El susto de muchos empresarios y sus gremios frente a Petro surge de su inexperiencia para lidiar con gobiernos de izquierda y del rechazo a una visión del desarrollo y prosperidad social que no encaja en sus formas de pensar. Los generadores de valor, acostumbrados a tener acceso automático al poder ejecutivo, a crear ambientes regulatorios, a impulsar leyes gracias a los aportes a las campañas, están incómodos. Desconocen cómo buscar oportunidades cuando se trata de reducir las desigualdades e incorporar a los marginados a la institucionalidad. Rechazan las ideas de crecimiento y desarrollo social porque solo saben del libre mercado y consideran que al Estado no le toca responder por los rezagados del neoliberalismo.
Los empresarios sin duda tienen a un presidente poco dado a renovar sus preconceptos. Además, ha reforzado su imagen negativa de los “grandes” empresarios nacionales. En sus 30 años como parlamentario ha engavetado centenares de historias de abusos y de actuaciones turbias de los grupos empresariales. Para él, los empresarios son codicia, agentes de corrupción, administradores de redes de influencia, usurpadores de los recursos naturales, abusadores de los pobres con las tarifas de los servicios públicos, evasores de impuestos, recaudadores de peajes en vías que se derrumban, manipuladores de la justicia, financiadores ocultos de la violencia paramilitar y, encima de todo, determinadores del cambio climático.
Cuando Luis Carlos Sarmiento admitió ante la justicia norteamericana la participación de sus empresas en sobornos, el panorama mejoró para Petro. También le reforzó su idea y sacó a relucir en Montes de María las 22 sentencias contra el Grupo Argos por comprar tierras usurpadas a campesinos en esa y otras regiones. A pesar de las excusas presentadas, no hay quien desconozca la intensidad del conflicto en esa zona, como dicen los textos condenatorios “engavetados”, alegar que estudiaron los títulos para sostener que compraron de buena fe no es suficiente para creerles.
A Petro le ayuda a reforzar sus ideas negativas que estos dos grandes grupos -Argos y Aval- enfrenten un daño reputacional que se refleja en la pérdida del valor de sus acciones. Lo esperable sería un mea culpa, como lo hizo Aval en Estados Unidos donde los delitos se pueden compensar pagando multas. En Colombia debieran reparar los daños morales y materiales causados por sobornar para ganar grandes negocios. Comprar tierras como si no hubieran sido despojadas por la violencia a los campesinos argumentando meras formalidades, requiere una reparación. Si quieren que el país los perdone, que el gobierno los mire diferente, deberían evitar disculpas, reparar el daño y asegurar que no incurrirán en esos comportamientos en el futuro. Solo así recuperarían el prestigio de sus marcas y el canal de interlocución con el gobierno. Mientras tanto la desconfianza mutua continuará.
El tratamiento que le dan los medios a Petro, por parte de los cuatro grupos empresariales, tampoco ayuda a acercar a las partes. Estos medios le bajan el tono a los escándalos de Argos y Aval, pero lo suben a los escándalos de Laura Sarabia, Armando Benedetti, Nicolás Petro Burgos y de los aportes a la campaña. Esperan que la Fiscalía los sancione o que el Consejo Electoral estrene la norma que hace perder la investidura por la falta de superar los topes legales. Los puentes con el empresariado, que estaban diseñados para gobiernos con las ideas económicas clásicas, están rotos. Algunos gremios torpedean la agenda del gobierno y ovacionan a sus enemigos. La respuesta del gobierno es sencilla: torpedear a su vez la acción empresarial. Y tiene poder para hacer daño.
La confrontación es un eclipse en desarrollo. Se oscurece el camino y, en tinieblas, es difícil avanzar. Los empresarios congelan inversiones, exportan sus patrimonios y se proyectan para sobrevivir tres añitos más. Las empresas más sabias ya han pasado por 5 o 10 períodos presidenciales y por 30 ministros de Hacienda de los que no se acuerdan ni del apellido, y saben que no va a pasar nada que no puedan superar. Pero hay otros desesperados por la pérdida del impulso, por la incertidumbre, y por las dificultades de gestión del gobierno, y buscan el freno de emergencia.
Sin duda las puertas de palacio están cerradas para algunos empresarios. Pero Gilinski, amigo de marras, que sabe lidiar con gobiernos de izquierda y de derecha y puede ser socio de árabes, no tiene problemas, como no los tienen una variedad de contratistas regionales que aportaron a la campaña y necesitan el guiño presidencial para renovar sus negocios. Con estos hay diálogo, hasta para pedirle al dueño de Semana que modere su campaña contra el gobierno porque Vicky se está pasando de la raya.
Las multinacionales que han vivido gobiernos de izquierda, populistas, dictatoriales y hasta religiosos se ríen cuando los locales les expresan sus preocupaciones y sus miedos. Nada grave puede pasar si se adaptan al entorno. Todo puede pasar si se convierten en actores para bloquear el camino del gobernante. En una democracia con instituciones medianamente sólidas, las opciones para entenderse con el gobierno son muchas.
En el Congreso, la oposición estimulada por un sector empresarial puede conformar bloques que llevan a dialogar y luego a negociar las reformas. Así empieza a ocurrir con la reforma a la salud. La Corte Constitucional podrá suspender las normas que causen efectos irremediables, mientras las estudia a fondo: es un filtro especial para las medidas de Petro. Es un límite enorme al poder del ejecutivo. De manera que existen mecanismos para discutir. Inclusive los encuentros que se ensayan a puertas cerradas y en secreto con mediadores válidos para evitar la incomodidad de los focos y las filtraciones selectivas a medios, son útiles.
Por supuesto, faltan traductores entre las partes y falta levantar puentes nuevos para lograr un entendimiento, acuerdos. El gobierno necesita impulsar sus iniciativas y el empresariado puede conectar con las metas sociales del gobierno para que el eclipse se acabe. Enriquecer la democracia es responsabilidad de las dos partes. Debilitarla sería una irresponsabilidad de los dos. Todos han cometido errores. Es necesario reconocerlos, pasar luego a ajustar las reglas, y diseñar un mejor futuro negociando las bases de convivencia económica y social para lograr la felicidad colectiva, como decía la Constitución de La Pepa de 1812.
