La carrera desaforada por el control de recursos estratégicos de la gran cuenca Amazónica está poniendo en riesgo nuestra seguridad climática y de paso la democracia subnacional. Grandes extensiones de territorio poseen economías paralelas, ya sea en la minería de oro, coltán, estaño, tierras públicas, maderas, coca, ganado, que claramente superan las apuestas gubernamentales de desarrollo basado en la biodiversidad o cualquier pantomima. Estas economías han desarrollado un Estado paralelo, que viene sofisticando sus instrumentos de control mientras el viejo establecimiento sigue estancado en un modelo disfuncional, corrupto en el mejor de los casos, o cooptado como tendencia general.
Un precio internacional del oro en su máximo histórico –pasaba los 3.000 dólares la onza, esta semana– y sin señales de parar; demanda de ‘tierras raras’, estaño, litio, cobre y otras más para la carrera de la tecnología informática y la transición energética de los países industrializados; una demanda de tierras para lavado a través del ganado; un comercio creciente de estupefacientes –coca y marihuana– con una autopista de exportación via Brasil y las Guyanas hacia África y Europa: todo esto configura un escenario de ilegalidad cuando los Estados presentan un remedo de capacidad regulatoria, de baja participación local, de mecanismos tibios de justicia y derechos básicos insatisfechos. Las grandes proyecciones de carreteras, hidrovías, hidroeléctricas, áreas de explotación minera y petrolera, ampliación ganadera y soyera, empiezan a cuadrar paralelamente con los enclaves de ilegalidad. Pareciera un libreto bien elaborado, donde primero se irrumpe con ilegalidad, y posteriormente, la ‘bondad’ de los gobiernos legaliza lo transformado en búsqueda del ‘desarrollo económico’ para los vulnerables. Un caso bien documentado puede ser el tránsito de zonas cocaleras del Guaviare a grandes fincas ganaderas promovidas por los programas gubernamentales de sustitución de cultivos o la propuesta de distritos agro-mineros en la reserva forestal o resguardo indígena del Guainía.
Los grupos armados aparecen como una forma de regulación local, ante la ausencia estatal. Regulan el mercado local, ponen reglamentos de comportamiento social, establecen contactos comerciales y cada vez más participan en la cadena productiva y de transporte. La población local es fuente de reclutamiento, control territorial, y de información, apoyo logístico, y ‘base social’ sobre la cual se imponen las reglas de juego regional. La sofisticación del Estado paralelo, incluye el manejo de un censo poblacional detallado, finca por finca y carnetización, así como un catastro más detallado y amplio que el gubernamental. Se tiene inventario de vías, así como los valores de impuesto que debe pagar cada usuario para las nuevas carreteras que ellos mismos diseñan, trazan y ejecutan, en una visión de ordenamiento territorial mucho más detallada que la del caótico modelo de gobiernos locales y nacionales. Se conoce el hato ganadero, finca a finca, las botellas de leche, las arrobas de queso y el valor de impuesto a tributar por cada movimiento comercial, y se instruye cuántos metros al lado de cada vía se debe deforestar para el ‘mantenimiento’ de la misma, y cuando se deben hacer mingas para regar recebo o hacer un puente de madera. Lo mismo sucede con el detalle de las reglas sociales, incluyendo las penas por robos, violencia intrafamiliar, disputas de linderos, violencia sexual, drogadicción y todo el detalle de la vida comunitaria. Los ‘castigaderos’ son una forma cada vez más frecuente de establecer zonas de reclusión forzada, para ‘corregir’ comportamientos y desvíos de la población frente a las ordenes que no se siguen al detalle, y funcionan como advertencia antes de las decisiones de muerte o expulsión del territorio. Ese nivel de control, violando los derechos de la población pero efectivo, no lo ha tenido nunca el Estado colombiano, y es lo que hace la diferencia con la capacidad de los grupos armados para ejercer como poder territorial.
En una misma semana, un cargamento de más de 50 toneladas de coltán era incautado en Villavicencio en su tránsito hacia Buenaventura y su destino final: las empresas tecnológicas de países asiáticos, mientras que un segundo grupo de funcionarios de agencias ambientales regionales era imputado por delitos asociados al tráfico ilegal de maderas. La defensora del Pueblo veía como avanzan las carretas ilegales, la coca, el ganado y la deforestación en zonas de reserva forestal, parques nacionales y resguardos, mientras que algunos celebran la ‘reducción’ de la deforestación que ha sido resultado principalmente de una acción forzada por grupos armados violando derechos fundamentales. Así no es la cosa, señores.
Los niveles de inversión histórica de los países de la región en las zonas amazónicas han sido ínfimos comparativamente con el resto del país, así como la disposición del cuerpo institucional, que siente como si lo enviaran a un ‘castigadero’ cuando son asignados a los territorios de la frontera, o peor aún, en los poblados en medio de la selva. Y la participación local en la toma de decisiones no ha sido efectiva para captar ese deseo profundo de la población, ya sea campesina o indígena, de hacer valer sus derechos. El clientelismo, y todas las formas de corruptela local, le quitan la opción a la gente de participar en la administración publica de manera limpia, o en la implementación de los proyectos regionales; y es allí, donde se asoma una oportunidad de reconstruir ese tejido social y la legitimidad de un Estado que requiere reconfigurar sus formas de gobierno en medio de este escenario en disputa, sin renunciar a la aplicación de la ley en los niveles decisorios de esta cadena de ilegalidad, en sus caras ‘legales’ e ilegales, así como los que están en lo internacional.
El escenario de disputa entre los gigantes mundiales se incrementará en los próximos años en la Amazonia continental, y nuestras democracias precarias deberían repensarse en esas regiones olvidadas para proteger nuestra seguridad climática, energética, hídrica y alimentaria, dependiente del funcionamiento de este ecosistema. Este año, en conjunto con el apoyo de varios países de la Unión Europea, vamos a proveer información a los gobiernos regionales para propiciar mejores acuerdos sobre el fortalecimiento de la cooperación regional, los derechos poblacionales locales y la protección ambiental. En 2025, Colombia asumirá la presidencia de la CELAC este 8 de abril, luego será sede de la cumbre de presidentes de la Amazonía, en Bogotá, y después asistirá a la COP 30, a realizarse en Belém, como telón de fondo este año para tomar decisiones locales y continentales y recuperar e imaginar nuevas formas de Estado amazónico en el largo plazo. Ojalá sirva.
