Paola Herrera
7 Marzo 2023

Paola Herrera

El Gobierno se entregó

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Desde noviembre del año pasado las comunidades campesinas en la zona de Los Pozos en San Vicente del Caguán, Caquetá, elevaron sus legítimos reclamos al Gobierno nacional, para que por fin se cumpliera con los compromisos que la anterior administración les prometió y que pretendían mejorar la calidad de vida de quienes viven en una región históricamente olvidada y golpeada por el conflicto armado. 

Ante la falta de atención por parte de las entidades del orden nacional, la copa se empezó a rebosar y cuando llegó febrero estalló una crisis social que generó un gran impacto económico y un problema de orden público mayor. 

Cientos de personas, que dicen ser campesinos de la zona, empezaron a protestar y la situación se tornó tan compleja que hasta se tomaron las instalaciones de la empresa petrolera Emerald Energy, las incendiaron y, lo más grave, secuestraron a los miembros de la fuerza pública que llegaron a controlar la manifestación y a personal de la compañía.

Todo el país vio cómo aquellos campesinos utilizaron la violencia para exigir que les cumplieran sus peticiones y en medio de una confrontación –que en menos de una semana escaló a lo más alto– un policía resultó muerto al igual que dos integrantes de la comunidad que protestaba. 

La gravedad de lo sucedido hizo que por fin el Gobierno llegara al lugar y tomara las riendas de la situación. Tuvieron que morir tres personas y otras más quedar heridas para que alguien le pusiera cuidado a un problema que desde hace cuatro meses se estaba convirtiendo en una bomba de tiempo, que hace una semana explotó.

Pero, ¿cómo es que, tras varios meses de reclamos y muchos días de enfrentamiento, de tener humillados a los policías retenidos, de hacer que la multinacional petrolera suspendiera todas sus actividades y de afectar al resto de la gente que vive allí, se lograra en un solo día controlar este escenario?, ¿qué hizo el Gobierno para convencer a los campesinos de liberar a los secuestrados, de dejar de protestar y de sentarse, por fin, a dialogar? 

Sencillo: el Gobierno se entregó a estas comunidades, o por lo menos eso es lo que muchos expertos opinan, y les demostró que pueden hacer lo que quieran, que pueden utilizar las vías de hecho y presionar al punto de volverse autoridad para sacar corriendo a una empresa.
 

Y digo que se entregó porque en los nuevos acuerdos pactados con los reclamantes se estableció claramente que se revisará la viabilidad jurídica del contrato con Emerald Energy y lo más seguro es que se defina que no podrá seguir trabajando allí. 

Esa multinacional china con sede en Londres, lleva desde 2012 explotando hidrocarburos en el campo Ombú ubicado en el Caguán y aunque, al parecer, tiene problemas por violaciones a la licencia ambiental, es fuente de empleo para la gente en la región y deja importantes recursos de regalías para invertir en el departamento.

Claro, ya sabemos que en Colombia es costumbre que se roben la plata de las regalías y que los políticos saquen sus tajadas a cambio de aprobar proyectos, pero no por eso es aceptable que una comunidad a la fuerza y con violencia pida que les den los dineros que se merecen o que les construyan las vías que necesitan.

Sé que la gente está cansada de que en su cara les prometan y no les cumplan, sé que lo que piden es completamente válido, porque es claro que una empresa como Emerald Energy antes de empezar a operar allí tuvo que firmar unos compromisos que no se pueden quedar en el papel. 

El problema es que toque llegar a esas instancias de matar a gente inocente o de retener a personas en contra de su voluntad para que atiendan sus suplicas, estoy segura de que eso solo lo hace un grupo al margen de la ley y no una comunidad preocupada. En este caso hay serios indicios de que esas inconformidades fueron aprovechadas por grupos armados que pescaron en río revuelto. 

Y eso es lo triste, porque es como si se tratara de una estrategia de las bandas criminales en la que cayó el Gobierno. Aunque la ministra de Minas, Irene Vélez, explicó en entrevista con Sigue la W, que fue la empresa la que presentó la carta diciendo que cancelaban su contrato en ese campo petrolero colombiano, es evidente que lo hace por presión y el Gobierno no la defendió. 

Y eso no es todo. En los acuerdos también se pactó que se pueda conseguir una especie de permiso de la Agencia Nacional de Minería para que se pueda hacer explotación de materiales que se necesitan para construir infraestructura vial. 

Esa explotación, que es básicamente de asfalto, la harían las organizaciones sociales tras la firma de un contrato que les tendría que dar la Gobernación de Caquetá. Es decir, estando en plena época electoral el ente territorial tendrá en sus manos el poder para decidir a quién le entrega ese jugoso proyecto, que además le abre las puertas a la minería artesanal allí. Una dádiva más.

Estamos de acuerdo con que las empresas petroleras deben mejorar sus procesos y deben respetar lo acordado con la población en donde tienen injerencia. Como les mencioné anteriormente esta empresa, Emerald Energy, tiene problemas con la licencia ambiental, que, según el portal ambienteysociedad.org.co, se dieron por captación de agua mayor a la permitida, vertimiento de agua contaminada y construcción de dos locaciones no aprobadas, entre otras cosas. Todo eso afecta de manera directa a la gente que vive en inmediaciones del campo que esa compañía explota y, por ende, merece una fuerte sanción y resarcir el daño que hizo.

Pero entonces, ahora con esa presión, con esa forma de sacarlos, con el Gobierno permitiendo que con violencia la echaran, se irá con sus bolsillos llenos y sin ningún castigo real por haber hecho lo que hizo e incluso hasta pactar alianzas que contribuyeron a que se generara esta crisis. 

Por el momento las comunidades que siempre habían perdido, ganaron temporalmente, pero el más afectado será el país que manda un pésimo mensaje, deja que se vaya como víctima una empresa que ayudó a provocar esa dura situación y pone por encima de muchos los intereses de quienes creen que con las armas se consiguen las cosas. 

Espero que no pase lo mismo con Parex en Arauca, otra empresa petrolera que hace un mes suspendió sus operaciones por las amenazas del ELN, la guerrilla que supuestamente está negociando la paz, pero acabando con la economía. Ojalá en ese caso, el Gobierno sea más consciente y no se entregue también ante las exigencias de quienes están por fuera de la ley. 

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