En Colombia los muertos votan. Y en la elección que acabó de hacer la Federación Colombiana de Municipios no solo votan los difuntos, también votan los ausentes, los que están inhabilitados y hasta los que no existen.
El pasado 21 de marzo de 2025, en el Hotel Hilton de Bogotá, se llevó a cabo una elección aparentemente formal: escoger a los dos alcaldes representantes de los municipios que tienen Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, ante el Órgano Colegiado de Administración y Decisión, encargado de la aprobación de proyectos de inversión relacionados con la implementación del acuerdo de paz, OCAD Paz.
Recordemos que el OCAD Paz es un organismo encargado de priorizar proyectos de inversión con recursos de la asignación para la paz, que es el 7 por ciento del Sistema General de Regalías. Gestiona de esta manera recursos para proyectos en 170 municipios PDET, con un presupuesto de 5,3 billones de pesos. El objetivo, noble. El método que se utilizó en las elecciones, nauseabundo.
En esa jornada estaban habilitados los alcaldes y alcaldesas para elegir a los dos delegados, quienes, como dijimos, pueden votar positiva o negativamente en los proyectos que se presentan para hacer obras de infraestructura en los 170 municipios. Repitamos el número, que es importante: 170. Y es importante porque el conteo final arrojó 172 voticos. ¿Magia? ¿Error humano? Nada de eso. Fraude. Liso y llano, como diría mi abuelita.
En esto hay que destacar además que hubo ausencia de cinco alcaldes, al tiempo que se encontraron alrededor de seis poderes duplicados. La misma Federación Colombiana de Municipios, FCM, en cabeza de su director ejecutivo, Gilberto Toro Giraldo, lo reconoció en un comunicado de prensa. Tomando el toro por los descaches.
En ese documento dijeron que se encontraron poderes duplicados y votos que no correspondían a los alcaldes asistentes ni a sus apoderados válidos. Pero lo que empezó como un “error técnico”, terminó destapando un entramado escandaloso de manipulación electoral, compra de apoyos, fraude, uso indebido de poderes y presiones indebidas a los mandatarios locales. Contemos las 5,3 billones de razones para eso.
Por eso, vamos al prestante señor Toro Giraldo, quien ocupa este importante cargo desde 1996 en donde ha sido un polémico puente entre los diferentes gobiernos nacionales y los gobernadores departamentales y alcaldes. Digo polémico, entre otras, porque fuentes cercanas a la elección aseguraron que el eterno director de Fedemunicipios, 20 minutos antes de la votación, se habría dedicado, presuntamente, a ofrecer favores políticos a cambio de votos. Entre ellos, supuestos “vistos buenos” ministeriales para proyectos de inversión de alcaldes que apoyaran su fórmula preferida. Como viendo los toros desde la barrera, pero ministerial.
Todo con el visto bueno de la estructura administrativa o junta de la entidad, en donde están personajes como Víctor Julián Sánchez Acosta, alcalde de Soacha, Cundinamarca, presidente de la Federación y quien es mejor conocido como Perico. El señor Perico fue denunciado en este espacio por manipular reportes de cuentas de su campaña para inflar los ingresos declarados y, con eso, presuntamente obtener reposiciones indebidas de los gastos. Una joya el perico pa’ volver todo rico.
También está el señor Campo Elías Ramírez Padilla, alcalde de Girón, Santander, vicepresidente de la entidad y persona que fue investigada por doble militancia. Se encuentra asimismo la doctora Marta Cantillo Martínez, alcaldesa de San Onofre, Sucre; Klaus Faber Mogollón, alcalde de Pamplona, Norte de Santander; Francisco Calderón Feriz, alcalde de Garzón, Huila; Marlon Monsalve Ascanio, alcalde de Florencia, Caquetá, y miembro del comité administrativo interno; y obviamente el señor Toro Giraldo como director ejecutivo. Vitalicio casi, como un toro que no reconoce cambio de tercio.
Todos firmaron con su silencio o con su complicidad un proceso amañado que olía a trampa desde el primer voto. Y aunque conocían las reglas, y también las entendían, toleraron la forma en que se rompieron una por una.
Entremos en eso: fuentes consultadas por esta columna, que prefieren no identificarse, revelaron que, en una reunión de socialización previa, el 15 de marzo pasado, la FCM manifestó que los poderes debían ser escaneados en formato PDF, y debían ser enviados por los alcaldes desde los correos oficiales. Nunca pasó.
A esto se suma que al menos cinco alcaldes que no estuvieron presentes ni delegaron poder alguno aparecen como si hubiesen votado. Incluso las planillas de asistencia presentan tachones y evidencian que estaban acomodando el número de asistentes a la necesidad de la votación. Votos fantasmas con información remendada, borrosa e inconsistente. De nada sirve una urna si se llena con mentiras.
Como si fuera poco, también se permitió votar a municipios que no estaban al día en sus obligaciones con la Federación, violando flagrantemente los propios estatutos de la entidad. Finalmente, el representante del municipio de Florencia, Caquetá, el señor Marlon Monsalve Ascanio, se negó a exhibir públicamente los poderes con los que votó, argumentando una supuesta violación al secreto. Sin embargo, otros representantes sostuvieron que dichos documentos hacían parte del material probatorio y, por tanto, debían ser visibles para todos los asistentes.
Por eso, vamos a los ganadores de esta jornada de fraude. ¿Qué comen que adivinan? El primero fue el alcalde de Florencia, el señor Marlon Monsalve, que, como dijimos, hace parte de la estructura general de la Federación, como miembro activo del comité administrativo interno y, sí, señores y señoras, cómo no, el mismo que canta y baila y que organizó y participó en el proceso fraudulento de toda esta elección, resultó ganador. A falta de caballos, que troten los asnos.
Monsalve, según denuncias públicas, hizo proselitismo un día antes de la elección en una casa de Chapinero, en Bogotá. Todo con conocimiento y respaldo de la Federación, como en las mejores prácticas clientelistas de pueblo chiquito. Y aunque esto se denunció ante la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, hasta el momento, el silencio institucional solo parece confirmar que la corrupción aún manda.
Principalmente porque en un comunicado ante la opinión pública, el pasado viernes 4 de abril, casi tocando las cuatro de la tarde, la Federación dijo que realizó un proceso de revisión de la documentación soporte del proceso electoral y decidió ratificar la supuesta transparencia del resultado. Transparencia que nunca existió.
En consecuencia, fueron ratificados como representantes oficiales ante el OCAD Paz para el periodo comprendido entre el 1° de abril de 2025 y el 31 de marzo de 2026 el señor Monsalve Ascanio, junto al alcalde de Bojayá, Chocó, Hailton Perea Chaverra; y como suplentes, el alcalde de Miranda, Cauca, Walter Zúñiga Barona, y el alcalde de Briceño, Antioquia, Noé de Jesús Espinosa Vásquez.
Por eso, volvamos al botín que no es pequeño. Nada menos que el poder decisorio sobre 5,3 billones de pesos del Sistema General de Regalías destinados a la paz. Plata para acueductos, vías, escuelas y hospitales en zonas golpeadas por la guerra. Plata que, todo parece indicar, puede terminar en bolsillos privados de gente que nunca le gustó la paz. Tenaz.
De esta manera, en vez de ser un espacio para la reconstrucción de los territorios más golpeados por el conflicto, el OCAD Paz se convirtió en una piñata política, donde los favores se reparten antes de que se rompa la cuerda. Y esto no es nuevo. Ya durante el gobierno pasado se documentaron irregularidades en el OCAD Paz, publicadas por los periodistas Valeria Santos y Sebastián Nohra, de Blu Radio, que dejarían pensar que esto se iba a manejar con más cuidado. Pero lo que vemos ahora es que ni siquiera se oculta el fraude.
La Veeduría de Transparencia y Anticorrupción, junto con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, levantaron la voz. Pero la Federación respondió con una “auditoría” realizada por ellos mismos dejando clara su intención. El gato cuidando el queso, como diría mi abuelita. Y se lo comió, como le respondería mi profesor de penal.
Por eso no se permitió acceso a la información pública, no hubo observadores independientes y, hasta el día de hoy no se conoce un informe confiable independiente que garantice transparencia. Y pues es difícil hablar de transparencia en una entidad dirigida por una persona que lleva 29 años en el poder, rodeado de denuncias por mal manejo, presiones indebidas y contratos dudosos. Un toro que está saliendo indultado, pero por malo.
Vamos a eso. Según otra denuncia, también existe un presunto desfalco al Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito, SIMIT, el cual es operado por la FCM a través de su dirección nacional.
Según una denuncia ciudadana presentada ante los entes de investigación, el sistema financiero de distribución del SIMIT está siendo manipulado, ya que no está unificado mediante un procedimiento interno y carece de trazabilidad. A través de estas fallas, se habrían desviado recursos públicos en beneficio de terceros. Se estima que el detrimento patrimonial por la falta de sistematización supera los diez mil millones de pesos. Desaparecidos. Sin justificación ni rastro contable alguno.
Eso nos deja con contratos firmados para kioscos electrónicos que nunca llegaron, softwares penetrables y dineros que no se transfieren a los municipios como corresponde. Corrupción informática en tiempo real. Mientras tanto, el señor Toro Giraldo sigue firmando resoluciones, organizando elecciones que se denuncian amañadas y presuntamente manipulando los destinos de miles de millones de pesos sin control externo. Hasta el rabo, todo es toro, dicen los banderilleros.
Se concluye entonces que la Federación Colombiana de Municipios, que debería ser el gremio que defiende la descentralización, se convirtió en una maquinaria privada que distribuye favores, cargos y recursos a su antojo. Esto no es una anécdota. Parece ser un modelo. Un sistema estructurado que sigue debilitando la ya disminuida implementación del acuerdo de paz, en donde los recursos terminan financiando una dictadura gremial disfrazada de democracia municipal. De esta manera la implantación de la paz queda muerta. Que descanse en paz el OCAD Paz.
@yohirakerman; [email protected]
