En la columna pasada invité a felicitar y a valorar algunos esfuerzos maravillosos de nuestras comunidades educativas. Sus ejemplos son inspiradores y reafirman el poder transformador de la educación. Nos dan esperanza y permiten afirmar que muchas de las comunidades del país pasaron el año y se graduaron con honores. Hoy invito a reflexionar sobre lo que deja este año para la educación y las perspectivas para 2025.
Ha sido un año largo y lento que, al igual que en la obra de Marcel Proust, está cargado de hechos que evocan recuerdos de lo perdido, sueños frustrados y una superposición de dimensiones temporales: la del Gobierno, que conjuga la lentitud de la ejecución con la fugacidad de sus discursos en redes sociales, y la del país real, con la urgencia de atender los problemas del día a día y, además, pensar la educación a mediano y largo plazo. Entre ambos extremos queda lo que se ha perdido por un discurso que menosprecia el saber técnico y que hace el llamado a saldar las deudas históricas sin tomar acciones que las corrijan. Los problemas de calidad, permanencia, financiación y pertinencia de la educación en las distintas ciudades y territorios se mantienen y en algunos casos se han profundizado.
A pesar de las buenas intenciones, y coincidiendo con los análisis de los profesores Francisco Cajiao y Ángel Pérez y con la reciente columna en El Espectador del profesor Julián de Zubiría, el Ministerio de Educación Nacional reprobó el año. Sin embargo, más que centrar el análisis en la figura o el rol del presidente, el ministro o sus directivos, recurro a cuatro perspectivas necesarias para consolidar y fortalecer el sector educativo: la gobernanza institucional, la asignación de recursos financieros, el cumplimiento de metas, y finalmente, las acciones de seguimiento y evaluación.
En cuanto a la gobernanza institucional, el panorama es particularmente crítico. El Gobierno ha adoptado un enfoque que tiende a 'desinstitucionalizar' el sector. En educación básica y media, al responder casi exclusivamente a los intereses gremiales de las organizaciones sindicales, se ha debilitado su relación con los rectores de colegios públicos, quienes, en medio de una gestión cotidiana ya compleja por las circunstancias económicas, sociales y de seguridad de los municipios, deben enfrentar las consecuencias de medidas gubernamentales erráticas y tardías. Por su parte, el sector privado prácticamente no ha tenido espacio en la discusión o implementación de estrategias conjuntas. Esta invisibilidad del Gobierno Nacional evoca la presencia intangible e indeseada del protagonista de El Hombre Invisible, de H.G. Wells. De manera similar, la desconfianza hacia cualquier esfuerzo privado ha generado un conflicto continuo, que ha llevado al desaprovechamiento de esfuerzos y a la inacción.
A esto se suma el desprecio por algunas entidades territoriales y sus secretarios de educación que han sido, en muchos casos, convidados de piedra, como en la obra de Tirso de Molina. Han quedado al margen de las discusiones de política relevantes para el sector. El mejor ejemplo es la implementación errática de la jornada única en el país, propósito que se venía avanzando desde la Ley General de Educación, y que había sido resultado de un consenso del Movimiento Pedagógico Nacional y las autoridades educativas. Los docentes, con intereses que superan las reivindicaciones gremiales, han expresado su desilusión frente al Gobierno.
En educación superior, la situación es aún más preocupante. El fin de semana pasado, más de 200 exministros y viceministros, exsecretarios, rectores, exrectores, asociaciones universitarias, representantes estudiantiles, organizaciones gremiales, empresarios y miembros de la sociedad civil, expresamos nuestra profunda preocupación por el estado actual de la educación superior, la ciencia, la tecnología y la innovación en el país. En los últimos meses se le ha dado un pésimo manejo al Icetex. Con esta y otras acciones, se ha desconocido la importancia y potencialidad de la educación superior privada. Además, es inaceptable la intervención en las decisiones de los Consejos Superiores de distintas universidades públicas y particularmente en la elección del rector de la Universidad Nacional de Colombia. Muchas veces nos sentimos en pasajes que evocan los escenarios sombríos descritos por autores como George Orwell o Ray Bradbury.
Con relación a la asignación de recursos, el resultado es ambivalente. Es de felicitar el esfuerzo en aumentar su cantidad para el sector por parte del Gobierno Nacional, al pasar de 47,3 billones de pesos en 2022 a 54,9 en 2023 y alrededor de 63,5 billones para 2024, con corte a noviembre. A pesar de las dificultades fiscales en el país, se mantuvo la apropiación cercana a los 70 billones de pesos para el sector. A pesar del aumento de recursos, las prioridades no son claras. No se entiende la desfinanciación del Icetex, ni la dispersión en la construcción de sedes universitarias. También es preocupante la baja ejecución presupuestal.
En cuanto al cumplimiento de metas, los avances son igualmente variopintos. De acuerdo con el seguimiento que realiza el Departamento Nacional de Planeación a los distintos proyectos del Plan Nacional de Desarrollo, el avance de los indicadores del sector educativo a la fecha es del 45,7 por ciento –ocupa el puesto 13 de 25 sectores–, un poco por debajo del balance general del Gobierno (47,23 por ciento). De los 23 indicadores formulados por el Gobierno Nacional en el sector educativo, 14 están por debajo del 50 por ciento.
En temas de educación preescolar, básica y media, los indicadores con mayor rezago son los de personas alfabetizadas a través de estrategias diferenciales (0 por ciento), establecimientos que implementan la evaluación de la formación integral y del programa Crese (0 por ciento), orientadores escolares en municipios Pdet (4,2 por ciento), estudiantes de educación media beneficiados con programas para garantizar el tránsito inmediato a educación posmedia (10,2 por ciento), la cantidad de establecimientos educativos que incorporan la formación integral y la educación Crese (ciudadana, para la reconciliación, antirracista, socioemocional y para el cambio climático) en prácticas pedagógicas basadas en la realidad (13,4 por ciento), el porcentaje de establecimientos educativos rurales en categoría de desempeño D en las pruebas Saber 11 (19,8 por ciento). Todas estas metas están por debajo del 20 por ciento.
Dentro de los indicadores de primer nivel, o trazadores, resulta paradójico que el más rezagado sea el de porcentaje de población campesina que no sabe leer y escribir. El Gobierno Nacional puso como meta pasar del 9,3 por ciento (cifra base de 2020) al 4,3 por ciento en 2026, y el avance es del 8,6 por ciento. De felicitar, la disminución de la deserción escolar. Pasamos de 4,37 por ciento en 2022 a 3,93 por ciento.
Con relación a la educación superior, en la meta 'Estudiantes nuevos en educación superior', el Gobierno se propuso la creación de 500.000 nuevos cupos para este nivel educativo, en su mayoría en universidades públicas. Esta cifra es bastante ambiciosa. En un año y medio de este Gobierno apenas se han creado 64.729 nuevos cupos. El cumplimiento de la meta apenas va en un 13 por ciento. Para lograr este propósito no basta con la construcción de infraestructura. Se requieren aulas, equipos de laboratorio, computadores y desarrollo en TIC, profesores, proyectos educativos pertinentes y de calidad, y un largo etcétera. En promedio, una nueva sede educativa se demora en estar en funcionamiento alrededor de 3 años, por lo que es difícil que en un año y medio se logre tener la infraestructura para cumplir el restante 87 por ciento de la meta. El problema de la educación es estructural y sistemático, viene de varios gobiernos atrás y, después de más de dos años de gobierno, se comprueba que va más allá de establecer metas que desbordan la capacidad del estado. En esta materia no se puede olvidar la situación de incertidumbre sobre el Icetex. En mi columna 'Icetex, la punta del iceberg' del pasado 28 de noviembre, abordé con profundidad la situación de esta entidad.
Sumado a lo anterior, la promesa de campaña de construir 150 sedes universitarias en zonas como Arauca, Caquetá, Casanare, Cauca, Chocó, Nariño o Putumayo también es un reto de gran envergadura. Únicamente hay cinco proyectos en obra. En noviembre de 2023, el Gobierno firmó con Findeter un contrato de 500.000 millones de pesos para infraestructura educativa. En total, son 28 proyectos en 18 departamentos. Hay avances en cuatro. El mayor porcentaje está en dos de ellos: la dotación de laboratorios para el Centro para la Investigación, Innovación y Desarrollo de la Institución Universitaria Digital de Antioquia (12 por ciento), y la construcción de una sede en el municipio de Colón, del Instituto Tecnológico del Putumayo (7 por ciento). Los restantes, apenas registran un 3 por ciento de avance. Se encuentran los estudios y diseños para ampliar la Universidad del Tolima en Chaparral y Mariquita. En departamentos como el Chocó (5 proyectos), Guajira (1 proyecto) o el Caquetá (1 proyecto), por poner un ejemplo, y en los doce departamentos restantes proyectados para intervención en el objeto del contrato, el porcentaje de avance es cero.
A pesar de esto, el mes anterior se realizó una adición al contrato por 245.000 millones de pesos para financiar otros 20 proyectos de intervención, obra nueva o dotaciones en seis departamentos y ocho municipios del país. Esta situación es evidentemente preocupante teniendo en cuenta que el contrato finaliza en julio de 2026, casi a la par del período de gobierno. De otro lado, de las cerca de 100 nuevas sedes que se encuentran por fuera del contrato de Findeter poco se conoce. Uno de los grandes problemas de este Gobierno es la falta de claridad en la información.
Finalmente, en términos de seguimiento y evaluación, la problemática es evidente. Preocupa que, luego de cerca de dos años y medio del gobierno, algunas metas no tengan el primer avance de reporte en el Sistema Nacional de Seguimiento y Evaluación (Sinergia), tales como la cantidad de personas alfabetizadas, o el número de instituciones educativas que implementan la evaluación de la formación integral Crese. Resulta también crítico que gran parte de las metas tengan su último reporte en 2023, o más preocupante aún, que se reporte sobre avances muestrales como en las pruebas Saber de 5 y 9. Se dejaron de lado las pruebas censales como las que tenía el país en 2017. El panorama es incierto y el tiempo apremia para este Gobierno que, seguramente, prometió y plasmó con buenas intenciones estas metas en el Plan Nacional de Desarrollo.
Llega un 2025 lleno de retos. Enumero sólo cuatro. El primero, el papel que debe jugar el sector educativo en formular la propuesta de ley de competencias que se derivó de la modificación constitucional al Sistema General de Participaciones. Gran parte del futuro de la educación en Colombia dependerá de este trabajo. El segundo, el esfuerzo que se debe adelantar en el mejoramiento de la calidad de la educación. El Gobierno debe entender que más recursos, sin mejoras en la calidad, no generan beneficios sociales y personales a los más de siete millones de niños y adolescentes matriculados en la educación oficial. Incluso, ojalá lograra trabajarse con las facultades dedicadas a la pedagogía en una estrategia de mejoramiento de sus programas. El tercero, garantizar los recursos en 2025 para atender las necesidades de las universidades e instituciones de educación superior. Se requiere un mayor fondeo para el Icetex que permita garantizar la financiación a estudiantes de sectores medios y de bajos recursos de la sociedad y, de paso, la financiación a instituciones de educación superior del sector privado. No favorece pretender marchitar la educación superior privada. El cuarto, definir qué metas de su propio Plan de Desarrollo se pueden cumplir para 2026. Un plan de choque es necesario. El tiempo se acaba y la mayoría de estas metas no se están logrando. Y una 'ñapa': abandonar el lenguaje polarizante y la inacción. Así no se construye en educación.
Hasta ahora, en materia educativa, el Gobierno nacional se va 'rajando'. Le tocará 'salvar la carrera' en los últimos tres semestres. La invitación es a recuperar el tiempo perdido. ¡Feliz 2025!
Posdata. Otro amigo que se va. Mauricio Uribe López fue un gran ser humano con quien comentábamos nuestras respectivas columnas. Sus análisis económicos y sus hipótesis para entender el conflicto colombiano siempre fueron sensatos. Hará mucha falta.
