Juan Fernando Cristo
7 Marzo 2023

Juan Fernando Cristo

De pesos y contrapesos

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En medio de la tormentosa semana del Gobierno con la división de su gabinete por la reforma a la salud, el episodio de San Vicente de Caguán y los escándalos que involucran a Nicolás y Juan Fernando Petro, los medios de comunicación no destacaron en forma suficiente dos noticias judiciales de la mayor trascendencia. El Consejo de Estado y la Corte Constitucional ratificaron en sendas decisiones que el nuestro es un país con fortaleza institucional, en el que existe una real y efectiva separación de poderes y en el que la justicia actúa con independencia y autonomía.

La determinación del Consejo de Estado de imponer medida cautelar al decreto expedido por el presidente para asumir las funciones de las Comisiones de Regulación de Servicios Públicos y la de la Corte Constitucional de asumir la competencia hacia el futuro de suspender la vigencia de leyes que violen en forma abierta y flagrante la Constitución, envían con contundencia el mensaje de una democracia sólida que no se encuentra amenazada y en la que tenemos estabilidad jurídica para la inversión nacional y extranjera. Los odiadores de oficio del Gobierno, que pregonan el apocalipsis, deberían comprender el poderoso mensaje institucional, más allá de sus legítimas antipatías políticas.

Especial atención, por novedosa, merece la decisión unánime de la Corte Constitucional, antecedida por el intento de varios magistrados el año anterior de suspender la modificación de la ley estatutaria de garantías, que fue aprobada mediante el burdo procedimiento de incluir un “orangután” en la ley del presupuesto, con el evidente propósito de gastar en forma descarada 13 billones de pesos para interferir en el proceso electoral de 2022. Hace bien la Corte en invocar esa competencia que asumirá con prudencia y el cumplimiento estricto de ciertos requisitos y procedimientos. Es la consecuencia lógica de la lamentable actitud que en los últimos años hizo carrera en el Congreso, y por parte de algunos funcionarios del ejecutivo, con la irresponsable tesis de “votemos esta ley así mientras la Corte la tumba”. Sin duda, una burla descarada de un poder público frente a la justicia y a la propia ciudadanía, que hacia adelante no se podrá repetir.

La Corte además reitera su espíritu vanguardista y moderno demostrado en sus más de 30 años de funcionamiento, que le ha valido reconocimiento internacional. Con aciertos y equivocaciones, no es una Corte celestial, pero con una clara vocación de contrapoder frente a todos los gobiernos, sin excepción. Se equivocan quienes ahora pretenden cuestionarla con el argumento “chimbo” de que es una conspiración contra el primer gobierno de izquierda. Basta recordar que en los mandatos de Gaviria y Samper invocó la potestad de revisar los decretos de declaratoria de los estados de excepción; que en los gobiernos de Uribe y Santos declaró el estado de cosas inconstitucional por la situación de los desplazados, los reclusos en las cárceles y la atención en salud; que frenó en histórica sentencia el propósito de Uribe de eternizarse en el poder o que incluso tumbó en el Gobierno Santos en controvertido fallo, con el argumento de una supuesta sustitución de la Constitución, el componente de justicia de la reforma al equilibrio de poderes, que entre otras medidas eliminaba la Comisión de Acusaciones. Siempre la Corte ha servido de freno a decisiones de los otros poderes y ahora no será la excepción en un gobierno progresista.

No es nuevo entonces ese ejercicio del contrapoder, que molesta a los gobiernos de turno, pero es elemento esencial de la fortaleza de nuestra democracia. Ahora la Corte crea un nuevo mecanismo de control constitucional con la posibilidad de suspender en un primer examen normas que pueden causar un daño inminente e irreversible, si entran en vigencia por unos meses. Ojalá nunca lo tengan que utilizar ,y el Congreso y el Gobierno entiendan que no se puede caer en chambonadas y pisotear a sabiendas nuestro ordenamiento constitucional. Que no vengan después a rasgarse las vestiduras o salgan con declaraciones destempladas contra la justicia. Basta con respetar la Constitución, la ley y la jurisprudencia al tomar decisiones trascendentales para el país. No es mucho más lo que exige la Corte y lo que esperamos los ciudadanos.

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