En mi memoria están los recuerdos de tres ministros que tuvieron que renunciar a sus cargos en Francia, China y Brasil porque, en ese orden, unos ancianos se murieron por calor en un verano, unos niños fallecieron por una leche contaminada y un avión se estrelló por un hueco en la pista de aterrizaje, sanción política que se impusieron porque se supone que esos errores no pueden ocurrir en los servicios que prestan los ministerios.
En Colombia, país tan mal gobernado, solo recuerdo el caso semejante de un ministro de Justicia que renunció a su cargo porque el Congreso aprobó una ley inaceptable y él consideró su deber asumir su responsabilidad política.
Ahora Gustavo Petro, con el respaldo de Eduardo Montealegre, ministro de Justicia, anunció que en las elecciones del 8 de marzo de 2026 “será entregada una papeleta para convocar la asamblea nacional constituyente”, potestad que no tienen porque esa consulta no está autorizada en la Constitución y la ley y nada les da poder legal para ordenarle al registrador que distribuya y contabilice esa papeleta. Hora de recordar que el registrador de 1991 no contó la llamada ‘séptima papeleta’ porque no había norma legal que se lo autorizara, lo mismo que ocurre ahora.
La Constitución tampoco autoriza a que con esa papeleta se inicie el trámite para modificarla, a la par que sí señala que todo cambio constitucional tiene que tramitarse en el Congreso, verdades que Petro, Montealegre y los colombianos ilustrados conocemos. Lo que hace más cínicas sus conductas autoritarias y violatorias de las normas que juraron cumplir, por lo que Montealegre debe renunciar a su ministerio.
Montealegre también debe renunciar porque le respaldó a Petro el llamado ‘decretazo’ que intentó con sus ministros, otra ilegalidad, tipificada en el Código Penal como prevaricato. Qué desvergüenza de Gobierno, de lo peor que hayamos padecido, al que unos petristas aplauden por falta de información y otros, los que tienen poder, por cínicos y enmermelados.
Además, por un mínimo de dignidad, ni Petro ha debido nombrar ministro a Montealegre ni este aceptarle el cargo, luego de que, el 21 de mayo pasado, Montealegre les escribiera a sus contactos: “La elección de Héctor Carvajal, como magistrado en la Corte Constitucional, es la bancarrota ética del gobierno de Gustavo Petro. Impresentable, eligieron a un bandido. ¡Resistencia moral! No hay otro camino ante la arrogancia dr Petro. ¡No más corrupción! Basta ya Petro”.
Y Petro, que se presenta como el adalid de la crítica a las EPS, nombró ministro a Montealegre a sabiendas de que fue amigo personal y abogado de Carlos Palacino, condenado a 15 años de prisión por sus malos manejos en Saludcoop EPS, sanción que acaba de confirmarle el Consejo de Estado con una multa por 1,4 billones de pesos. Tan cercanos fueron, que cuando en 2012 Montealegre llegó a fiscal, se declaró impedido en lo concerniente al caso Saludcoop EPS, proceso que poco o nada se movió durante su Fiscalía.
Concluir con lo que dije cuando Petro –en 2024– amenazó con una asamblea nacional constituyente. Que eso era un cañazo, es decir, el engaño del que dice apostar duro cuando no tiene fuerza, verdad que demostró la experiencia.
Y cañazo que debe repetirse con la papeleta de marzo de 2026.
