Los problemas en la contratación pública con este Gobierno no han dado tregua. Son varias las denuncias que hemos escuchado sobre el mal manejo de importantes procesos de licitación en los que están comprometidos millonarios recursos y como al presidente Petro le ha tocado apagar otros incendios, han pasado desapercibidas las advertencias.
Uno de los casos más complejos es el que tiene que ver con la contratación para la elaboración, suministro y distribución de los pasaportes en Colombia. Es un proceso por 600.000 millones de pesos que adelanta el Ministerio de Relaciones Exteriores y que ha tenido todo tipo de irregularidades que evidencian mal manejo administrativo, pero también desidia por parte del Gobierno a la hora de garantizar la libre competencia.
Aunque en su momento se advirtió que se estaría direccionando la licitación para que se la quedaran los mismos contratistas, que llevan veinte años con ese proceso, y se le pidió al canciller explicaciones sobre las maniobras que se hicieron desde su entidad para quitar del medio a los otros competidores, la respuesta fue igual a las que daban anteriores administraciones: hacer caso omiso y permitir que solo una empresa pueda participar, porque prácticamente le hicieron los pliegos a la medida.
Pues bien, aunque en las últimas horas la audiencia de adjudicación del famoso contrato de los pasaportes fue suspendida por orden del propio canciller, Álvaro Leyva, según él para garantizar “la objetividad” que nunca se ha dado en todos los trámites de ese proyecto, esta columna conoció que las denuncias por todo lo que ha pasado ya llegaron a instancias penales.
La razón es que se podría estar configurando un caso de corrupción por parte de funcionarios de la entidad, que no atendieron las observaciones entregadas por muchas de las empresas interesadas en participar y ni siquiera tuvieron en cuenta conceptos de autoridades expertas que advertían sobre los plazos establecidos para la licitación y posterior ejecución del contrato o la solicitud y evaluación de muestras de los pasaportes que se están exigiendo
Según los denunciantes que se quejan ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría: “se identificaron una serie de funcionarios quienes sin ningún tipo de apoyo técnico desconocieron un informe de consultoría de una autoridad internacional y fundándose en el mismo confeccionaron un Pliego de Condiciones que estableció inequívocamente como único proponente al contratista actual que provee los pasaportes a contratar, estableciendo condiciones de imposible cumplimiento para cualquier otro proponente que aspirara a concursar en el anotado proceso de selección”.
La consultoría de la que hablan es un informe elaborado por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), contratada por el propio Ministerio de Relaciones Exteriores para revisar las especificaciones técnicas y del proyecto de pasaportes electrónicos colombianos. Ese documento, que no se había conocido públicamente, tiene una serie de recomendaciones que fueron completamente ignoradas por la entidad y por el contrario, algo que resulta muy grave, es que en la licitación se incluyeron deliberadamente condiciones que según dicha organización favorecían al actual proveedor.
Por ejemplo, en el caso de la entrega de muestras de las libretas que pide la licitación, otras empresas que querían participar pidieron en varias ocasiones que se cambiara el requisito de entregar muestras de pasaporte colombiano y se solicitaran muestras genéricas para evaluar las medidas de seguridad, ya que la solicitud de ejemplares del documento nacional favorecía abiertamente a quien lo ha fabricado históricamente.
Esa solicitud no fue atendida nunca y ni siquiera porque la OACI dijera en su informe que: “No es una práctica común pedir ejemplares a los proveedores en el momento de la presentación de las propuestas, ya que no son motivo de exámenes, ya que ningún proveedor (excepto el actual), podrá dar especímenes finales, por lo tanto, solo se favorecería al actual proveedor”.
Y si por la Cancillería llueve, por el Sena no escampa. El Servicio Nacional de Aprendizaje adelanta también en este momento una licitación, más cara que la de los pasaportes, por 1.1 billones de pesos para proveer los servicios tecnológicos en todas las sedes de la entidad a nivel nacional. Ese proceso contractual tiene casi los mismos problemas que la licitación anteriormente mencionada y que se resumen en una posible intención de entregar un contrato a una firma en particular.
En este caso fueron 6.000 las observaciones que se recibieron por parte de 60 empresas que querían entrar en el concurso pero que no encontraron garantías para hacerlo al considerar que el actual operador, que es Telefónica Movistar, sin haberse terminado el proceso, ya es el ganador absoluto del mismo. Para los candidatos que ya tuvieron que salir de la contienda, los pliegos están hechos para entregarle a dedo esta billonaria licitación a la empresa que la tiene desde el año 2015.
Una de las compañías que más protestó y que al final se retiró de la competencia es Claro Colombia. En una dura carta enviada al director del Sena, Claro alertó, además, por el costo del proceso, ya que no se explica que haya subido de forma exagerada entre 2019 y 2023 pasando de 650.000 millones a 1.1 billones de pesos. También hablan de la imposibilidad de presentar fabricantes de equipos de tecnología diferentes a los que hoy en día tiene Telefónica, lo que a todas luces es una prueba de cómo los quisieron beneficiar.
¿Qué está pasando con estas licitaciones?, ¿por qué el presidente Petro no les exige a sus funcionarios que respeten la competencia en los procesos y garanticen la pluralidad de oferentes? El mandatario sabe perfectamente que entre más ofertas se presenten en contratos de ese tamaño, mejores precios se pueden encontrar y se beneficia todo el país. Sé que para él es importante que se respete la libre concurrencia, sin embargo, se necesita una mano más dura para que le hagan caso y para que proyectos de esa magnitud no se entreguen a dedo, como ha sucedido en el pasado.
