o tiende a empeorarse.

El Gobierno de Petro parece haberse contagiado de la mala costumbre que viene desde los tiempos de Duque de sacar pecho con los indicadores económicos que cree favorables así estos se originen en gobiernos anteriores, como pretendió hacerlo el presidente Petro en el discurso de la defenestración de sus más cercanos escuderos. 

Pero la malsana tendencia a hablar solo de lo que va bien asordinando lo que va mal, resulta muy costosa. Y termina por salir a la superficie más temprano que tarde.

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