La instrumentalización con fines electorales del dolor de las víctimas del conflicto se ha instalado en la política colombiana. Cuando el senador Álex Flórez escudó sus actos en Cartagena –explotación sexual de una mujer y agresión a la autoridad, entre otros– en un “momento emocional difícil” originado por la masacre de Chochó, Sucre, no se alejó del modus operandi de su padrino político, Daniel Quintero.
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El líder de Independientes y alcalde de Medellín no es el primero ni el último político que ha usado el discurso de la paz como trampolín: erigió su campaña a la Alcaldía a partir de su gerencia del “Sí” al plebiscito. La paz, como opción discursiva y de acción, es un acto político que merece respeto; cuestionable es lo que se hace con el poder en nombre de ella. La Secretaría de la No Violencia de Medellín (SNVM) es una prueba del uso electoral del discurso de la paz.
Las dinámicas sociales e históricas de Medellín claman por una institucionalidad robusta para prevenir y enfrentar la violencia, pero, ¿por qué despertaría suspicacias la creación de la SNVM en una ciudad que, al momento de la entrega de esta columna, ha registrado 102 homicidios en 2023 (ocho más que en el mismo período de 2022)?
Los cuestionamientos a la SNVM tienen dos orígenes: el uso de un discurso que instrumentaliza el dolor de las víctimas con fines electorales y los vicios de su funcionamiento.
El secretario fundador de la cartera, Juan Carlos Upegui, primo de la esposa del alcalde y gestora Diana Osorio, llegó al cargo sin ningún mérito social ni político; la SNVM fue su catapulta de cara a las elecciones locales. El primo candidato ganó la encuesta de Independientes y ahora estaría listo para medirse con otros aspirantes (incluidas otras fichas de Quintero: Albert Corredor y Andree Uribe).
Ante la necesidad de justificar más burocracia para una nueva secretaría, le echaron mano al discurso de la paz. En el marco de las medidas cautelares sobre la comuna 13, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió el Auto AT 119, en agosto de 2020; entre otras disposiciones, exhortó a la Alcaldía, “particularmente a través de su Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos”, a adelantar una serie de gestiones.
El pasado 22 de marzo, en una audiencia de seguimiento de dichas medidas, el subsecretario de Justicia Restaurativa de la SNVM, Iván Palomino, inició su intervención con las siguientes palabras: “Lo primero sea decir que el contexto del cumplimiento de lo dispuesto en el Auto 119, para la Alcaldía de Medellín supuso un hito institucional que fue justamente la creación de la Secretaría de la No Violencia, en septiembre del año 2020. Un mes después de haber sido proferido el Auto 119 (…)”.
En el Auto, la JEP citó expresamente la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, no exigió la creación de un nuevo despacho. En lugar de potenciar y trabajar sobre los resultados del equipo de atención y reparación integral a víctimas que estaba adscrito a Inclusión Social, la Alcaldía optó por una nueva cartera para trasladarlo.
Según funcionarios de la JEP, desde que existe la SNVM, “por primera vez han sostenido un diálogo fluido con la Alcaldía de Medellín”. Aseguran que Palomino es riguroso y diligente. (Daniel Quintero, citado a esta audiencia, no asistió. Los espacios sin cámaras ni micrófonos abiertos a grandes medios parecen no generarle mayor interés).
Cedamos parcialmente ante el peso de los hechos: por lo menos, la SNVM ha procurado articularse con el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, lo cual es un objetivo necesario.
Ahora, esto sí plantea un reto argumentativo superior para el alcalde...
Si el “gran fin” que explicaría la creación de la SNVM es el trabajo por las víctimas, ahondemos en la coherencia del discurso: ¿cómo justifica Daniel Quintero su preocupación por las víctimas de la comuna 13, cuando son de público conocimiento sus relaciones personales y políticas vigentes con Luis Pérez Gutiérrez, quien fue alcalde de Medellín durante la época de muertes y desapariciones forzadas que dejaron las operaciones Orión y Mariscal?
Y la cosa no para ahí. Cuando Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, exlíder del Clan del Golfo, dijo ante la JEP que se reunió varias veces con Pérez Gutiérrez, lo vinculó con Henry de Jesús López, alias Mi sangre. Este capo de la Oficina, condenado en Estados Unidos, también fue victimario de la comuna 13: tras la captura de Maximiliano Bonilla, alias Valenciano –de la misma organización criminal–, Mi sangre tomó control de áreas que eran de su dominio en el Valle de Aburrá, como la comuna 13.
En sus juegos de poder, el alcalde de Medellín continúa deshojando margaritas: ¿un pétalo por las familias de las víctimas y otro por los victimarios?
¡Durante dos décadas, Luis Pérez Gutiérrez (metido de cabeza en la actual campaña electoral regional) ha defendido la pacificación a la brava de la comuna 13!
Manuel*, contratista de la SNVM, considera que a la institución la aquejan el amiguismo y el desconocimiento gerencial: “Esa Secretaría nunca tiene plata. Allí entran a trabajar los amigos de Ana Valle (exsecretaria de las Mujeres, excandidata a la Alcaldía), Juan Upegui, Esteban Restrepo (exsecretario de Gobierno, candidato a la Gobernación) y la gobernadora encargada de Chocó (Farlin Perea). Muchos contratistas son enviados directamente desde la Secretaría de Gobierno: desde allá mandan y quitan”.
Para el año 2023, la SNVM cuenta con un presupuesto de 35.575.148.345 pesos para inversión y funcionamiento: 31.943.906.555 pesos y 3.631.241.790 pesos, respectivamente. Pero la planeación y gestión de presupuesto no son transparentes: “A los coordinadores no les queda claro cuánta plata tienen los proyectos y tienen poca o ninguna injerencia en la selección de las personas con las que se implementan las acciones”, explica Manuel.
Este contratista, de prolongada relación laboral con el sector público, reconoce la importancia de la SNVM y asegura que cuenta con personal técnico. Sin embargo, entre otros obstáculos, la lentitud de los trámites administrativos afecta procesos como el acompañamiento al sistema de responsabilidad penal adolescente, la población carcelaria y los pospenados. “El Cepar (Centro de Educación para la Paz y la Reconciliación) no está funcionando. No hay procesos para acompañar a los firmantes (del Acuerdo de Paz). No hay prevención del reclutamiento para jóvenes en riesgo. No hay formación para prevenir la violencia –lamenta Manuel–. Esta improvisación no debería ocurrir en un tercer año de mandato”.
Bajo el actual liderazgo de Luis Eduardo Giraldo, la SNVM está integrada por 38 funcionarios, 11 de carrera administrativa, 16 en encargo administrativo, 7 de libre nombramiento y remoción, y 4 en provisionalidad. 386 contratistas operan los proyectos.
El decreto 863 de 2020 establece su función medular: “Acompañar al alcalde y a las instancias competentes en el diseño, formulación, implementación y evaluación de la política pública Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia”.
El texto original de dicha política pública, pilar de la Institución, no es público. Lo confirma la misma Secretaría: “Tales insumos aún son de carácter interno en tanto están sujetos a revisión para emisión de conceptos técnicos y de viabilidad requeridos para su posterior radicación ante el Concejo”.
La SNVM agregó en sus respuestas para esta columna: “Esta batería (de indicadores estratégicos de la política pública de paz), así como el modelo de seguimiento y evaluación podrán experimentar transformaciones, toda vez que será indispensable que, primero, se sortee el proceso de presentación y aprobación del Proyecto de Acuerdo…”. Es decir, puesto que la política pública no ha sido revisada por la llamada “junta directiva de la ciudad” ni está sujeta al escrutinio ciudadano, no hay parámetros técnicos disponibles para evaluar los logros de la SNVM en estos dos años y siete meses.
Una pluma para “el muchacho de El Tricentenario”, otra para el enguayabado, otra para el pacificador, otra para el primo candidato. Con el cálamo sumergido en sangre, las palomas de la paz siguen escribiendo la historia electoral.
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