La semana pasada, la trinca gobiernista comenzó a hablar de que sus miembros ya no son progresistas, o de izquierda, sino de “centro”. Esto lo dijeron primero los miembros de cámara de La U. Benedetti lo confirmó al referirse a la nueva alianza que está organizando para las campañas electorales del próximo año como un movimiento de "centro" conformado esencialmente por el Pacto Histórico, La U, los verdes petristas y los politiqueros transfuguistas de otros partidos que se pegan con mermelada. Para ellos, ese es el “nuevo centro”. Por eso, Petro dice que Fajardo y Claudia López son candidatos de derecha. Es un intento de la izquierda de ampliar su base electoral, por lo menos en el papel. Sergio y Claudia definitivamente no son de derecha y posiblemente atraen a un electorado de centro izquierda que es el que le dio el triunfo a Petro en 2022 y ahora se le ha vuelto arisco por la oportunidad que le hizo perder al país, que difícilmente se volverá a presentar en el corto plazo.
Ubicarse postizamente en el “centro político” no le va a servir a la alianza que están tratado de organizar con todos los manzanillos de la vieja política, porque el país ha retrocedido en esta administración y tiene que enfrentar poderosas crisis como consecuencia de este retroceso. Lo más alarmante es cómo han permitido que regiones enteras estén ahora controladas por mafias. Mas grave aún es la situación en el Catatumbo, donde el ELN es el poder dominante y está al servicio de Venezuela, lo que implica que amenaza convertirse en una pérdida de soberanía nacional. Los mapas elaborados por la Fundación Ideas para la Paz publicados en El Tiempo del 9 de marzo pasado, en un artículo de Cecilia López, muestran que la mayor parte del territorio nacional está controlado por grupas armados irregulares y solamente el centro del país está todavía libre de ese flagelo.
La sola situación de orden público es suficiente razón para no votar por el ¨nuevo centro¨, pero no es la única. En marzo de 2026, posiblemente estemos ad-portas de un apagón por los retrasos en la inversión en nuevas generadoras de electricidad convencionales o renovables, por falta de gas, por inexistencia de conexión de nuevos proyectos a la red nacional, por demoras en las consultas con las comunidades y en las licencias ambientales. Todo esto agravado por inoperancia de la administración del sector debida a interferencia del Gobierno.
Si se aprueba el proyecto de salud del Gobierno, posiblemente ya habrá hecho crisis dentro de un año por no contar con una red operativa de atención primaria y por las pérdidas de recursos que habrán ocurrido por el pago sin auditoria previa a las IPS por parte de la Adres. Y si no se aprueba, ya la crisis amenaza con inoperancia, por la forma como lo maneja el Gobierno.
En educación, además de los problemas que causan insuficiencia de cupos en la educación pública y mala calidad de la instrucción, el Gobierno ha tratado de debilitar las instituciones educativas privadas y seguramente querrá abolirlas, sin contar con una alternativa viable en educación pública. No ha sido responsable ni efectiva la gestión del Gobierno en educación y deplorable la ofensiva contra la educación privada. Adicionalmente, en el sector laboral hay millones de trabajadores que deberían haber recibido capacitación y educación que los habilite para desempeñar empleos formales y no las recibieron. Su nivel educativo y sus capacidades los condenan a trabajar en la informalidad en condiciones que contribuyen a la persistencia de desigualdad en la sociedad colombiana. Este no es un problema nuevo, pero si uno que exige atención y respuestas innovadoras.
Como si todo esto fuera poco, el Gobierno no va a tener en 2026 con qué responder adecuadamente a todos estos problemas al tiempo. No le va a quedar fácil manejar esta situación por la magnitud de cada uno de los problemas que tendrá que resolver. No va a tener recursos para responder a todos ellos y tendrá que priorizar y escoger. Hoy hay preocupación de que no se va a cumplir con la regla fiscal en 2025. De ahí en adelante podría ser mayor el problema, sobre todo si la economía sigue creciendo poco y no se hace nada para dinamizarla. La descertificación seguramente haría todo más difícil.
