El importante discurso de César Gaviria en la convención liberal de Cartagena ofrece mucha tela de donde cortar. Y tendrá ciertamente repercusiones en la política de los meses venideros.
Quiero referirme a un punto concreto con el que empieza su intervención el exmandatario, y que revela el complicado batiburrillo mental de Gustavo Petro.
“En la única reunión que tuve con el presidente antes de asumir el gobierno- dice Gaviria-, me expresó que él le atribuía los problemas de Colombia a las leyes que yo había impulsado después de la constituyente. En particular, aquellas decisiones que permitieron la participación de empresas privadas en la prestación de servicios públicos. Yo le respondí que interpretaba esa postura como una señal de que no habría lugar para mi participación en su gobierno, al menos en lo personal”.
Los problemas de Colombia entonces, según Petro, provienen de la puerta que abrió el constituyente del 91 para que empresas privadas participaran en la prestación de los servicios públicos. Nada más equivocado. Esta visión anacrónica de Petro olvida que fue gracias a las leyes que siguieron la Constitución del 91 lo que permitió un aumento de la cobertura de servicios públicos básicos como el gas domiciliario, por ejemplo, (que hoy llega a más de 15 millones de hogares), la del servicio eléctrico que a la fecha cubre cerca del 97 por ciento del territorio, o el asocio con empresas municipales para la prestación de servicios fundamentales como la recolección de basuras, entre otros.
Sin esa participación del sector privado hubiera sido poco menos que imposible alcanzar los aumentos espectaculares de coberturas en servicios públicos que se han logrado en los últimos treinta años. Y, sin embargo, el presidente Petro ubica allí la raíz de los problemas colombianos. ¡Qué disparate!
Dentro de la penosa confusión mental que preside el pensamiento del actual mandatario, parece que confunde la participación del sector privado en empresas prestadoras de servicios públicos con el control y la regulación, funciones que, esas sí, corresponde ejercerlas al Estado.
El odio visceral contra las empresas privadas que destila su recurrente discurso, lo ha llevado a confundir lamentablemente regulación y control con la vinculación de capital privado a las empresas de servicios públicos domiciliarios.
Pero ni siquiera en esto su discurso ha sido afortunado. Primero afirmó que la función reguladora correspondía al presidente de la república y no a entidades independientes y especializadas como la Creg. Hasta que el Consejo de Estado tuvo que recordarle que la Constitución del 91 les había encargado esa delicada función a entidades independientes y de alta capacidad técnica que no son oficinas de la Presidencia de la República. Después hemos visto a superintendencias como la de servicios públicos y la de industria y comercio sumidas en una primitiva politización y en una no menos lamentable inestabilidad.
Enseguida vino la saga de las amenazas de que se van a cambiar las leyes de servicios públicos y la ley eléctrica, que son las normas nacidas de la Constitución del 91 a las que se refiere el expresidente Gaviria. Y que son el origen de todos los males de Colombia según el presidente Petro.
Llevamos más de un año en dicha saga: amenazas van y amenazas vienen; insultos van (las utilidades de los generadores de energía eléctrica fueron comparadas por ejemplo con las de Pablo Escobar); y bandazos vienen, con un desconocimiento pasmoso de cómo se conforman las tarifas eléctricas.
Se olvida que las fórmulas tarifarias no las fijan las empresas privadas sino las autoridades regulatorias, entidades estas que culposamente tiene paralizadas el Gobierno al no haber querido conformar oportunamente el quorum necesario en entidades como la Creg.
A las empresas distribuidoras de energía eléctrica les está debiendo el Gobierno más de 7 billones de pesos que no les paga, llevándolas hasta la asfixia financiera. Sin embargo, les achaca las tribulaciones de los usuarios por las altas tarifas que existen principalmente en la costa Atlántica.
Y a todas estas, el famoso proyecto de reforma de la ley de servicios públicos no aparece por ninguna parte. Quizás porque no lo tienen listo, o tal vez porque el carrusel de superintendentes de servicios públicos que estamos presenciando no les ha dejado tiempo para estudiar nada serio que haya que cambiarles a las leyes que vienen de la Constitución del 91.
O a lo mejor: porque se han dado cuenta de que no hay tal que todos los males de Colombia vengan de aquellas leyes.
