Juan Fernando Cristo
28 Febrero 2023

Juan Fernando Cristo

De nuevo el sometimiento

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Por cuenta del largo conflicto armado interno que padecemos, los colombianos nos convertimos en expertos a nivel global en la creación de normas que buscan la desactivación de los distintos grupos armados ilegales. En los últimos 30 años pasamos de las leyes de indulto y amnistía que beneficiaron al M-19, a la política de sometimiento diseñada para los carteles de Medellín y Cali, hasta la ley de justicia y paz del proceso con los paras. Ahora el Gobierno anuncia el proyecto de ley de sometimiento a la justicia, que recoge en buena parte las experiencias del pasado.

Los principios generales de la propuesta están bien orientados, más allá de serios problemas en su redacción. En primer lugar, porque define que se trata de una oferta de rebaja de penas por parte del Estado, a cambio del desmantelamiento de organizaciones criminales de alto impacto. Se determina, entonces, que con esos grupos no se puede establecer ninguna negociación de carácter político. En segundo término, se garantizan penas que pueden llegar hasta los 12 años, 8 de los cuales en establecimientos carcelarios y los 4 restantes con penas restaurativas para reparar a las víctimas. Así mismo, queda claro que las penas privativas de la libertad se cumplirán en los establecimientos que tiene hoy la autoridad penitenciaria, con lo que se espanta cualquier suspicacia sobre condiciones especiales de reclusión que se negociaron en el pasado con pésimos resultados.

Por su parte, el fiscal general ha expresado dudas razonables con respecto al proyecto, que vale la pena que sean evaluadas por el Gobierno antes de presentarlo al Congreso. Tiene razón al solicitar que se establezcan topes cuando se permite que un porcentaje de los bienes entregados por los criminales quede en sus manos. También es válida la solicitud de la Fiscalía de no establecer en la ley una competencia particular a ninguna unidad de la propia entidad en la ejecución de esta política. Es conveniente que el propio ente acusador tenga la libertad de conformar los equipos responsables de adelantar una tarea de esta magnitud. Otras observaciones de la Fiscalía contribuyen, sin duda, a mejorar la iniciativa, y la disposición al diálogo del ministro de Justicia es una buena señal para avanzar en acuerdos.

Sin embargo, más allá de procedimientos, penas y condiciones de reclusión, hay temas claves que se deben tener en cuenta en las discusiones para garantizar que la iniciativa cumpla su propósito. Para que cualquier política de sometimiento a la justicia funcione, la zanahoria debe ir acompañada por el garrote, que hasta el momento brilla por su ausencia. No se ha presentado una estrategia integral de seguridad para los territorios ni se ha definido la forma en que el Gobierno luchará contra el narcotráfico. Si las Fuerzas Militares y de Policía no persiguen a estas bandas, no tendrán incentivos para someterse a la justicia. Se podrá sacar la mejor ley del Congreso y ninguna de las estructuras criminales se acogerá, no abandonará el negocio. En segundo término, en el proyecto no se define cuáles son los grupos que pueden someterse a la ley y se acude a la mención genérica de “estructuras armadas criminales de alto impacto”. Será importante que se discuta de nuevo sobre el tratamiento que el Estado debe dar a las disidencias de las Farc, tanto de Iván Mordisco como de Márquez, a las que debería aplicarse este marco legal y no abrir con ellos negociaciones de carácter político. Es fundamental, igualmente, fortalecer el capítulo que asegura los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y la no repetición.

En fin, las discusiones en el Congreso seguramente ayudarán a mejorar el texto y es evidente la necesidad de avanzar en un marco legal que permita el desmonte de las estructuras mafiosas y un alivio al drama humanitario que viven los habitantes de los territorios. Las líneas generales del proyecto apuntan en la dirección correcta. Obviamente aún faltan claridades, no solo en el texto legal, sino en la política de paz total. Ojalá, en los debates, el Gobierno resuelva dudas y se supere la confusión que existe hoy en la ciudadanía. Por ahora es positivo que se presente el proyecto, se defina el sometimiento de los criminales al Estado, se establezcan penas efectivas de privación de la libertad y no se afecte la figura de la extradición, salvaguardando así la facultad presidencial en esta materia. A partir de estos principios, y escuchando las observaciones del fiscal general, los jueces y voces expertas, con seguridad podrá salir una buena ley. El debate apenas comienza. En buena hora.

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