
En Colombia, cada día circulan tantas noticias que muchas pasan desapercibidas. Hoy llamo la atención sobre el bien-estar financiero de la ciudadanía y la manera cómo, desde la educación, podemos contribuir a lograrlo. Por ejemplo, millones de personas están atrapadas en el crédito informal, pagando intereses que arruinan sus vidas. Según un estudio de Colombia Fintech y el Centro de Estudios Económicos ANIF, el 40 por ciento de los colombianos de bajos ingresos recurre a este tipo de crédito, pagando tasas superiores al 380 por ciento anual —diez veces más que la tasa de usura legal—. Los 'gota a gota' cobran en promedio el 666,5 por ciento anual, más de 22 veces el límite de la usura. Y hay cifras aún más desgarradoras. El Instituto para la Economía Social (IPES) reveló que el 90 por ciento de los vendedores informales de Bogotá ha recurrido al 'gota a gota'. Más allá del costo económico desproporcionado, esta práctica suele estar acompañada de acoso, amenazas y una espiral de endeudamiento sin salida.
La educación es un derecho fundamental y un pilar esencial para el desarrollo humano y la democracia. Cuando un país garantiza una educación de calidad, contribuye de forma decisiva al bien-estar y a la calidad de vida de su gente. En Colombia, en los últimos 50 años hemos logrado avances importantes en cobertura. Pero no basta con llegar. Necesitamos que las personas permanezcan, aprendan y construyan trayectorias de vida con bien-estar. Y en esto aún tenemos tareas pendientes. Persisten brechas profundas entre lo rural y lo urbano, entre quienes tienen mayores oportunidades y quienes enfrentan condiciones adversas.
Estas desigualdades educativas pueden agravarse en el contexto económico global actual. Por eso, educar hoy no puede reducirse a la transmisión de contenidos estáticos. Necesitamos formar ciudadanos capaces de enfrentar la complejidad del mundo, con pensamiento crítico, capacidad de innovación, trabajo en equipo, manejo de tecnologías, comunicación efectiva y adaptación al cambio. Entre todas estas habilidades del siglo XXI, hay una que suele pasar desapercibida, pero que es crucial para la vida cotidiana. Se trata de la Educación Económica y Financiera (EEF). Es importante entender el significado del ahorro y de la inversión, las implicaciones del endeudamiento, el mejor uso de los recursos, el análisis del riesgo, la interpretación de la información económica. Estas competencias, lejos de favorecer solamente al sistema financiero, benefician principalmente a las personas. Les permiten vivir mejor, cuidar su salud financiera, construir proyectos de vida y fortalecer su bien-estar. Y, sobre todo, son una herramienta poderosa para cerrar brechas y combatir, desde el colegio, la desigualdad.
La Educación Económica y Financiera ha evolucionado significativamente desde mediados del siglo XX. Hoy se reconoce como un componente clave en los sistemas educativos del mundo. Diversos estudios demuestran que una mejor educación financiera promueve la inclusión, mejora la planificación personal y familiar, fortalece el emprendimiento, impulsa la innovación y ayuda a enfrentar crisis económicas, climáticas o desigualdades sociales. Distintos países han optado por incluirla en sus currículos. En Estados Unidos surgió como respuesta a problemas de crédito y consumo. En los países de la OCDE se considera parte de las competencias ciudadanas. En América Latina, la EEF ha avanzado más recientemente, con experiencias en Chile, Brasil, México y Uruguay. Además, se han incorporado enfoques innovadores como la economía del comportamiento, el bienestar financiero, la educación socioemocional y el enfoque de ciclo de vida.
En Colombia también se han dado pasos importantes. La EEF ha sido reconocida como una herramienta clave para promover la inclusión financiera y ha ganado institucionalidad. Sin embargo, estamos aún lejos de lograr una ciudadanía que se haya empoderado de sus responsabilidades financieras. Los datos lo muestran con crudeza. Los niños, jóvenes y adultos no están adquiriendo las competencias necesarias para desenvolverse en el mundo actual, y eso se traduce en desigualdad. Según el Banco de la República (2021), solo el 30 por ciento de los adultos colombianos comprende conceptos básicos como tasas de interés, inflación o diversificación del riesgo. Asobancaria (2022) señala que el 56 por ciento de las personas no maneja herramientas digitales financieras. El DANE (2018) encontró que el 48 por ciento no sabe calcular una tasa de interés simple, y más del 60 por ciento no identifica la pérdida de poder adquisitivo por efecto de la inflación. Más recientemente, en 2024, la Superintendencia Financiera de Colombia reveló que el 78 por ciento de las personas encuestadas nunca ha recibido capacitación en temas de EEF, solo el 56 por ciento elabora un presupuesto mensual, y apenas el 44,7 por ciento ha logrado ahorrar en los últimos 12 meses. Las brechas se acentúan si se observa por género, territorio o condición social.
Por otra parte, el sistema educativo no está logrando resultados suficientes por sí solo. En las pruebas PISA de 2022, solo el 29 por ciento de los estudiantes colombianos alcanzó el nivel 2 en matemáticas, frente a un promedio de 69 por ciento en la OCDE. En EEF, la última medición fue en 2012, y el 57 por ciento estaba por debajo del nivel de referencia. Un desempeño inferior al de Brasil, Perú, Chile y al promedio de la OCDE. En las pruebas nacionales, tampoco se evidencian mejoras significativas ni en matemáticas ni en competencias ciudadanas. Estas cifras deben alertarnos. No solo estamos rezagados, sino que no se avanza al ritmo que exigen los desafíos del presente.
En este contexto, y como resultado del esfuerzo conjunto entre el sector financiero, asegurador y bursátil y el Estado, en la reciente Convención Bancaria se lanzó el Programa de Educación Económica y Financiera Bien-estar que se proyecta implementar en todo el país. La iniciativa liderada por la Fundación Ábacos (entidad que tengo el honor de dirigir y que agrupa a Asobancaria, Asobolsa, Asofiduciarias, Asofondos, Asomicrofinanzas y Fasecolda), es una estrategia integral de largo plazo (2025–2040), impulsada por el sector y acompañada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Su objetivo principal es fortalecer las competencias económicas y financieras de la ciudadanía, promover su bienestar financiero y fomentar la solidaridad y la confianza en el sistema. Busca que las personas tomen decisiones más informadas a lo largo de su vida, mejoren su calidad de vida y contribuyan activamente al desarrollo económico del país. Es, en esencia, una apuesta por crear ciudadanías más justas, solidarias y empoderadas en el contexto colombiano.
El programa Bien-estar parte de buenas prácticas nacionales e internacionales —como el Marco de Competencias Financieras de la OCDE— y adapta sus contenidos a las realidades de las personas y comunidades en Colombia. Su enfoque se sustenta en siete principios que orientan una educación económica y financiera inclusiva, permanente, pertinente, innovadora, generadora de capacidades, con participación activa y basada en la confianza. Además, ha definido siete poblaciones prioritarias: niñas, niños y jóvenes; microempresarios, emprendedores y participantes de la economía popular; población rural; mujeres; personas en condición de vulnerabilidad; personas mayores de 60 años; y la ciudadanía en general. Cada uno de estos grupos contará con herramientas educativas y comunicativas diseñadas a su medida, para que el conocimiento económico y financiero sea claro, útil y conectado con su realidad, sus aspiraciones y su entorno.
A su vez, el programa Bien-estar ha definido siete macrometas prioritarias. Entre ellas, lograr un incremento de 2,5 puntos en los niveles de conocimiento económico y financiero de la población; incorporar programas de EEF en al menos el 20 por ciento de las instituciones educativas del país (aproximadamente 3.900 colegios); alcanzar a 30 millones de personas mediante campañas masivas de comunicación y sensibilización; y lograr presencia activa en el 100 por ciento de los departamentos con intervenciones diseñadas y adaptadas a cada contexto regional. Estas metas, ambiciosas pero alcanzables, buscan transformar el acceso al conocimiento financiero en un derecho tangible y cotidiano para millones de colombianos.
El programa Bien-estar contará con un sistema integral de seguimiento, monitoreo y evaluación, diseñado para asegurar la calidad, efectividad y sostenibilidad de las acciones en educación económica y financiera. Esta estrategia se fundamentará en una evaluación permanente, basada en evidencia, con mediciones rigurosas de impacto y capacidad de adaptación continua. En el centro estará el Sistema Nacional de Registro y Evaluación, que consolidará la información de todas las iniciativas de EEF desarrolladas por el sector financiero, asegurador y bursátil. Evaluar, corregir y aprender será tan importante como enseñar.
Es prioritario que Colombia avance hacia una educación económica y financiera contextualizada, que comience desde la primera infancia y se extienda a lo largo de la vida como un proceso formativo integral. Idealmente, esta educación debería articularse con los aprendizajes en matemáticas y competencias ciudadanas, y ser promovida por docentes capacitados mediante metodologías activas y significativas. También es clave incorporar enfoques como la economía del comportamiento y priorizar el desarrollo de capacidades reales, más allá de la simple transmisión de datos o consejos prácticos. Así mismo, se requiere una evaluación sistemática y continua de sus resultados e impactos, que permita mejorar de forma constante y basada en evidencia.
Colombia puede ser una sociedad donde las personas vivan con bien-estar. Un país donde la educación económica y financiera no sea un privilegio, sino un derecho que acompañe a los individuos durante toda su vida, independientemente de su origen o condición. Si hacemos bien la tarea, en 2040 tendremos una ciudadanía empoderada, capaz de cuidar su bie-nestar y el del colectivo, de fortalecer nuestra democracia y de impulsar un desarrollo humano sostenible. Ese país no es un sueño lejano. Está al alcance, pero necesita ser construido entre todos y todas. La ruta es clara: educar para el bien-estar.
