Las elecciones tienen varias caras. Obviamente cumplen la función institucional de permitir escoger democráticamente las autoridades del nivel nacional, departamental y local en las ramas ejecutiva y legislativa. Es decir, les permiten a los ciudadanos decidir quiénes quieren que los gobiernen. Además de esa tarea esencial, las elecciones -todas sin excepción- también desempeñan un papel decisivo en el proceso político. No solo se decide entre nombres y candidatos.
Las elecciones son un megáfono a través del cual se proyecta el sentimiento colectivo. No obstante los ciudadanos votan por candidatos, también con su voto se manifiestan claramente sobre cómo sienten la situación del país. Por ejemplo, en las recientes elecciones de Congreso en los Estados Unidos, cuando todo el mundo esperaba que los republicanos arrasaran, el Partido Demócrata y el presidente Biden pudieron contener la marea “trumpista”. Este resultado se interpreta como un voto de confianza a Biden y un rechazo de los ciudadanos a la ofensiva contra las instituciones democráticas y contra los derechos individuales por parte de la extrema derecha estadounidense.
El 78 por ciento de los ciudadanos votaron a favor de cambiar la Constitución chilena mediante una Convención Constitucional. Y después, quién lo creyera, el 62 por ciento rechazó el nuevo proyecto de Constitución política que produjo esa misma convención. La derrota para el gobierno -que respaldaba la aprobación del proyecto presentado- fue inmensa. Esto demuestra que no se puede decir que la voluntad del pueblo queda sellada in aeternum con una elección, por más abrumador que parezca el resultado inicial.
El 7 de mayo pasado tuvo lugar la elección de los miembros del Consejo Constitucional de Chile, encargado de producir un nuevo proyecto de carta magna después del fracaso de la Convención. Otra vez los resultados electorales transmitieron un mensaje categórico. Los partidos de la derecha obtuvieron más del 60 por ciento de los escaños, otorgándole a esa ala política el control indisputado del proceso de confección de la nueva Constitución.
Aunque abundan los análisis e interpretaciones, el consenso mayoritario sugiere que lo que ocurrió se debió a los desafueros ideológicos plasmados en el proyecto de Constitución presentado por la Convención y que fue derrotado en el plebiscito. El gobierno en vez de moderar sus posturas y las de sus aliados prefirió no cambiar el rumbo. Los ciudadanos hicieron de la siguiente elección del Consejo un plebiscito. Y votaron en contra de un salto al vacío constitucional, en contra del extremismo ideológico de la izquierda y en contra del propio gobierno.
En Colombia las elecciones de gobernadores y alcaldes, y de sus respectivos órganos legislativos, se nos vinieron encima. Muchos dirán que las próximas elecciones de octubre son sobre los asuntos que conciernen a la parroquia. Que nada tendrán que ver con lo que está ocurriendo en la dimensión nacional. Sin duda, los asuntos locales pesarán bastante, pero por más que se quiera, el gobierno no podrá argüir que los resultados de esa elección no tienen nada que ver con la opinión que tengan los colombianos con el desempeño de la administración del presidente Petro.
La mayoría de los problemas que afectan a las regiones son expresión de los desafíos en el nivel nacional. La inseguridad, la impunidad, la pobreza, la parálisis de la inversión pública, el desempleo, los miles de familias que se quedan sin subsidios, la inflación… esas preocupaciones incidirán en la decisión de por quién se votará en las próximas elecciones. De allí que no es exagerado afirmar que, como lo fueron en Estados Unidos, en Chile, en Francia y como pasa en todas las democracias, las elecciones de octubre serán ineludiblemente un plebiscito sobre la gestión del actual gobierno.
La tentación de hacer hasta lo imposible -de un lado y del otro- para evitar resultados adversos es demasiado fuerte. Se tendrán que redoblar los esfuerzos de los ciudadanos, los partidos, la Procuraduría, la Fiscalía, la Registraduría y de los observadores internacionales -que ojalá sean muchos- para impedir que se distorsione la voluntad popular y que se emita un veredicto transparente en ese plebiscito.
Ya han venido ocurriendo hechos que deben prender las alarmas. Los asesinatos de activistas y líderes sociales que están trabajando en función de los comicios se han incrementado. Los grupos armados y las organizaciones criminales ya empezaron a aprovechar el cese al fuego para ejercer sobre los ciudadanos una presión intimidatoria en los territorios, previa a las elecciones. Y el dinero de diferentes actores está llegando con largueza para tratar de comprar los resultados que más les convengan.
Finalmente, de ser adverso para el gobierno el resultado del plebiscito de octubre cabe preguntarse si el comportamiento del presidente Petro y de su gobierno estará inspirado en la actitud de su colega Gabriel Boric, que al sufrir una derrota apabullante en las últimas elecciones manifestó que “no supimos escucharnos entre quienes pensábamos distinto” y procedió a extenderle la mano del diálogo a los victoriosos. O escogerá el camino de Trump que ante la derrota del Partido Republicano aumentó su radicalismo y sus amenazas a las instituciones. El camino que escoja el presidente Petro, en la victoria o en la derrota, será determinante para el futuro de nuestra democracia.
Twitter: @gabrielsilvaluj
