Muy difícil resulta hoy para el Gobierno explicarle a la opinión pública por qué firmó con el ELN un acuerdo sobre la participación de la sociedad en el proceso de paz, cuando esa guerrilla no cede en el secuestro extorsivo, y por qué mantiene diálogos con disidencias de las Farc, cuando cada día las noticias dan cuenta de acciones armadas de los disidentes, que han agudizado el sufrimiento y la zozobra entre amplios grupos de la población civil.
La confusión reina entre los colombianos porque fue precisamente la disminución del sufrimiento de los civiles el argumento reiterado del presidente Gustavo Petro y sus coequiperos en la búsqueda de la paz, al justificar su ambicioso plan de abrir conversaciones simultáneas con grupos armados ilegales de distinta índole, que requerían tratamiento jurídico distinto. Un desafío mayúsculo.
En su Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, que tituló ‘Colombia, Potencial Mundial de la Vida’ y que fue aprobado por el Congreso el año pasado, Petro aseguró que todos los grupos que quisieran participar en la paz total debían “asumir como punto de partida el respeto a la vida: no torturar, no desaparecer, no matar y evitar confrontaciones letales, entre ellos y con la fuerza pública”.
Pero, en los hechos, nada de eso ha ocurrido y la política de paz total terminó saliéndose de las manos del Gobierno.
Así lo evidencian los cinco muertos en el Cauca -tres de ellos civiles- durante el ataque de disidencias de las Farc a la estación de Policía de Morales, los 13 muertos por enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las Farc con el Clan del Golfo en Antioquia -población de Remedios- y otro número indeterminado en los límites del Caquetá y Putumayo -en San José de la Fragua-, por combates entre facciones de disidentes de las Farc, autodenominados unos como Segunda Marquetalia, y otros, como Estado Mayor Central (EMC). Todo en una misma semana.
El año pasado, según Indepaz, ocurrieron 93 masacres en el país, que dejaron 300 muertos. Y en 2021, último año completo en el que gobernó Iván Duque, tuvieron lugar 96 masacres, con 338 víctimas. Es decir, con Petro la violencia se ha mantenido en niveles altos. En 2021 fueron asesinados 165 líderes sociales, de acuerdo con el mismo instituto, y en 2023 esa cifra llegó a 188.
Colombia luce hoy como en los peores tiempos de los enfrentamientos entre los paramilitares, las Farc y el ELN. Solo que ahora son más los grupos ilegales disputándose el control del narcotráfico y otras rentas criminales en distintos lugares del país y desafiando al Estado. Al variopinto conjunto de organizaciones armadas, se ha sumado la fragmentación de cada una.
Y el Gobierno, atrapado en esa realidad, luce completamente enredado. Para constatarlo, basta revisar lo que han dicho el comisionado de paz, Otty Patiño, y el coordinador de la delegación del Gobierno en los diálogos con el grupo conocido como EMC, Camilo González Posso, al referirse, respectivamente, a los diálogos con el ELN y con los disidentes, mientras todo empeora para los colombianos.
Es por lo menos desconcertante que el comisionado de paz diga, como afirmó en entrevista con La W Radio, que en la última ronda de diálogos con el ELN no se tocó el tema del secuestro extorsivo porque la delegación del grupo armado en la mesa de negociación no estaba autorizada para hablar de eso.
En cambio, con los delegados de esa guerrilla, los del Gobierno, encabezados por la negociadora Vera Grabe, firmaron el primer acuerdo formal con el ELN sobre la manera como se daría la participación de la sociedad en ese proceso de paz.
¿Hay o no hay negociación formal con el ELN? ¿Cómo se entiende que la delegación de esa guerrilla en la mesa de diálogos pueda hablar de unos temas y de otros no?
Resulta injustificable que el Gobierno acepte conversaciones, en teoría formales, con unos delegados guerrilleros que argumentan facultades limitadas para hablar de un tema tan inaceptable y anacrónico como el secuestro de parte de una organización armada que defiende a rajatabla un estatus político.
Por su lado González Posso, un destacado pacifista, contribuyó a la confusión que tiene hoy el país frente a lo poco que sobrevive del gigante plan de paz total, al lamentar los enfrentamientos que dejaron un número aún no precisado de muertos en los límites del Caquetá y Putumayo, y agregar que esos hechos contrastaban con los avances en la mesa de negociación con los disidentes de las Farc en el primer departamento.
Como él mismo reconoció, los enfrentamientos armados “le restan credibilidad” al propósito de paz. Además, admitió que si bien los combates eran entre dos grupos ilegales, estaban afectando a civiles, particularmente a comunidades indígenas de la zona.
Tanto las declaraciones del comisionado de paz como las de González Posso dejan bastante claro que ellos mismos están confundidos con todo lo que está pasando dentro de los grupos armados con los cuales están dialogando.
Pero como cabezas de una de las apuestas más arriesgadas del presidente Petro, les corresponde a ellos explicarles a los colombianos, lo mismo que a la jefa de la delegación del Gobierno en las conversaciones con el ELN, Vera Grabe, qué resultado concreto esperan entregarle al país, en términos de reducción de la violencia, con los precarios intentos de paz vigentes.
Por lo pronto, como lo indican los datos de Indepaz, el objetivo de disminuir la violencia a través de la política de paz total no se ha logrado. Y nada hace pensar que se logrará en la segunda mitad del gobierno de Petro.
