Una persona un voto, es la frase que sintetiza la premisa de la igualdad de participación ciudadana en las elecciones, sobre la cual se sostiene el sistema democrático contemporáneo, pero que en una verdadera democracia debe ir de la mano con el otro principio del voto libre. Estos principios cada vez se ven más debilitados por la entrada de multimillonarias cifras de dineros privados a las campañas electorales.
En principio, la financiación de campañas es esencial para sostener las plataformas políticas y conectar a los candidatos con el electorado. Sin embargo, cuando las donaciones de grandes magnates y corporaciones definen el rumbo de la política, el equilibrio se rompe. Cuando los candidatos, urgidos de recursos, priorizan los intereses de sus donantes más ricos se pierde la confianza pública: el ciudadano común percibe que su voz se diluye frente al eco de las contribuciones millonarias.
El influjo de los grandes capitales en la política refleja una contradicción inherente: mientras la democracia se sostiene sobre la igualdad de derechos y de acceso al poder, en la actualidad su práctica se ve asediada por las fuerzas del capital desmedido. El reto es claro: limitar la influencia de grandes fortunas es esencial para proteger la integridad democrática y garantizar que la política siga siendo un reflejo genuino de la voluntad popular y no solo de quienes tienen los medios para financiarlas.
¿Cuánto cuesta un voto?
En Colombia, a pesar de tener controles que se suponen son muy estrictos, todas las campañas electorales han tenido escándalos por los ingresos de dineros cuestionados, -por ejemplo de Odebrecht- o por superar los topes de gastos permitidos. Sin embargo estos casos son minúsculos frente a lo que pasa en Estados Unidos (EUA), donde se puede gastar y recibir sin límite.
En efecto, en Colombia los topes de gasto en las dos vueltas de la última campaña presidencial fueron de unos 11 millones de dólares por candidato, y los gastos de todos los candidatos en la primera y segunda vuelta sumaron $ 125.406’747.103 pesos, según el Consejo Nacional Electoral. Como los votantes finales fueron 21.3 millones, en un promedio muy agregado se puede decir que los candidatos gastaron unos $5.900 por cada voto, es decir USD 1.5.
En la actual campaña en EUA se estima que Kamala Harris y Donald Trump se van a gastar USD 6.000 millones, un poco menos de lo que se gastó en la campaña de 2020 entre Biden y Trump (USD 6.370 millones), pero más del doble de lo que se gastó en 2016 (USD 2.390 millones). Con unos 160 millones de votantes, el gasto es de USD 37,5 por cada voto; 25 veces más que en Colombia.
Pero esta astronómica cifra es menos de la mitad de lo que se está gastando en todo el proceso electoral incluyendo las campañas para el congreso, que a mediados del mes de octubre ya reportaban gastos por USD 15.900 millones.
Como se ve en el gráfico, el incremento de los gastos en las campañas electorales (ajustados por inflación, es decir expresados en dólares constantes de 2024) ha sido exponencial. Al final de la campaña de este año seguramente se van a superar los gastos de 2020, de manera que va a ser más del doble de los USD 8.500 millones gastados en 2016. El problema es ¿de dónde viene esa inmensa cantidad de dinero?
Los grandes financiadores de los partidos políticos
La casi totalidad de los gastos de las campañas proviene de donantes privados. Aunque en teoría las personas naturales y las empresas están muy limitadas para hacer aportes directos a los candidatos, pues no pueden donar más USD 6.600, en la práctica esos límites no funcionan pues también pueden aportar a través de los Comités de Acción Política (PAC) que respaldan a un partido o un candidato.
Aún con esos límites, las pequeñas donaciones directas de individuos y organizaciones son cuantiosas. Hasta el mes pasado lo recolectado por Kamala y Trump sumaba más de USD 1.500 millones, con una clara ventaja de la candidata demócrata que había recibido el 64% de ese total, por el entusiasmo que despertó su nominación y la posibilidad de derrotar al republicano.
Pero estos “pequeños” aportes solo representan la cuarta parte de los gastos totales de las campañas, pues los multimillonarios y sus empresas pueden aportar sin límites. Desde el 2010 cuando una desafortunada sentencia de la Corte Suprema determinó que cualquier restricción al financiamiento de campañas electorales es una forma de censura y, por lo tanto, inconstitucional. A partir de allí se crearon los Super PAC a través de los cuales las persona y las empresas pueden hacer aportes ilimitados para gastos de campaña.
El caso más alarmante de incidencia de los multimillonarios en las campañas es el de Elon Musk, quien ha aportado USD 140 millones a la campaña de Trump, está comprando votos descaradamente y ha puesto la red social X de su propiedad a difundir las mentiras y los mensajes de odio de este candidato.
Pero no es el único, solo los 150 mayores donantes han aportado USD 3.650 millones, de los cuales el 75% ha sido para candidatos republicanos. No lo hacen por filantropía; su negocio es que les retribuyan eliminado regulaciones a sus monopolios, que les bajen los costos que les implican las exigencias de protección al medio ambiente y, por supuesto, que les reduzcan los impuestos.
En este contexto, la pregunta que la sociedad estadounidense —y las democracias del mundo— debe plantearse, es si está dispuesta a aceptar un sistema donde el poder del voto es eclipsado por el poder del billete. Poderoso caballero es don dinero.
