Arrancamos el 2025 con abundantes lluvias que han caído de manera inusual en los primeros días del año en gran parte del país, evidenciando la impredecibilidad climática que padece el planeta. Viendo las imágenes satelitales, el movimiento de masas de agua atmosférica tiene una importante concentración en zonas de conservación
–desde el Paramillo al Catatumbo, y del Apaporis a Chingaza–, que juegan un papel crucial en la seguridad climática nacional, así como en su desarrollo económico.
De otro lado, la temporada de fin de año también ha podido mostrar el increíble interés por visitar los Parques Nacionales en diferentes zonas del territorio. La apropiación social es enorme sobre este patrimonio público, y crece cada día la conformación de grupos de caminantes, senderistas, observadores de aves, científicos y turistas extranjeros que llegan a estas áreas en búsqueda de sus paisajes y biodiversidad. Sin embargo, existe un rezago histórico en el desarrollo de una infraestructura de senderismo –incluyendo las rutas fluviales o lacustres– apropiada en las Áreas Protegidas, y esto reduce tremendamente las posibilidades de atención de público pues la capacidad de carga se minimiza. Para dar un ejemplo, Brasil invirtió millones de dólares en desarrollar cientos de kilómetros de senderos en 2014, a propósito del Mundial de futbol que llevó miles de turistas a visitar sus parques nacionales, y generar enormes beneficios económicos en las regiones donde se movió este turismo ecológico a la par de la competencia deportiva.
La generación de ingresos y una economía regional sostenible basada en la conservación, es una alternativa que se ve en diferentes áreas del mundo con condiciones similares respecto de su potencialidad en biodiversidad, pero infinitamente superiores en la inversión pública y privada que se ha desarrollado en estas zonas. La creación y capacitación de guías turísticos, así como de manuales de interpretación, diseño, construcción y adaptación de senderos, señalización, generación de infraestructura hotelera en poblaciones cercanas, alimentación y rutas de transporte con criterios de infraestructura verde, entre muchas actividades, producen un cambio económico significativo para las poblaciones locales. Colombia tiene en sus áreas nacionales, regionales y municipales un verdadero potencial de desarrollo sostenible en sus zonas de conservación (incluyendo la posibilidad de crear una red de jardines botánicos municipales). Además de su potencial económico, tienen apropiación social, pueden generar identidad cultural y son interesantes para inversiones y asociaciones públicas, privadas y comunitarias, además del enorme valor que poseen como estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático, empezando por la capacidad de retención de humedad y regulación de caudales muchas veces asociados a acueductos de grandes ciudades y pequeños municipios.
Obvio, hay que superar numerosos obstáculos, empezando por una profunda transformación de las Áreas Protegidas, donde la participación comunitaria, empresarial, académica y de entes territoriales sea protagonista en las decisiones que se deben tomar para asumir el desarrollo del turismo ecológico como una opción de desarrollo regional de largo plazo. Esto incluye las decisiones sobre ordenamiento territorial y uso del suelo que conlleva, así como los procesos de restauración de paisajes degradados que permitan un equilibrio entre la oferta ambiental y agroalimentaria y la condición de integridad ecológica que garantice los atractivos que incentivan la visita del turismo. El proceso de inversión en infraestructura seguramente debe asegurarse con una decisión de Ministerio de Hacienda y el DNP para destinar recursos de largo plazo, con fuente clara, incluyendo nuevas posibilidades como los impuestos en los peajes alrededor de áreas protegidas, o una partida fija del impuesto al carbono que garantice una adecuación de escala y nivel para movilizar miles de visitantes, en condiciones de seguridad, oferta ambiental y capacidad de carga adecuados. Desde luego, aquí es donde también puede darse una combinación de esfuerzos entre asociaciones de comunidades, grupos empresariales y el Estado, donde la experiencia que se tuvo de las concesiones de ecoturismo podría dejar lecciones aprendidas en un nuevo esquema que no repita los errores del pasado y potencialice lo que ha funcionado. El sistema de recaudo también deberá pasar a los estándares del siglo XXI, pues esto deberá ser un puntal de sostenibilidad financiera para todo el sistema, donde el manejo nacional no opaque las necesidades regionales, pero, de igual manera, ninguna región pueda ser presa de intereses locales.
Sin embargo, todo este panorama de potencialidad puede ser opacado por la tendencia de los últimos años, según la cual la mayoría de las Áreas Protegidas han sido convertidas en el epicentro del conflicto armado y de multiplicidad de delitos conexos. Desde el Parque Tayrona hasta Amacayacu, o desde Sanquianga hasta Punawai, la gran mayoría de los parques están atravesados por la violencia, los delitos ambientales, los grupos armados y la degradación ambiental, y la mirada hipócrita de todas las agencias del Estado. Paisajes con minas antipersonales, cultivos de coca, grandes potreros y ganado, grupos armados controlando el territorio y amenazando funcionarios –cuando aún quedan– infraestructura vandalizada, quemada u ocupada, restricciones a la movilidad terrestre y fluvial, amenazas al desarrollo de investigación científica y coacciones a la población local por participar o tener proyectos con Parques Nacionales, son parte de una innumerable lista de condiciones macondianas de pérdida de gobernabilidad que nos sepultan en las economías ilícitas, la degradación ambiental y la perdida de poblaciones que deben tomar partido por el más violento para sobrevivir en el espiral conflictivo. Como ya lo he escrito en esta columna, se requiere una mirada de largo plazo, una política de Estado, que logre entender que un país es inviable con el 18 por ciento de su territorio continental en manos de los grupos armados, la 'macrocriminalidad' de las economías ilícitas y sus dinámicas transfronterizas.
Esperemos que la conexión entre asuntos ambientales, política de paz y desarrollo económico sostenible sea un eje de planeación y acción urgente para este año en este gobierno y en los partidos políticos que se encuentran en la carrera presidencial del próximo periodo. El tiempo se agota y la crisis ambiental y democrática arrecia en los territorios más sensibles de este bello país.
Post data: mis condolencias la familia de Luis Alfonso Cano, un profesional íntegro, con el cual compartí algunos años en Parques Nacionales y quien murió en esta semana.
