El 2024 está en sus estertores, un año en el que cada escándalo tapó al anterior.
Un embajador señalado de amenazar a su esposa y a su suegra en un escándalo de interés policial; un cónsul que se embolsilló los ahorros de toda una vida de su subalterna; desvíos de fondos públicos en EPS intervenidas por el Gobierno; investigaciones por presunta financiación ilegal de la campaña presidencial; y, como la cereza del pastel, los sobrecostos en la compra de 40 carrotanques para llevar agua a la sedienta La Guajira, un departamento con alarmantes índices de desnutrición infantil, donde los niños mueren de hambre y sed.
La gravedad de los hechos conocidos, revelados como siempre por la prensa, y la jerarquía de los funcionarios implicados, han hecho de este escándalo un mamut difícil de ocultar.
Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), aceptó su responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir. Sneyder Pinilla, su segundo al mando, aceptó los mismos delitos que su jefe y también está colaborando con la Fiscalía.
Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, fue imputada por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.
Por este mismo caso, el presidente Petro le pidió la renuncia a Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda y uno de sus fieles escuderos desde las épocas de la Bogotá Humana. A Bonilla se le señala de participar activamente en la gestión de contratos en la UNGRD a cambio de obtener apoyo legislativo en el Congreso. La Fiscalía ya inició indagaciones en su contra.
Curiosamente, mientras el árbol se sacude en lo más alto, en lo más bajo, en los poderes locales de Uribia, parece no asomarse ni una brisa.
igada a la génesis del escándalo se encuentra una joven funcionaria perteneciente a un poderoso clan político de la región: María Alejandra Mejía Quintana.
Mejía Quintana es la directora de Gestión del Riesgo en Uribia. En un video difundido por el alcalde del municipio, Jaime Buitrago, se ve al mandatario junto a la funcionaria anunciando que, por gestión de ella ante la UNGRD nacional, fue posible la adquisición de los 40 carrotanques del escándalo.
En marzo de este año, la periodista Paula Bolívar hizo pública la condecoración que el alcalde Buitrago le entregó a María Alejandra Mejía por su “increíble labor en favor de los indígenas wayú”, la cual se dio en medio del escándalo por la compra de los carrotanques y justo al día siguiente de la renuncia de Olmedo.
En ese mismo informe se menciona otro hecho relevante: la presunta relación sentimental entre la joven funcionaria y Olmedo López.
El pasado 24 de mayo, El Tiempo reveló cómo la funcionaria logró gestionar gran parte de la inversión realizada por dicha entidad en Uribia, el municipio más grande de La Guajira. El papel de la funcionaria fue fundamental para que Uribia fuera el principal receptor de proyectos financiados por la UNGRD. Su influencia fue determinante en el Plan de Manejo de Urgencias, donde se justificó la entrega prioritaria de carrotanques y recursos.
María Alejandra es hija del exdiputado conservador Germán Manchi Mejía, quien ha sido señalado de controlar contratos para el suministro de agua en Uribia. Esto incluye carrotanques, jagüeyes y pozos, varios de los cuales serían desarrollados en Bahía Honda, su lugar de origen. De hecho, Manchi Mejía presidió reuniones clave al lado de Olmedo López y Sneyder Pinilla, y también participó en la planificación de la construcción de una planta potabilizadora.
En territorios ancestrales de los Mejía Sierra, el gobierno Petro planea construir un aeródromo.
La madre de María Alejandra es Azeneth Quintana, quien, junto con su hermana Inés Mercedes, está involucrada en un multimillonario contrato por 20.400 millones de pesos para la operación de 170 ollas comunitarias destinadas a alimentar a las comunidades más vulnerables.
Por este contrato, la Procuraduría General abrió una investigación por posibles desvíos de fondos a campañas políticas y falta de ejecución. Aunque el contrato fue suscrito para operar 170 ollas comunitarias, sólo dos habrían operado de manera efectiva, y también se ha denunciado que a operarios y proveedores de alimentos no se les ha pagado de manera cumplida.
María Alejandra, quien, según voces en La Guajira y medios periodísticos parece estar muy en el corazón del cuestionado Olmedo, sigue en su cargo. Su familia, señalada de acceder de manera indebida a recursos públicos, sigue en el centro de la controversia. Pero, de momento, nada les pasa.
