El 21 de noviembre de 2023, Ecopetrol publicó un comunicado sobre la importación de gas desde Venezuela. Este informaba que, tras el levantamiento de sanciones por parte de EE.UU. a Venezuela y a su petrolera PDVSA, Ecopetrol había solicitado en noviembre de 2022 a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) autorización para adelantar negociaciones con PDVSA en asuntos de hidrocarburos. Se recordaba que la petrolera colombiana tiene un contrato vigente desde 2007 con PDVSA para la importación y exportación de gas, que finaliza en 2027. Este contrato, firmado durante los gobiernos del expresidente Álvaro Uribe y Hugo Chávez Frías, quedó inmortalizado en una foto en la que Uribe, vestido de blanco, conversa con Chávez, vestido de rojo, mientras Martín Torrijos, entonces presidente de Panamá, los observa. Al fondo, una pancarta dice "Gasoducto Transcaribeño Tramo Antonio Ricaurte" (ver imagen).
El contrato se firmó tras un acuerdo en 2005, en el que ambos presidentes, que ya se miraban con sospecha pero mantenían las formas diplomáticas, decidieron construir un gasoducto, el Antonio Ricaurte, con una extensión de 89 kilómetros en territorio colombiano y 135 en el venezolano. PDVSA operaría el gasoducto y ambos países comercializarían el gas. Finalmente, solo Colombia exportó gas a Venezuela, que pagó por el suministro, contrario a lo que algunos afirman en redes sociales. En 2015, tras la muerte de Chávez y el deterioro de las relaciones entre ambos países, el gasoducto fue abandonado.
Unos días después de la posesión del presidente Gustavo Petro en agosto de 2022, la entonces ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, empezó a promover la idea de reactivar la importación de gas desde Venezuela. Inicialmente, Vélez afirmó, repitiendo lo que otros le explicaban, que no se otorgarían nuevos contratos de exploración de hidrocarburos y que, si se necesitaba gas, se importaría desde Venezuela. Ante la reacción negativa, Vélez aclaró que no era una prioridad, sino solo una idea en estudio. Sin embargo, ha sido una prioridad para el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Hace pocos días, durante el Congreso de Andesco, Roa habló sobre el abastecimiento de gas para los próximos diez años y mencionó que en 2025 podría comenzar la importación desde Venezuela.
Mientras en Ecopetrol esperan la autorización de la Ofac para negociar con el gobierno de Maduro, surgen preguntas sobre los vínculos de Danilo Romero, un empresario del sector minero energético cercano a Petro, con Alexander Cadena, presidente de Cenit desde mayo. Cenit, parte del grupo Ecopetrol, es responsable del transporte de crudo y sería clave para importar gas desde Venezuela. La relación entre Romero y Petro es tan cercana que la esposa de Romero, Carolina Plata, trabaja en el gobierno junto a la primera dama, Verónica Alcocer, y Petro es padrino de uno de sus hijos, como contó La Silla Vacía. Aunque Romero conoce a Cadena, quien tiene una destacada trayectoria en el sector como presidente de ODL y además empleado de la propia Cenit, sería útil que Ecopetrol aclare si la importación de gas implicaría intermediarios privados en Colombia y Venezuela o si se realizaría de gobierno a gobierno.
En febrero de 2023, el fantástico periodista venezolano Roberto Deniz publicó un reportaje en Armando.info https://armando.info/la-larga-tuberia-que-conduce-de-unos-empresarios-a-ellos-mismos/ mencionando a dos empresas interesadas en el negocio del gas: Prodata Energy en Venezuela y Energy Transitions en Colombia. Prodata cambió de dueños dos días antes de la victoria de Petro. Sobre Energy Transitions, ¿tiene Danilo Romero alguna relación con esa empresa?
Parece inevitable que Ecopetrol considere reactivar el contrato para traer gas desde Venezuela, especialmente si la situación interna empeora y ese gas se necesita con urgencia. Ya Colombia hace negocios de hidrocarburos en Brasil y en Estados Unidos, y podría también hacerlos, con toda la transparencia del caso, en Venezuela. La inversión que se necesitaría para habilitar el abandonado gasoducto Antonio Ricaurte sería (eso fue lo que le dijeron a la junta directiva de Ecopetrol el año pasado) de unos 50 millones de dólares, una cifra marginal para un negocio de estas proporciones.
De paso, quedaría otra discusión técnica. El gas venezolano no cumple con la normatividad colombiana: no llega con la presión que se necesita, ni cumple con el porcentaje de CO2 y de H2S exigido. Si quieren, como dice el presidente Roa, transportarlo y comercializarlo en Colombia, tendrían que tratarlo. Mucho antes de todo esto, Ecopetrol debe comprometerse a que esta sería una solución temporal. La autosuficiencia energética de 50 millones de colombianos no puede quedar en manos de un tercero, mucho menos de un país que tiene un autócrata iletrado, matón y corrupto como mandatario.
Esto bien lo saben en Europa.
