Iría en el tercer semestre de Comunicación Social – Periodismo en mi alma mater, cuando experimenté las primeras insinuaciones sexuales de profesores. Recuerdo un par de casos como los más abusivos e incómodos que, por suerte, no pasaron de ser dos más para el anecdotario del bloque 12, como cientos y cientos de historias que, de vez en cuando, nos revelamos entre excompañeras que ahora ya somos señoras. En medio de las revelaciones aparecen casos mucho más graves, que jamás se convirtieron en denuncias formales. La misma historia seguramente podrán contar muchas mujeres egresadas de nuestra querida Universidad de Antioquia desde décadas atrás.
Veinte años después de mis tiempos de revoloteo diario por los pasillos y patios de la que hoy se conoce como Facultad de Comunicaciones y Filología, contamos con mayores herramientas para reconocer los abusos y nos hemos despojado, al menos en parte, de los temores que nos obligaban a guardar silencio. Paradójicamente, y aunque hemos avanzado también como sociedad en términos jurídicos y culturales gracias a las constantes luchas de otras mujeres, las instancias directivas de la Universidad de Antioquia siguen anquilosadas, sin dar respuestas y atención eficiente a la enorme cantidad de denuncias sobre acoso, abuso, violaciones y otra serie de violencias basadas en género, que no solo están afectando a las víctimas directas, sino también a sus colegas, familias y círculos cercanos.
Nuestra universidad es un entorno inseguro para muchas, donde hombres, mujeres, personas disidentes y de géneros diversos han manifestado habitar con miedo; sin que se vislumbren, en el corto y mediano plazo, acciones pertinentes para cambiar esta situación, a pesar de que el pacto de silencio se rompió hace varios años.
En un artículo del periódico De la Urbe, del 14 de marzo de 2023, se explica:
En septiembre de 2022, la asamblea multiestamentaria de la Universidad de Antioquia decidió cese de actividades como respuesta a la emergencia basada en género que se produjo en el claustro universitario. Dentro de las exigencias para el retorno a clase estaba que el rector aceptara un mínimo de cinco puntos para la atención de la emergencia, el 6 de septiembre el rector se acogió a estas peticiones.
De allí nació la Mesa Multiestamentaria de Género, plenaria conformada por vocerías docentes y estudiantiles de todas las unidades académicas de la universidad en la que participan alrededor de 60 personas entre mujeres y disidencias sexuales. Esta, junto con otros estamentos administrativos como Bienestar, la Unidad de Asuntos Disciplinarios Estudiantiles —UADE—, Rectoría y Vicerrectoría de docencia, se reunía cada semana para trabajar en el avance de la política pública de atención a violencias basadas en género dentro de la alma mater.
En el artículo, además, se explica la crisis por la que estaba pasando dicha mesa de trabajo, no solo por los hostigamientos y persecuciones a algunas de sus participantes, sino por serios problemas en la implementación de la Ruta Violeta en algunas unidades académicas, que han caído incluso en graves revictimizaciones.
En las últimas semanas han surgido nuevas denuncias de estudiantes y profesoras, casos de denunciantes de tiempo atrás siguen sin resolverse, la política sigue sin ser una realidad, por eso el campus principal se volvió a llenar de carteles que dan cuenta de la reactivación de la emergencia. Estamos actualmente en asamblea permanente de estudiantes, derivada de la emergencia por violencias basadas en género, sexuales e interseccionales. Mientras escribo esta columna transcurre la asamblea de profesores, medidas que celebro y respaldo en calidad de egresada, es decir, miembro de nuestra comunidad universitaria.
Algunos de los docentes acosadores de mi época ya están en la tumba, otros se convirtieron en viejos verdes jubilados y bien vale darlos por muertos. Lo que sobrevive es el deseo de que viva nuestra universidad, pero que viva segura y libre de abusos, violaciones, acosos y todo tipo de violencias basadas en género.
