Esta es la historia del representante a la Cámara, Camilo Esteban Ávila Morales, investigado por falsedad en documento público e interés indebido en celebración de contratos. También es acusado de presuntamente recibir dineros de las disidencias de las Farc para su campaña, involucrado por la prensa de Brasil de participar en envíos de droga a ese país, y accionista por medio de su esposa de una compañía aérea que tiene contratación con entidades del Estado. Es una buena historia.
El congresista es miembro de la Comisión Séptima de la Cámara, tiene 36 años y nació en Inírida, Vaupés. Entró al mundo legislativo en 2022, cuando se lanzó a la Cámara de Representantes con el aval del Partido de la U y fue elegido con 3.667 votos en representación de su departamento.
Pasó del anonimato al desprestigio hace poco, como el legislador que vota a favor de los proyectos del gobierno sin leerlos, incluso en contra de las directrices de su partido. Esto cuando el 23 de mayo, en una sesión plenaria de la Comisión Séptima de la Cámara, fueron aprobados en tercer debate 95 artículos de la reforma pensional.
En medio de la votación del artículo 76 del documento, que establece el régimen de transición, el representante del Partido de la U votó positivamente a pesar de no haber leído o escuchado la propuesta porque, según él, estaba en el baño.
Cuando el secretario de la sesión, Ricardo Alfonso Albornoz Barreto, le dijo a Ávila: “Estamos votando el artículo 76 con la proposición avalada que fue leída en esta sesión”, Ávila respondió que estaba en el baño. “¿Me puede leer la proposición por favor?” dijo el representante del Vaupés. A lo que Albornoz respondió: “Es que ya estamos en votación”. “Ah bueno, voto sí”, dijo tranquilamente el representante de La U.
Pero antes de estar en el legislativo, o en el baño mientras hace leyes, Ávila se dedicaba al sector privado del transporte aéreo. Desde 2016 fue representante legal y gerente de la compañía Aerovías Regionales del Oriente SAS, conocida como Aro SAS que tiene avionetas para pasajeros y carga. Esta empresa, de la que fue accionista mayoritario hasta enero de 2021, actualmente es dirigida por su esposa.
Esto no sería importante sino es porque la sociedad de la pareja ha tenido contratos recientemente con entidades del sector público, como la Gobernación de Vaupés, el Hospital San Antonio de Mitú, el ICBF y varias alcaldías municipales. Desde que es congresista, Aro SAS ha firmado más de una docena de contratos con entidades públicas de su departamento que suman casi 1.300 millones de pesos. DescAro SAS.
Polémico, pero hasta ahora estamos empezando. La Contraloría General de la República le abrió a Ávila Morales un proceso ordinario de responsabilidad, el 17 de febrero de 2020, como representante legal de esa compañía.
La entidad estableció que la EPS indígena Mallamas pagó unos trayectos cobrados por su empresa Aro SAS, habiendo advertido el grupo auditor de la Contraloría el incumplimiento en la realización de estos. Es decir, la EPS pagó a la compañía del hoy representante unos vuelos que nunca se realizaron por valor de 250 millones de pesos. Los pasaron por lo alto.
El contrato se investigó porque estaba sujeto al Plan Obligatorio de Salud Subsidiado y Contributivo para el traslado de pacientes afiliados a esa EPS. Según lo pudo determinar la unidad investigativa de El Tiempo, solo hasta que el escándalo estalló, la aerolínea devolvió el dinero reclamado, por lo cual el proceso fiscal cesó.
Pero vamos más para atrás. Como sabemos, Vaupés limita al este con Brasil. Una investigación conocida en ese vecino país cuenta sobre la manera como las disidencias de las Farc en la zona envían cargamentos de droga a la organización criminal brasileña Primer Comando de la Capital, PPC. La canción diría: Mira, que cosa más linda, más llena de gracia, es esa cocaína que viene, que pasa....
El PPC es una pandilla brasileña inspirada por el Comando Vermelho. Ambas organizaciones criminales fueron conformadas por prisioneros que organizaron grupos para defenderse en el violento sistema penitenciario de Brasil. El PPC en esa región se dedica entre otras actividades delictivas al transporte de droga con el fin de llevarla a las costas del Caribe brasileño, exportarlos a República Dominicana y finalmente crear el canal de envío a Europa.
Existe una investigación que adelantan las autoridades brasileñas desde 2020, que fue publicada por medios locales, sobre el uso de la zona fronteriza entre Colombia, Brasil y Venezuela para el narcotráfico, operaciones coordinadas entre las disidencias de las Farc y el PPC por el colombiano Nelson Jaramillo Quiceño, alias Calidad.
Alias Calidad perteneció a las denominadas Autodefensas del Yarí, un grupo paramilitar que operó en la Amazonia y Orinoquia, recordado por su rastro macabro y posteriormente se radicó en São Gabriel da Cachoeira, población brasileña que limita con Colombia.
La DEA de los Estados Unidos recibió los datos de alias Calidad por parte de las autoridades en 2020 y desde entonces empezaron las investigaciones en su contra, que fueron reveladas luego del hackeo de los más de 7 millones de correos de la Fiscalía de Colombia.
Pues acá se conecta con el representante a la Cámara según las investigaciones en Brasil. El tráfico entre Miraflores y Mitú se da vía fluvial, lugar desde donde despegaban los aviones para pasar al vecino país y así evitar las dificultades terrestres. El destino era la provincia de Manaos, que según se pudo establecer, era conectado presuntamente en aviones de la empresa Aro SAS. Sí, la misma de la familia de Ávila Morales.
Los itinerarios aéreos de la compañía levantaron sospechas en las autoridades, pues en reiteradas ocasiones despegaban de Mitú sin pasajeros y aterrizaban en pistas clandestinas de Brasil. Según el expediente filtrado de la Fiscalía, todo coordinado por alias Calidad. Le deberían cambiar el alias a Calidad garantizada.
Los reportes cuentan de una declaración de un testigo que hizo parte de una supuesta celebración por la entrega exitosa de un cargamento de cocaína, en la que presuntamente habían participado el entonces gerente de Aro SAS y hoy representante, Camilo Esteban Ávila Morales, y el señor Carlos Enrique Penagos Celis, quien era alcalde Mitú de la época.
La información reportada también cuenta sobre un presunto aporte económico irregular en efectivo de más de 130 millones de pesos por parte de las estructuras ilegales de narcotráfico en cabeza de alias Calidad, en favor de la campaña política a la Cámara de Ávila Morales.
Infobae habló con el congresista sobre estas acusaciones en los medios brasileños quien les respondió: “quisiera aclarar en primer lugar que, conozco al señor Andrés Enrique Penagos de toda la vida, de la infancia, hemos compartido en espacios familiares, sociales; es mi amigo de la infancia, soy el padrino del hijo de él, y él es el padrino de mi hija, hemos compartido muchos espacios toda la vida”.
Pero afirmó categóricamente que durante su tiempo como encargado de la empresa Aro SAS, nunca tuvo conocimiento de que la compañía estuviera inmersa en una investigación judicial por ningún delito, y que jamás ha sido notificado de investigación en su contra por los hechos que se mencionan.
Por eso terminemos con otro caso en donde sí fue notificado. La historia es del 26 de febrero de 2016, cuando Ávila Morales fungía como contratista. Ese día firmó justamente un contrato de prestación de servicios con la Gobernación de Vaupés, cuyo objeto era: “transporte aéreo para garantizar el desplazamiento de funcionarios y representantes de la sociedad civil”, por valor de 71.682.050 pesos.
Dentro de los requisitos exigidos al entonces contratista estaba la presentación de certificados que acreditaran experiencia para llevar a cabo el proceso contractual, para lo cual presentó un documento que daba cuenta de un servicio prestado a la empresa Teknik Consulting SAS, cuyo representante legal es el señor Iván Adiel Ávila Morales, su hermano.
En su condición de representante legal de Teknik Consulting, el señor Iván Adiel acreditó la celebración, ejecución y liquidación de un contrato con el señor Camilo Esteban Ávila Morales, cuyo objeto era “transportar diferentes elementos con destino a la ciudad de Mitú, departamento del Vaupés”, por un valor de 350.000.000 de pesos con un plazo de ejecución de 30 días. La fecha de celebración de dicho contrato fue el 2 de febrero de 2014.
Sin embargo, una auditoría de la Contraloría Departamental realizada en 2017 a la Gobernación del Vaupés determinó que el documento era falso. Como se oye, Teknikamente falso.
Como dijimos, el contrato tiene fecha del 2 de febrero de 2014, con una ejecución de doce meses. Pero una revisión del certificado de existencia y representación legal de esa empresa expedido por la Cámara de Comercio certifica que la empresa Teknik Consulting SAS se constituyó en Tunja el 28 de abril de 2014, y fue inscrita el 13 de mayo.
La revisión de las fechas demuestra que no tenía manera de contratar en febrero ni pagar 350 millones de pesos, ya que su creación fue meses después. La compañía no existía.
El contrato falso fue presentado por el señor Camilo Esteban Ávila Morales, como experiencia para acceder al proceso de selección abreviada de subasta inversa presencial DV-SASI-2016-001 de la cual resultó ganador, ya que, con la experiencia acreditada con la certificación aportada y suscrita por su hermano, cumplió las condiciones y requisitos exigidos en el pliego de condiciones del proceso.
Pero en realidad todo fue un simple acuerdo entre dos hermanos para cometer delitos en la celebración de contratos con plena conciencia de que su actuar era ilegal, para obtener la adjudicación del contrato denunciado por la Contraloría Departamental del Vaupés en su referenciada auditoría.
Este hallazgo de carácter penal fue trasladado a la Fiscalía para que se adelantara la investigación por presunta falsedad en documento público. La noticia criminal fue asignada el 10 de junio de 2019 al despacho de la Fiscalía Segunda Seccional de Guainía y Vaupés. El 16 de abril de 2023, se radicó nuevamente ante la Fiscalía Segunda de Mitú. Pero fuentes en la región dicen que el congresista, su hermano, y sus amigos, controlan lo que pasa en la Fiscalía local y por eso el caso nunca ha avanzado.
De pronto, ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuenta que actualmente Camilo Esteban Ávila Morales tiene fuero de congresista, el proceso se mueve mejor. Por su parte, su hermano Iván Adiel Ávila Morales, según la página del Consejo Nacional Electoral, aspiró a ser gobernador de Vaupés el año pasado y ahora es diputado. Una familia que pasó de los negocios falsos a la política. O de pronto están en la política para proteger los negocios reales.
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