Antes de que la Procuraduría decidiera investigar y suspender por tres meses a los funcionarios de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) que frenaron la venta de la empresa de servicios públicos de Barranquilla, la famosa Triple A, ya se habían cometido muchas irregularidades en ese negocio, que desde el principio olía muy mal.
Sorprende que para ese entonces el tan eficiente Ministerio Público que ahora tenemos nunca metió sus manos en todo lo que pasó y, convenientemente, ese organismo de control no se preocupó por cuidar los recursos de los colombianos como lo hace hoy, no sancionó a nadie y ni siquiera indagó.
Gracias a esas decisiones y a la selectividad de los que investigan, el verdadero responsable del caos en la Triple A seguirá tranquilo sin tener que asumir las consecuencias de sus actuaciones. Por el contrario, queda demostrado, una vez más, es que en Colombia se sigue utilizando el poder de una entidad tan importante como la Procuraduría para hacer política y defender intereses particulares.
Esta columna ya les había contado que por culpa del Gobierno de Iván Duque y del alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, el país se metió en un lío de grandes proporciones a nivel internacional, al haber “expropiado” la empresa de agua, acueducto y alcantarillo de Barranquilla a sus anteriores dueños: los españoles de Inassa, filial de la gigante Canal Isabel II.
Esa multinacional tenía, hasta el año 2018, el 82 por ciento de las acciones de la Triple A, pero se vio envuelta en un escándalo de corrupción y un supuesto desfalco que hizo que la Fiscalía General de la Nación secuestrara esos títulos y los pusiera a disposición de la Sociedad de Activos Especiales.
El problema fue que la SAE, aun sin que se terminara el proceso de extinción de dominio de las acciones que estaba cuidando, decidió venderlas bajo la figura de enajenación temprana que aplicó el anterior presidente de esa entidad, Andrés Ávila, en una estrategia conjunta con Duque y Pumarejo. Una jugada que, además, permitió que quien comprara la empresa, que presta servicios en 15 municipios del Atlántico, lo hiciera por mucho menos de lo que realmente valía.
Es ahí cuando aparecen los afortunados compradores y también donde se evidencian las maniobras que utilizaron para favorecerse en este gran negocio entre la SAE y el distrito de Barranquilla, mientras que su alcalde se encargaba de masificar un mensaje sobre la necesidad de que la empresa volviera a manos de la ciudad, que fue su dueña original.
Esos compradores, favorecidos en un proceso muy reservado que adelantó la SAE, fueron los empresarios William Vélez y los hermanos Daes, a través de la empresa mixta Alumbrado Público de Barranquilla SAS, (ahora K-Yena) en la que tienen una participación de 35 por ciento por medio de la compañía Capital Luz. Esta última les pertenece al Grupo Ethus de Vélez y a Alutrafic de los Daes.
Esta columna conoció que desde noviembre de 2021 la veeduría ciudadana Bien Común, envió dos alertas a todos los entes de control, es decir, la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría para que le pusieran la lupa a este proceso, al considerar que se podría estar presentando un presunto conflicto de intereses y un tráfico de influencias.
Esos dos supuestos delitos, que como mencioné anteriormente, nunca fueron investigados por la Procuraduría, se habrían dado porque la Alcaldía de Barranquilla era desde hace muchos años socia de la empresa de Alumbrado Público y esta habría presionado a la SAE para que le vendiera la Triple A de manera directa y sin necesidad de un proceso de licitación.
Pero lo más grave es que desde mucho antes de concretarse el negocio entre la Alcaldía de Barranquilla, su socia la empresa Alumbrado Público (ahora K-Yena) y la SAE para comprar toda la Triple A, el Distrito, como accionista minoritario de un 15 por ciento de la empresa, tenía un puesto en su junta directiva.
La persona que ocupaba esa silla en representación del alcalde Pumarejo era Carlos Sarabia Mancini, que, ojo a esto, era también el gerente general de K-Yena, la empresa mixta que después logró quedarse con la Triple A, a pesar de su pobre oferta por ella.
Por esa razón, en la denuncia de la veeduría se prendieron las alarmas por el posible conocimiento de información privilegiada acerca de la Triple A por parte de William Vélez y sus socios para poder adquirirla. Esto es porque su gerente, es decir, el señor Sarabia Mancini, podría estar entregándoles a sus jefes datos que conocía de primera mano estando en la junta de la empresa que finalmente ellos obtuvieron.
Insisto en que nada de eso hizo que la Procuraduría o alguna otra entidad de control se preocupara y actuara. Tampoco pasó nada con el hecho de que la Triple A fuera vendida a K-Yena por solo 556.000 millones de pesos, aun cuando la Superintendencia de Servicios Públicos calculó su valor en 2,4 billones de pesos.
Solo hasta ahora que un funcionario recién llegado a la SAE quiere reversar ese negocio, que a todas luces tiene evidencias de que se hizo mal, es que aparecen las famosas “ías” para mostrar sus dientes y hacernos creer que sirven para algo.
Ojalá que esa misma contundencia de la Procuraduría la veamos en otros casos en los que funcionarios se robaron la plata, pero que, como estaban vinculados a gobiernos amigos, no se hizo nada contra ellos. Me pregunto, ¿dónde estaba Margarita?
