Hace seis días, la Corte Suprema de Justicia confirmó la absolución del exsenador Plinio Olano en el proceso por Odebrecht, y de paso dejó al descubierto que el principal testigo de la Fiscalía en ese caso, Federico Gaviria, construyó un relato sin pruebas, lleno de vacíos y contradicciones. La decisión de segunda instancia terminó poniendo en evidencia a quien ha fungido como 'testigo estrella' de la Fiscalía en casos tan relevantes como Odebrecht y el carrusel de la contratación de Bogotá.
Gaviria dijo, bajo gravedad de juramento, que Olano había recibido 500 millones de pesos a cambio de mover hilos para que Odebrecht se quedara con contratos clave: la Ruta del Sol II, la PTAR El Salitre y la vía Duitama-Charalá-San Gil. También aseguró que el excongresista había participado en reuniones con brasileños donde, según él, se habían pactado sobornos. Agregó también que Olano había sido beneficiado con el mecanismo de pagos disfrazados con contratos ficticios y fue más allá: le dijo a los investigadores que ese dinero había terminado en una campaña política. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia no encontró evidencia de ninguno de sus dichos.
Otros involucrados en el caso Odebrecht, quienes incluso han admitido su responsabilidad en el entramado corrupto, negaron las versiones de Gaviria; entre ellos, los brasileños Luiz Bueno Jr. y Eleuberto Martorelli. Tanto Bueno Jr. como Martorelli negaron haber hecho pactos delincuenciales con Olano, y el exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales, también negó haber recibido presiones por parte del excongresista con tal de favorecer a la constructora brasileña. Según el fallo, otros implicados como Otto Bula y el 'Ñoño' Elías también negaron la influencia y los presuntos intereses del excongresista en el mecanismo Odebrecht en Colombia.
Otro de los salpicados por Federico Gaviria fue el exgobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados. Gaviria lo señaló como parte de un supuesto pacto para favorecer a Odebrecht en la construcción de la vía Duitama-Charalá y en la licitación de la planta de tratamiento del Salitre. Según Gaviria, Granados ofreció respaldo político y administrativo para asegurar que Odebrecht se quedara con los contratos, y a cambio habría recibido dinero para su campaña. Pero al revisar el expediente, la Corte estableció que el proyecto vial había sido adjudicado años antes de que Granados fuera elegido como gobernador. Ese contrato fue posteriormente liquidado y se realizó una nueva adjudicación en la que Odebrecht simplemente no participó.
En el caso de la PTAR El Salitre, la cosa fue aún más clara. La licitación fue gestionada por una firma consultora contratada por el Banco Mundial. La Corporación Autónoma Regional (CAR), que tenía participación en el proyecto, no tenía competencia para decidir el contratista. Ni Granados ni Olano —quien también fue mencionado en ese frente— intervinieron. Los funcionarios que participaron en el proceso fueron citados, y todos desmintieron las versiones de Gaviria. Ninguno reportó presiones, ni ofrecimientos, ni reuniones sospechosas. Nadie, salvo Gaviria, dijo que ahí hubo torcido. Granados, por su parte, rindió declaración jurada y rechazó categóricamente cualquier señalamiento. Su versión fue corroborada por Alfred Ballesteros, entonces director de la CAR, quien también negó haber recibido instrucciones o sugerencias de Granados o de Olano.
Pero el historial de Gaviria no arranca ni termina con Odebrecht. Gaviria, un otrora empleado del Grupo Aval, se desempeñó como vicepresidente del fondo de pensiones Porvenir por cerca de cinco años. Posteriormente se ocupó como vicepresidente comercial de Colombia Móvil (operador de la marca Ola). Allí estuvo involucrado en la compra irregular de 50.000 celulares, que fueron adquiridos como nuevos pero en realidad eran usados y repotenciados, lo que terminó generando pérdidas millonarias a la empresa.
En el carrusel de la contratación en Bogotá, Federico Gaviria jugó un papel clave como intermediario de coimas. Fue señalado de canalizar un porcentaje del millonario contrato de ambulancias —alrededor del 9 por ciento— hacia funcionarios públicos como el exsecretario de Salud Héctor Zambrano y el concejal Hipólito Moreno. El contrato, por más de 67.000 millones de pesos, fue adjudicado a una unión temporal integrada mayoritariamente por empresas sin experiencia en salud. Gaviria reconoció su participación, aceptó cargos por cohecho y fue condenado. Según la Fiscalía, él era quien se encargaba de entregar el dinero en efectivo, en cajas, en apartamentos de Bogotá. Y aunque Gaviria se presentó como testigo colaborador, el juez que condenó al exalcalde Samuel Moreno compulsó copias por falso testimonio en su contra, al considerar que no dijo toda la verdad.
También fue testigo en el proceso contra el exconcejal Omar Mejía. En este proceso, al igual que en el caso de Olano, las declaraciones de Gaviria no pudieron ser probadas. Aunque el exconcejal Mejía fue finalmente absuelto de los cargos, estuvo sometido a un juicio que perjudicó su vida y terminó con su carrera política.
En 2023, durante la Fiscalía de Francisco Barbosa, el cuestionado fiscal Gabriel Ramón Jaimes anunció la imputación a 33 funcionarios de la ANI. Los servidores públicos, con perfiles técnicos, están actualmente enfrentando investigaciones, y el dedo que los señala es el de Federico Gaviria. Existe, como en los otros casos descritos en esta columna, la posibilidad de que al final del proceso puedan demostrar su inocencia, pero con años de vida perdidos en lo económico y personal.
En 2015, Jorge Enrique Pizano le contó a Néstor Humberto Martínez que, en la maraña de corrupción que había detectado en Ruta del Sol II, estaba Federico Gaviria; a lo cual Martínez contestó: “No, hermano, esto cayó en manos del lumpen”. Curiosamente, durante su Fiscalía y la de su sucesor, Francisco Barbosa, Gaviria ofició como testigo estrella.
Testigos estrella que se entrelazaron con un grupo de fiscales que dieron crédito a sus dichos y construyeron procesos que se cayeron, años después, como barajas de naipe. Algunos de esos actores se repiten en casos como los de Olano, Omar Mejía, Luis Fernando Andrade, el exsecretario de Movilidad Fernando Álvarez, y también en el de Jorge Enrique Pizano, muerto en circunstancias irresueltas en medio de una persecución judicial.
Quizá testigos de esta catadura pueden ser útiles para sostener procesos. Y, probablemente, los verdaderos responsables de los desfalcos siguen tranquilos en sus casas, aplaudiendo desde el sofá los giros de esta tragicomedia judicial.
