En las últimas semanas, el Gobierno ha utilizado un biombo permanente para ocultar una gran realidad. El biombo es el alegato inalterable de que nada se puede hacer y todo se está deteriorando porque el Congreso no aprobó la reforma tributaria II del gobierno Petro.
Esto lo han venido repitiendo en coro, e incansablemente, tanto el presidente como sus ministros durante las últimas semanas.
Sin embargo, no se trata más que de eso: de un biombo distractor detrás del cual el Gobierno trata de ocultar afanosamente su pésima programación presupuestal, el desorden y la improvisación con que ha venido manejando todo lo fiscal.
Que la fallida reforma tributaria no es la causante del embrollo fiscal en que nos encontramos se puede constatar fácilmente repasando algunas cifras y fechas.
Supongamos que la reforma hubiera sido aprobada por el Congreso: esto hubiera significado que el faltante estimado para ejecutar un presupuesto equilibrado en 2025 se habría reducido a 40 billones de pesos, en vez de los 52 billones que se habían estimado originalmente por entidades tan serias como el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf).
O, dicho en otras palabras: el desajuste hubiera seguido siendo enorme con o sin reforma tributaria.
Pero, además: si se hubiera aprobado la reforma tributaria que en buena hora hundió el Congreso, los nuevos recaudos que habría generado (12 billones de pesos) apenas habrían entrado a las arcas públicas del año 2025 en adelante. Mientras que el problema de caja que se está viviendo es actual, inmediato y agobiante.
O sea: el abrumador problema de caja que está experimentando el Gobierno tiene sus causas en problemas bien anteriores a los que se habrían remediado parcialmente con una reforma tributaria, la cual apenas hubiera entrado en aplicación uno o dos años después de la sequía de liquidez que está exhibiendo la administración nacional.
Hay otro componente no menos inquietante: parece ser que simplemente para cumplir con la regla fiscal el Gobierno ha puesto en marcha lo que podría denominarse ‘un coma fiscal inducido’, o sea, una subejecución deliberada a la que ha sometido a la inversión pública. Imponiendo así a un bajonazo sin precedentes los índices de ejecución de la inversión que son los más bajos de que haya noticia desde que se llevan cuentas nacionales.
Es una manera artificial y artificiosa de cumplir con la regla fiscal que va a estallar más pronto que tarde. En las últimas semanas, el Gobierno se ha convertido en el deudor moroso más conspicuo que existe en Colombia. Le debe a todo el mundo. A nadie le paga si no es escasamente para cubrir salarios.
La no aprobación de la reforma tributaria debe dejar entonces de ser una repetida excusa de lo que está pasando. El problema radica es una sobreestimación de ingresos que hizo equivocadamente el Gobierno en 2023 y 2024, y que tuvo que traducirse en cuantiosos recortes durante la vigencia 2024. Ahí está el almendrón del problema.
El Congreso no sólo estaba en todo su derecho de negar la reforma tributaria. Desde que existen democracias representativas en el mundo occidental, son los parlamentos los que aprueban los impuestos y autorizan los gastos. No el Ejecutivo.
Pero, además, las razones verdaderas del despelote fiscal que estamos presenciando no radican en el hundimiento de la reforma tributaria. Radican en un desplome de los ingresos que se calcularon para 2023 y 2024, debido, en primer lugar, al débil comportamiento de la economía y, en segundo, a errores graves al calcular los recaudos fiscales.
Es hora entonces de levantar el biombo y enfrentar con realismo, austeridad y objetividad los problemas fiscales que estamos viviendo.
