El discurso que está utilizando el Gobierno para conminar al Senado a aprobar las 12 preguntas que se le harían a la ciudadanía en una eventual consulta popular es que va a favorecer al pueblo trabajador. Esto merece análisis y discusión porque no todas las preguntas sometidas a consideración del Senado cumplen con ese objetivo (ver mi artículo en CAMBIO Colombia hace dos semanas). Lo principal es que la consulta popular, si ocurre, no favorece a todos los trabajadores por igual, pues está concebida para beneficiar a los trabajadores formales, que son una minoría privilegiada, y no a los desempleados o a los informales, que son la mayoría y tradicionalmente han sido excluidos.
Esto llama la atención porque entre los trabajadores formales y los informales se destaca la desigualdad en ingreso y en condiciones de trabajo, calidad del empleo y seguridad social. El pueblo trabajador por el que ha desenvainado nuestro presidente la espada de Bolívar son los trabajadores formales, la aristocracia de nuestro proletariado. Debería haberla desenvainado por los desempleados y los trabajadores informales, que son el pueblo raso. De cada 100 trabajadores, solamente 37 son asalariados formales, que trabajan por un salario y cuyo empleador paga los aportes a seguridad social y salud que le corresponden. De las 12 preguntas presentadas por el Gobierno solamente una (No. 10) se refiere al trabajador informal y la mayoría de las otras preguntas posiblemente perjudican a los informales porque el problema no se soluciona con leyes, sino “creando las condiciones para que haya una mayor y mejor oferta de trabajo asalariado que alcance al mayor número de personas”, dice Marcela Meléndez y yo pienso lo mismo.
Eso requiere poner a la economía a crecer más aceleradamente e incluir a los más vulnerables. Siendo esto necesario, no resolvería del todo el problema porque si el trabajador informal no está preparado cuando crezca la demanda de empleo formal, no va a ser contratado.
En Colombia y en otros países de América Latina el empleo formal está destinado a los trabajadores con mayor escolaridad y capacitación. Hay una relación muy fuerte entre educación o capacitación y calidad de empleo. El 95 por ciento de las personas que no tienen educación en Colombia y están en la fuerza laboral trabajan en el sector informal. El 88 por ciento de los que tuvieron preescolar, el 87 por ciento de los que terminaron primaria básica (5°), y el 83 por ciento de los que terminaron cursos en secundaria básica son empleados informales, la mayoría de ellos sin seguridad social o salud. Esta participación principia a descender para los que terminaron bachillerato académico o técnico (62 por ciento), y de ahí en adelante se va reduciendo a medida que aumenta la escolaridad. De los que recibieron educación universitaria, un 27 por ciento son informales y de los que tuvieron alguna especialización, el 88 por ciento ya son formales. Agradezco a Cristina Fernández por esta información proveniente de la encuesta del Dane (GEIH).
Entre los que trabajan en el sector informal hay un grupo de profesionales o técnicos con muy buena educación que, aunque lo hacen en el sector informal, tienen niveles de ingreso comparables a los del sector formal, y empleos de mejor calidad. Aparecen como informales en la encuesta integrada de hogares del Dane y no aparecen pues no cotizan para salud o seguridad social por el costo.
Es claro, entonces, que una barrera de acceso al sector formal difícilmente eludible es el nivel en el que culminó la educación de los trabajadores y la calidad de esa educación. El gran problema es que el número de personas que requieren mejorar su educación para poder aspirar a obtener mejores trabajos oscila entre los 11 millones de informales que estudiaron hasta media técnica o los 15 millones que alcanzaron ese nivel educativo y están en la fuerza laboral tanto con empleo formal como informal. Los programas de capacitación laboral y educación remedial que hoy ofrece el Sena en el país, principalmente en las grandes ciudades, solamente están aportando marginalmente a este problema que induce desigualdad y condena a más del 50 por ciento de la fuerza laboral a empleos precarios e inseguros.
Este es el pueblo al que hay que atender, sin perjuicio de que, si logramos crecer por encima del 4 por ciento anual, también mejore la participación del empleo formal y las condiciones de empleo a nivel individual. Es una responsabilidad del Ministerio de Educación y de las secretarias locales aportar soluciones. En un gobierno menos alérgico al sector privado se podría contar con asociaciones público privadas para buscar y poner a andar opciones. Mientras termine el periodo presidencial podrían trabajar los gobiernos y las empresas en el desarrollo de programas, cada uno por su lado para juntar esfuerzos más adelante.
