El país vive un momento intenso, complejo y lleno de retos. Las reformas que impulsa el Gobierno nacional y que hacen su paso por el Congreso deberían ser la oportunidad para realizar los cambios necesarios en la construcción de una sociedad más equitativa, justa y pacífica. La educación juega un papel fundamental en ese propósito. El Gobierno pareciera entenderlo, pero sus propuestas desconocen la necesidad de buscar consensos. Y aunque en el Congreso se están discutiendo las principales reformas sociales, preocupa que la educativa sea aprobada sin la suficiente discusión y se desaproveche la oportunidad para abordar las problemáticas de fondo, que obstaculizan la construcción de un modelo educativo que responda a las necesidades actuales y futuras. No basta con saldar deudas históricas. Es necesario, como mínimo, garantizar el derecho a una educación de calidad que privilegie la formación integral en el ser y en el saber y que seduzca a la juventud con las bondades intrínsecas de los aprendizajes a lo largo de la vida. Este propósito no se puede lograr sin la inversión necesaria para dar un salto real en materia educativa.
Cada vez que conocemos resultados de pruebas nacionales o internacionales o comparamos indicadores educativos, nos escandalizamos porque no hemos sido capaces de construir políticas de Estado que sobrevivan a los distintos gobiernos. De acuerdo con las estadísticas de la Ocde, somos uno de los países que menos invierte en educación y ciencia, y uno de los muy pocos que no tiene currículo. Los resultados en ciencias, matemáticas y lectura son bajísimos. La tarea sigue pendiente.
El Gobierno ha presentado un proyecto de Ley Estatutaria que tiene por objeto “establecer las garantías del derecho fundamental a la educación”. Es una apuesta políticamente correcta, aunque aún hoy ni siquiera se tenga una estimación del costo fiscal de la reforma. Con seguridad, nadie se opondrá (me incluyo) a que se garantice el derecho. Ahora, ¿qué educación ofreceremos? ¿Cómo podremos satisfacer las expectativas que se generarán en las comunidades? Presiento que no tendremos un aumento significativo en calidad porque no aumentaremos eficientemente el presupuesto. Tampoco se ha abierto la discusión sobre la necesidad de un currículo unificado, ni se examinan las condiciones de la gestión educativa. Tampoco se proponen mecanismos que permitan que entre los sectores público y privado se mejoren el acceso, la permanencia, la pertinencia y las condiciones socioemocionales. No hay consideraciones sobre la forma de mejorar la formación docente, la pedagogía y el uso de nuevas tecnologías en el proceso de aprendizaje. Tampoco se ofrecen alternativas que permitan avanzar en la educación socioemocional.
Propongo que para hablar de una verdadera reforma a la educación se trabaje de manera coordinada y simultánea la Ley de Educación, la Ley de Educación Superior y la Reforma del Sistema General de Participaciones.
En estas reformas se deberían abordar, por lo menos, cinco aspectos: i) Definir un concepto y ruta de calidad, que implique la construcción de un currículo para el país que reconozca su diversidad. ii) Asegurar los mecanismos de acceso, permanencia y pertinencia en la formación integral desde la educación inicial. Esto implica garantizar a todos los niños y niñas oportunidades de aprender, asegurando condiciones adecuadas para mantenerlos en la escuela (alimentación, transporte, servicios), y promover el aprendizaje (textos, útiles, dotación, etc.), incluyendo docentes mejor preparados. iii) Pasar del concepto de educación superior a uno de educación posmedia que ofrezca opciones a la juventud acordes con sus intereses y realidades. Incentivar modalidades como bootcamps, técnicos y tecnólogos. En la educación universitaria se debe buscar la pertinencia. Múltiples estudios revelan que en 2030, entre el 75 y el 85 por ciento de las profesiones que serán más demandadas, aún no existen. iv) Potenciar el sistema mixto, privilegiando la educación pública y reconociendo el aporte del sector privado. v) Reestructurar los mecanismos de distribución, administración y uso de los recursos.
A más de 20 años de promulgada la Ley 715, no se ha logrado reemplazar un sistema basado en el gasto, por otras modalidades de asignación en función de los resultados.
Lo que no puede pasar es que se sigan creando expectativas que se vuelvan imposibles de cumplir. La Ley Estatutaria no es inocua. Requiere discusión, decisión y acción. Debe ser la hoja de ruta para los próximos años en la configuración de una política de Estado, y no se debe entender únicamente como el mecanismo para cumplir las metas de este gobierno. Es el momento de la educación.
