Múltiples reportes de inteligencia militar obtenidos en exclusiva por esta columna y una indagación previa de la Fiscalía General de la Nación, hasta ahora desconocida, relacionan al representante a la Cámara, Camilo Esteban Ávila Morales, con operaciones de tráfico de droga. Así como se oye.
Como establecimos en la columna anterior titulada ‘El expediente del representante de La U’, este congresista es miembro de la Comisión Séptima de la Cámara, tiene 36 años y nació en Inírida, Vaupés. Entró al mundo legislativo en 2022, cuando se lanzó a la Cámara de Representantes y fue elegido con 3.667 votos en representación de su departamento.
También vimos que el representante de La U tiene una investigación por falsedad en documento público e interés indebido en celebración de contratos. Ha sido acusado de presuntamente recibir dineros del narco para su campaña, e involucrado por la prensa de Brasil de participar en envíos de droga a ese país. Finalmente probamos que es accionista, por medio de su esposa, de una compañía aérea que tiene contratación con entidades del Estado. Pero nada de esto es tan grave como lo que vamos a analizar.
Empecemos por el contexto. El señor Camilo Esteban Ávila Morales, desde 2016, fue representante legal y gerente de la compañía Aerovías Regionales del Oriente SAS, conocida con el acrónimo de Aro SAS. Esta empresa tiene avionetas para pasajeros y carga. El hoy representante del Partido de la U, fue accionista mayoritario de esa sociedad hasta enero de 2021, cuando cedió sus acciones, a su esposa, la señora Mónica Alejandra Losada Trujillo para poder elegirse al Congreso.
Ahora bien, pese a no figurar en los registros de la sociedad, el representante Camilo Esteban Ávila Morales aparece actualmente como dueño de la mayoría de dos avionetas que tienen contrato de arrendamiento con la empresa Aro SAS. Dos aeroplanos modelos Cessna U206F de matrículas HK1526 y HK1735 que vienen trabajando en la empresa. Todos saben que el valor de las compañías aéreas está determinado por sus activos, que son sus aeronaves.
Esto es importante por dos razones. La primera, porque la sociedad de la pareja, que hoy es gerenciada y representada por la señora Diana Lorena Moreno Valencia, ha tenido contratos recientemente con entidades del sector público, como la Gobernación de Vaupés, el Hospital San Antonio de Mitú, el ICBF y varias alcaldías municipales. Desde que es congresista, Aro SAS ha firmado más de una docena de contratos con entidades públicas de su departamento que suman casi 1.300 millones de pesos. Aro SAStre.
La segunda es más grave. Ya que múltiples reportes de inteligencia militar secretos involucran a la empresa Aro SAS, a las aeronaves de Ávila Morales y al representante con nombre propio, en operaciones ilegales de narcotráfico entre Colombia y Brasil.
Mirémoslo en orden cronológico. El primer reporte es un informe de inteligencia del 21 de junio de 2020 elaborado por la dirección especializada contra el narcotráfico en la zona del Vaupés. En ese se determina la influencia en la línea fronteriza entre Colombia, con Brasil y Venezuela de las operaciones coordinadas por el colombiano Nelson Jaramillo Quiceno, alias Calidad, empleando corredores de movilidad fluvial y aéreos en el departamento. ¡Qué Calidad!
El reporte establece que de esta manera se puede ver “un crecimiento no soportado de los movimientos aéreos desde el aeropuerto Fabio Alberto León Bentley ubicado en el municipio de Mitú, Vaupés. Avionetas tipo monomotor las cuales despegan sin pasajeros ni carga, solo movilizan canecas con combustible y aterrizan en pistas clandestinas en el departamento del Vaupés incrementando al parecer el movimiento de alcaloides teniendo en cuenta que este aeropuerto no cuenta con radar de control aéreo”. Como dicen los pilotos, todo despegue es opcional, pero todo aterrizaje obligatorio. Y en este caso, también puede ser tramposo ya que esas operaciones son las que la prensa de Brasil relacionó a Aro SAS. Sigamos.
El 24 de agosto de 2021 se produce un segundo informe de inteligencia proveniente de la Fuerza Aérea Colombiana, que vincula con nombre propio a las empresas Aro y Teknik. Hagamos un paréntesis con Teknik. Recordemos que Camilo Esteban Ávila Morales tiene una investigación por falsedad en documento público e interés indebido en celebración de contratos. Esa historia data del 26 de febrero de 2016, cuando Ávila Morales fungía como contratista. Ese día firmó con la Gobernación de Vaupés por valor de 71.682.050 pesos, para el “transporte aéreo para garantizar el desplazamiento de funcionarios y representantes de la sociedad civil”.
Dentro de los requisitos exigidos al entonces contratista, estaba la presentación de certificados que acreditaran su experiencia para llevar a cabo el proceso contractual. Entre esos el señor Ávila Morales presentó un documento que daba cuenta de un servicio prestado a la empresa Teknik Consulting SAS, cuyo representante legal es nada menos ni nada más que su hermano el señor Iván Adiel Ávila Morales, quien hoy en día es diputado.
El contrato tiene fecha del 2 de febrero de 2014, con una ejecución de doce meses. Pero una revisión del certificado de existencia y representación legal de esa empresa expedido por la Cámara de Comercio certifica que la empresa Teknik Consulting SAS se constituyó en Tunja el 28 de abril de 2014, y fue inscrita el 13 de mayo del mismo año, es decir que no existía cuando certificó el contrato del hoy congresista. Teknik es la misma que apareció en el informe de inteligencia. No parece ser casualidad, sino mera causalidad.
Por eso volvamos a ese reporte de la Fuerza Aérea de agosto de 2021. El informe establece que “se tuvo conocimiento de una posible red criminal al servicio del narcotráfico que aparentemente estaría empleando infraestructura aeronáutica para el tráfico de estupefacientes en los departamentos del Meta, Guaviare y Vaupés. Donde se conoció que las empresas de aviación Aro SAS y Teknik Consulting SAS están vinculadas con alias Calidad, al igual que con Juan Sandoval, alias Gavilán”. Apropiados los apodos.
Posteriormente está un informe de inteligencia del 16 de noviembre de 2021 que establece que “mediante actividades de control y verificación se observa al sujeto Camilo Ávila, representante legal de la empresa Aro, y candidato a la cámara de representantes, en las laderas del río Vaupés sector Puerto Camacho en coordenadas aproximadas 1º15’51.59”N – 70º13’57.71”O a la espera de una embarcación tipo deslizadora con franja verde, de procedencia brasileña, al parecer esta realizado coordinaciones de inteligencia delictiva para el transporte de estupefacientes”. Fulminante con coordenadas y todo.
Ese reporte es del Batallón de Infantería de Selva No. 30 del Ejército Nacional y también reportó que desde el 10 de octubre 2021 hasta el día 4 de noviembre de 2021 permaneció en el municipio de Mitú alias Calidad, “el cual se reunió con los sujetos Camilo Ávila representante legal de Aro, Aerovías del Oriente, y socio del señor Carlos Enrique Penagos Celis, alcalde del Municipio de Mitú, con el fin de fijar aportes económicos para potencializar la campaña a la Cámara de Representantes del sujeto Camilo Ávila representante legal de Aro. De acuerdo con lo manifestado por fuente humana se conoce que la cuota fue aproximadamente 130.000.000 de pesos con la condición de que a cada uno de los aportantes se les asigne una contratación que les permita recuperar la inversión y generar una ganancia”. Esto es importante y hay que recordarlo.
Ese reporte trae como conclusiones que esta reunión sirvió para fortalecer las rutas de narcotráfico trasnacionales entre Colombia y Brasil “mediante el empleo de aeronaves monomotor adscritas a la empresa Aro desde el Municipio de Mitú Vaupés hasta localidades de San Gabriel de Cachoeira y Manaos en la República de Brasil”. Contundente.
El informe define que esa junta también sirvió para obtener un mayor despliegue aéreo en los departamentos de Guaviare y Vaupés, con “contratos estatales obtenidos mediante influencias de brazos políticos, para legalizar los dineros productos del narcotráfico en construcciones de apartamentos y la instalación de negocios comerciales en los municipios de Mitú, Taraira y las localidades de San Gabriel da Cachoeira, Manaos en Brasil”.
Adicionalmente se determinó “manejar un bajo perfil ante la sociedad y las autoridades estatales, para no levantar sospecha alguna de las actividades ilegales asociadas al narcotráfico”. La parte más importante viene ahora: “así mismo darles un tinte político y social a sus contribuciones económicas en el departamento del Vaupés, e incrementar la flotilla de avionetas de la empresa Aro en el Municipio de Mitú y las localidades de Cumaribo, Vichada, y Villavicencio, Meta, con el fin de expandir y cubrir de una manera mucho más efectiva el tráfico de estupefacientes”. Muy duro.
La investigación continuó con el informe de campo del 3 de enero de 2022. Ese establece en las actividades realizadas, la recepción de un comunicado No 7696 del 2 de diciembre de 2021 del Ejército Nacional en la Brigada 31. En ese documento se anexa el Informe de Inteligencia No. 10209 del 12 de noviembre de 2021, de 6 folios, en donde mencionan a las personas Nelson Jaramillo Quiceno, alias Calidad, Camilo Ávila, representante de la empresa Aro y Carlos Enrique Penagos Celis, alcalde de Mitú, quienes presuntamente presentaron un incremento económico y patrimonial, producto de actividades ilegales relacionadas con tráfico de sustancias estupefacientes.
“De lo anterior podemos observar que durante la indagación se ha mencionado en varios informes a los señores Nelson Jaramillo Quiceno alias Calidad y Camilo Ávila, representante de la empresa Aro. Respecto del señor Carlos Enrique Penagos Celis, alcalde de Mitú, no se tenía información con anterioridad”. Podría ser Pagamos Celis.
Finalmente, el 12 de enero de 2022 se da la respuesta a la orden de Policía Judicial No 7375447, en la que se establece que “Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se solicitó respetuosamente al despacho estudiar la viabilidad de correr traslado de la información referente a los señores Nelson Jaramillo Quiceno alias Calidad, Camilo Esteban Ávila Morales y Carlos Enrique Penagos Celis para el respectivo análisis; por parte de las unidades especializadas de la Sección de Investigaciones para las Finanzas Criminales - Grupo Investigativo de Extinción del Derecho de Dominio y Grupo Investigativo Contra el Lavado de Activos”.
El 18 de enero de 2022, la Coordinación Nacional del Grupo Investigativo Contra el Narcotráfico del CTI de la Fiscalía respondió que “solicitó respetuosamente al despacho estudiar la viabilidad de correr traslado de la información referente a los señores Nelson Jaramillo Quiceno, Camilo Esteban Ávila Morales y Carlos Enrique Penagos Celis para el respectivo análisis”.
La indagación ha corrido la buena suerte de dormir en los laureles, y ahora más, puesto que el investigado por esos reportes de inteligencia es congresista y debería ser la Corte Suprema la que se apropie de la investigación. Los informes de inteligencia existen, las acusaciones en contra de la empresa Aro están, y mientras tanto el representante sigue legislando posiblemente para devolver la promesa hecha de entregar contratación a sus financiadores que les permita, como dijo el reporte de inteligencia “recuperar la inversión y generar una ganancia”.
En eso llama mucho la atención que el representante Ávila Morales logró que el gobierno le asignara este año más de 80.000 millones de pesos de recursos de vigencias futuras del Ministerio de Salud, para la construcción del nuevo Hospital San Antonio de Mitú.
Según fuentes locales, las ventajas de contratación de los hospitales le permitieron direccionar el contrato de obra 434 de 2024 por más de 81.661 millones de pesos girando los recursos al mismo Hospital para saltarse la Ley 80 y poder adjudicar a dedo y favorecer la contratación sastre, al igual que con el contrato de interventoría exactamente por 5.710.042.736 pesos, que fue adjudicado a personas cercanas.
Según las mismas fuentes que se deben mantener en el anonimato por seguridad, los planos del Hospital fueron mandados a hacer por un cercano de nombre Diego Guevara, hermano de la exdirectora del Hospital, Johana Faisuly Guevara Ortiz, que dejó contratada la obra antes de abandonar el cargo hace unos pocos meses y en donde está presuntamente involucrado el hermano diputado del congresista, Iván Adiel Ávila Morales. Todo siempre en familia.
Este caso se pudo evidenciar claramente en las declaraciones dadas por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en su visita a Mitú y a las instalaciones del hospital, donde agradeció el trabajo juicioso del parlamentario Camilo Esteban Ávila Morales para este proyecto. Un poco más creativos y lo hubieran podido bautizar Hospital Drogas La Rebaja.
Ya que ese mismo trabajo juicioso de estar relacionado con transporte de drogas o de votar a favor de los proyectos del gobierno sin leerlos, incluso en contra de las directrices de su partido, como cuando Ávila Morales votó positivamente el régimen de transición de la reforma pensional, a pesar de no haberlo leído o escuchado porque, según él, estaba en el baño. Todo un avión el señor congresista de La U investigado por narcotráfico. Un congresista avión, con aviones propios. Y ahora también hospital.
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