Tirso Vélez no solo era un político. Era un profesor, cantautor y poeta. Y como buen hombre de letras, sabía leer los signos del peligro antes de que otros se dieran cuenta. En mayo de 2003, cuando era precandidato a la Gobernación de Norte de Santander por el Polo Democrático, elevó un pedido de protección ante el comandante de Policía del departamento y el jefe seccional del DAS. Sabía que lo iban a matar.
No fue una intuición vaga. Fue un acto administrativo formal y documentado. La solicitud fue recibida, el riesgo evaluado y el peligro confirmado. Pero la respuesta institucional fue postergar la protección hasta que el político se inscribiera oficialmente como candidato, pese a que lideraba las encuestas con el 24 por ciento de preferencias. Como si las balas esperaran el calendario electoral o la rima de un poema.
El 4 de junio de 2003, Tirso fue asesinado en un ataque sanguinario realizado por sicarios en Cúcuta. Iba con su esposa, Isabel Obregón Toscano, y su amigo y asistente de campaña, Mario Enrique Mojica Rodríguez. Ellos sobrevivieron, pero quedaron malheridos. Años después, fue necesario que el Consejo de Estado dijera lo obvio: que el Estado los había abandonado.
Una sentencia del pasado 10 de marzo, emitida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, bajo ponencia del magistrado Nicolás Yepes Corrales, es una pieza jurídica devastadora. No solo confirma la falla del servicio por parte del Estado. La desmenuza, la desnuda, la nombra con claridad: omisión, negligencia y responsabilidad.
El fallo establece que la Policía Nacional y el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, incumplieron su deber de proteger a Tirso Vélez, a pesar de que había una solicitud formal y un análisis de riesgo que recomendaba acción inmediata. Esa omisión, concluye la Sala, fue la causa directa de su muerte y de las lesiones de sus acompañantes. Comisión por omisión, como diría mi profesor de derecho penal.
El Estado, como suele hacer, intentó esquivar su responsabilidad alegando que la culpa era exclusiva de terceros. Que los verdaderos responsables eran los sicarios que dispararon, y que no había forma de prever o evitar el ataque. Bajo esa lógica, ni la Policía ni el DAS, ahora la Unidad Nacional de Protección, UNP, tendrían por qué responder. Y de ser así, tampoco tendrían que existir, pero esa es otra columna.
Sin embargo, el Consejo de Estado desmontó ese argumento con contundencia. Señaló que, cuando existe una amenaza real, debidamente reportada y respaldada por un análisis de riesgo, el deber de protección no es opcional. La Sala concluyó que el riesgo que enfrentaba Tirso era evidente, inminente y evitable. Por eso, desestimó la exoneración de responsabilidad basada en la figura del “hecho exclusivo de un tercero”. Lo que ocurrió, dictó el fallo, fue una omisión institucional que se convirtió en causa directa del crimen. No se puede alegar sorpresa ante lo advertido. No hay fuerza mayor cuando se ignoran las alarmas.
Pero no todo es positivo. La sentencia también revisó el esquema de indemnizaciones otorgado en primera instancia y lo ajustó en varias dimensiones. Confirmó el pago de perjuicios morales a la viuda y a los hijos de Tirso Vélez, estableciendo únicamente cien salarios mínimos mensuales legales vigentes para cada uno, en línea con la jurisprudencia unificada. Además, reconoció el derecho a recibir lucro cesante, aunque lo calculó con base en el salario mínimo vigente para 2025, al no haberse acreditado los ingresos de la víctima. Como los poetas malditos del siglo XIX: “No hay poeta que no sea pobre, ni pobre que no sea poeta”.
Respecto a las lesiones sufridas por Isabel Obregón y Mario Mojica, la Sala impuso una condena en abstracto, al no haberse aportado dictámenes periciales que permitieran cuantificar el grado de incapacidad. En consecuencia, la reparación fue incompleta, como suele ocurrir en los casos en que las víctimas deben probar hasta lo que el Estado ya debería haber reconocido. Conejo de Estado.
Más grave aún, el Consejo negó el reconocimiento del desplazamiento forzado, que sí había sido concedido en primera instancia. Lo hizo por una razón técnica y es que no había pruebas suficientes sobre la fecha y circunstancias del traslado de los sobrevivientes a Bogotá. Así, la justicia reconoció la muerte, pero no todo lo que la rodeó. Como si una bala solo causara una pérdida y no un espiral de duelos, exilios, miedos y silencios.
El expediente judicial incluye una entrevista realizada en febrero de 2019 a un testigo protegido, oriundo de Cúcuta, quien ofreció una declaración extensa sobre las redes de narcotráfico, lavado de activos y corrupción política en la región. En su testimonio, el exparamilitar vincula directamente el asesinato de Tirso Vélez con la alianza entre las Autodefensas y políticos locales. Señala como autores materiales o intelectuales a Salvatore Mancuso, Jorge Iván Laverde Zapata, alias El Iguano, Gerson Álvarez Dueñas y otros miembros de la criminalidad activos en Norte de Santander para la época del crimen.
Además, el testigo menciona la participación de figuras políticas de alto perfil dentro de una estructura que, según él, operaba bajo un esquema de control armado y electoral en la región. Asegura que la Fiscalía General de la Nación, en especial la Unidad de Justicia y Paz, conocía de estos vínculos desde hace años, pero que varios informes sobre conexiones entre narcotraficantes, paramilitares y funcionarios públicos fueron archivados sin explicación. La impunidad, según su relato, no fue un accidente, sino parte integral del sistema de la época.
Por eso vamos a por qué Tirso Vélez se convirtió en un blanco de los paras. En 1992, Tirso Vélez fue elegido alcalde de Tibú con el respaldo de una coalición de izquierda y el aval de la Unión Patriótica. Desde ese cargo propuso rutas para la paz, llamando tanto al Gobierno como a la guerrilla a detener las hostilidades y sentarse a dialogar. Su administración no tardó en generar controversia. La principal, una polémica cuando rechazó el envío de 3.000 soldados al municipio y, en cambio, pidió al Gobierno 50 maestros para sus escuelas, lo que despertó sospechas en las Fuerzas Armadas, que comenzaron a insinuar una supuesta cercanía del alcalde con la guerrilla del ELN. Todo falso.
Pero lo que encendió del todo las alarmas en los altos mandos fue su poema titulado Tibú, un sueño de paz, un canto humanista que incomodó profundamente al poder militar. Tras su publicación, el entonces comandante del Ejército, general Hernán José Guzmán, solicitó formalmente a la Procuraduría General de la Nación que iniciara una investigación disciplinaria contra Vélez. La poesía, una vez más, se volvió letal.
Su asesinato fue un crimen político. Pero también un acto de censura. Para Tirso Vélez la educación, la cultura y la poesía eran los únicos lugares donde una sociedad podía respirar en paz. Le quitaron ese aire a bala limpia y la herida pegó en el corazón de un soñador, y en el de todo un territorio.
La negligencia institucional no fue solo una falla. Fue una decisión. Una que tiene nombres, cargos y documentos firmados. Nadie fue sancionado. Nadie pidió perdón. Solo los familiares, que han cargado el duelo en silencio con los pasos de su desplazamiento.
Y aunque este fallo es una victoria, deja un sabor a medias. Ya que reconoce la omisión, pero no repara integralmente. Condena, pero no transforma. Nombra, pero no compensa. Como muchos fallos en Colombia, es valiente en lo jurídico y cortico en lo moral.
El caso también pone sobre la mesa el debate sobre los esquemas de protección actuales. Solo para poner un ejemplo reciente, el pasado 26 de abril, el señor Arnold Alexander Rincón López, director de la Corporación Autónoma Regional del Chocó, fue secuestrado en la vía Quibdó-Istmina, en el sector conocido como Ranchería.
Previo al secuestro, la Policía Nacional había enviado una solicitud a la UNP, para reforzar el esquema de seguridad de Rincón, debido a amenazas recibidas por parte de un grupo delincuencial denominado frente de guerra Ogli Padilla. Sin embargo, la UNP desestimó la alerta y no fortaleció las medidas de protección. Casos como estos tenemos muchos durante este gobierno que juró proteger a líderes sociales. Ugly Pesadilla.
Así, desde el inicio de la administración de Gustavo Petro, en agosto de 2022, hasta mayo de 2025, se han registrado al menos 354 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia, según datos recopilados por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz.
Dos décadas separan todos estos casos, pero el patrón es el mismo: advertencias ignoradas, solicitudes desatendidas, consecuencias fatales. El Estado que no aprende es un Estado que repite sus crímenes. Y este gobierno los está repitiendo.
Tirso escribía sobre el Magdalena, sobre el campesino, sobre la esperanza. No murió por estar en el lugar equivocado, sino porque decidió quedarse en el lugar correcto. Su voz era una mezcla de nostalgia y lucha con esperanza. En sus versos había más patria que en todos los discursos oficiales de este gobierno. En su sangre derramada existe más significado que en todas las espadas empuñadas que se quieran levantar. Todo lo demás es un retrato de un país que permite asesinar a sus poetas y líderes sociales y luego finge homenajearlos con dolor. Ese es su último poema.
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