En Tunja, la contratación no es un proceso de selección meritocrática sino un mecanismo milimétricamente calibrado para premiar la lealtad política, sancionar la disidencia y perpetuar el manejo de los recursos públicos por parte del alcalde colombo ruso Mikhail Krasnov.
Siete bases de datos de distintas áreas de la Alcaldía, obtenidas en exclusiva por esta columna, provenientes de las oficinas de infraestructura territorial, movilidad y vida, fomento económico, educación, y los departamentos administrativos de hacienda pública, gestión catastral y planeación, revelan un patrón de perfilamientos ideológicos, clientelismo, favoritismos manifiestos, respaldos personalizados y reciclaje sistemático de personas contratadas entre administraciones anteriores.
Todo esto en documentos oficiales que son archivos de Excel, con casillas que no dejan margen a la interpretación: “no apoya en redes”, “del Partido Verde”, “hizo campaña con Carrero”, “es amigo de Germán Mora”. La corrupción clientelista dejó de esconderse y ahora se exhibe en tablas con columnas de colores.
Vamos a eso. Cada una de las bases de datos analizadas tiene una estructura interna coherente con la entidad que la generó: formatos, nombres de campos, jerga institucional y referencias cruzadas entre empleados públicos.
Y su procedencia es indiscutible. Los metadatos de los archivos confirman su origen, ya que fueron creados, diligenciados o al menos compilados desde las propias oficinas municipales, por personal oficial. Solo para poner un ejemplo: según la metadata, el autor de la tabla de Hacienda figura como el computador asignado al señor Edwin Ricardo Avendaño Vargas. La de Movilidad corresponde a la terminal del señor Francisco Javier González Bernal, y la de Educación, a la computadora de la funcionaria Heidy Ruiz. Todos han sido funcionarios.
No se trata de filtraciones anónimas ni de documentos externos, sino de insumos internos generados por la misma administración. Tablas que fueron creadas el año pasado y que han sido alimentadas constantemente con una actualización en su información hace menos de una semana. Esto refuerza la hipótesis más preocupante: el mecanismo de perfilamiento político, apoyos personalizados y reciclaje de proveedores no es accidental ni espontáneo. Es idéntico en siete oficinas distintas. Fue diseñado, ordenado y ejecutado desde el despacho del alcalde.
Sigamos. Uno de los aspectos más graves es el monitoreo sistemático de la actividad digital de los vinculados. En las tablas revisadas, hay columnas específicas dedicadas a observar si las personas contratadas tienen actividad en línea o mediática, si son visibles y, lo más grave, si “apoyan o atacan al profe”, una referencia directa al apodo del alcalde Krasnov. Como dirían en la Guerra Fría, existe una diferencia sutil pero profunda entre revisar, verificar e investigar, y hostigar, perfilar y acosar. Sutil, pero profunda.
Hay casos en los que no se renuevan contratos por tener “redes no visibles” o por no “comentar en 7N Noticias”, un medio local. Es decir, no solo se vigila la postura política, sino también el silencio. Y las observaciones no son neutras ni técnicas. Son juicios subjetivos que determinan el ingreso o la exclusión de personas del aparato público. Te premio con contratos y te castigo sin ellos.
Un ejemplo concreto es el caso de un proveedor registrado con etiquetas como: “paracaidista, camaleón”, “del Partido Verde”, “no apoya al profe en redes”, “hizo campaña a Carrero”. Incluso adjuntan enlaces de Facebook para “probar” su filiación. No importa su experiencia. Importa a quién apoyó.
Otro patrón recurrente es la presencia de respaldos personalizados. En el listado de contratados en Catastro, varias personas aparecen con anotaciones como “Recomendación Giusseppe”, en referencia al señor Giusseppe Malagón Ramírez, director del Departamento Administrativo de Gestión Catastral Multipropósito.
O “Recomendación Carlos Gabriel”, aludiendo al señor Carlos Gabriel Hernández Carrillo, director del Departamento Administrativo de Planeación Territorial. En total, hay más de diez personas etiquetadas como “recomendadas” por altos funcionarios. Es decir, no se trata de llamados públicos, sino de asignaciones a dedo con recursos del erario.
La estructura de vinculación incluso anticipa los reemplazos. En múltiples archivos aparece una columna titulada “Posible reemplazo”, donde ya se anota, antes de que finalice un contrato, quién debería ocupar el cargo. En Infraestructura, por ejemplo, se establece que un convenio podría ser asumido por una persona identificada como cercana al alcalde. En Hacienda ocurre lo mismo, con posibles reemplazos sugeridos por concejales aliados de la administración. La trampa es un arte y como todas las artes, tiene sus leyes, decía León Trotski.
La lógica de la puerta giratoria va aún más lejos. Varios nombres han pasado por las administraciones municipales desde al menos 2020, manteniendo contratos de manera ininterrumpida en funciones como ventanilla única, cartografía y planeación, rotando de oficina sin procesos de selección reales. Se reciclan los nombres, pero no se renuevan las prácticas. Suben y bajan, pero vuelven a empezar, cual montaña rusa.
Los contratos también funcionan como retribución por favores internos, pagados con los salarios de los contribuyentes. En Hacienda, por ejemplo, hay solicitados directamente por secretarios de despacho. Para borrar el rastro de su continuidad, algunas hojas de vida fueron desmontadas del portal de la Función Pública.
En Planeación, el panorama es similar. Aparecen nombres relacionados con directores de área, concejales y otros padrinos políticos. En algunos casos se hace referencia a parentescos, como el de una futura contratista identificada como “hija del Búho”, en alusión a un periodista local y leal cuyos familiares también han sido favorecidos con las mieles de los presupuestos.
Existe una red de confianza que atraviesa las entidades municipales. Algunos empleados aparecen con contratos reiterados a lo largo de distintas vigencias y oficinas. En uno de los casos, un funcionario asumió una tarea clave tras la jubilación de su antecesora, sin que se evidencie una selección abierta o competencia técnica.
La situación se agrava cuando se revisan los procesos de alto valor sin trazabilidad clara. Hay personas contratadas en distintos frentes, con la sospecha de que se trata de acuerdos políticos sin sustento profesional. ¿Cuáles son sus entregables? ¿Dónde está el seguimiento?
Las hojas de Excel también registran antecedentes judiciales entre algunos proveedores, incluyendo casos de delitos como sedición. A pesar de ello, estas personas siguen accediendo a contratos públicos, evidenciando la ausencia de filtros adecuados en los procesos de selección.
En este engranaje de afinidades, incluso los pocos seleccionados por mérito quedan invisibilizados, opacados por una mayoría que accede mediante respaldos o conveniencias políticas. Sus nombres se pierden por ser la excepción y no la regla. Como dice el proverbio ruso, cuando el dinero habla, la verdad guarda silencio.
El proceso de vinculación debería regirse por el principio de mérito, publicidad y libre competencia. En Tunja, está mediado por amiguismos, favores, deudas políticas, chats, redes sociales y padrinazgos. Cada fila es una ficha de poder.
Estas bases de datos revelan un ecosistema cerrado donde quien no se alinea, queda por fuera. Donde la lealtad vale más que la experiencia y la capacidad técnica. Donde los fondos públicos se subordinan a las redes de afinidad.
Esta práctica no solo es ilegal. Es peligrosa. Porque convierte a la administración en un botín y a la contratación en una herramienta de castigo y recompensa. Tunja no necesita un simple relevo institucional. Necesita una cirugía mayor y una investigación urgente de los organismos de control.
Porque aquí no hablamos de rumores, sino de archivos oficiales. No es una denuncia abstracta. Es una base de datos con nombres, cédulas, fechas y relaciones que permite reconstruir el clientelismo con una exactitud quirúrgica. La corrupción organizada por filas, colores y columnas.
El problema de fondo es que estas estructuras no solo distorsionan el gasto público, sino que erosionan la confianza ciudadana en lo institucional. La gente termina creyendo que todo contrato es un favor, y no un servicio. No se vincula al mejor, sino al más leal. No se premia el conocimiento, sino al que hace barra en redes. Cualquier parecido con Crimen y Castigo sería muy bienvenido.
El mensaje es claro: en Tunja, ser técnico no basta. Hay que tener las conexiones adecuadas, aplaudir en línea y rendir pleitesía al clan de turno. Esta investigación no es un juicio contra quienes firman los convenios; muchos cumplen con rigor a pesar del sistema que los absorbe.
Esta es una denuncia que apunta el engranaje que los instrumentaliza, que convierte la administración en un mercado de recompensas ideológicas y la gestión pública en un reality de obediencia. Porque la contratación y el manejo de los recursos públicos no debe ser un premio para leales, sino un derecho para los mejores. No puede ser un algoritmo ruso.
@yohirakerman; [email protected]
