Iván Serrano
5 Febrero 2025 03:02 am

Iván Serrano

Escándalo inmobiliario en Cajicá: casas de lujo sin luz ni agua

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El sábado pasado, el trancón en la vía de ingreso a Cajicá se extendió por cerca de cuatro kilómetros. Un grupo de familias bloqueaba de manera intermitente la vía. No eran habitantes de barrios informales exigiendo el derecho a condiciones dignas de vivienda, sino propietarios de casas de lujo que reclamaban lo más básico: acceso a servicios públicos.

Los afectados son los copropietarios de la urbanización Reserva del Prado, quienes vieron cómo el sueño de una casa amplia en uno de los municipios de mayor valorización del país se les ha convertido en una pesadilla.

Aseguran que la energía eléctrica solo llega a la mitad de cada vivienda y que, debido a esta deficiencia, el cuarto de motobombas dejó de operar, impidiendo el suministro de agua potable a sus casas. Para abastecerse, los residentes utilizan bidones que antes servían para almacenar residuos y deben recoger el agua con baldes, llevándola a sus viviendas a cubetazos para ducharse y usar los baños.

Reserva del Prado es un proyecto de la constructora Inversiones Milenium, una empresa con un amplio historial en construcción de viviendas.

Los denunciantes alegan que la constructora les entregó las casas con una instalación eléctrica provisional en lugar de una red definitiva aprobada por Enel. Dicen también que, en cuatro años, Milenium no cumplió con los trámites requeridos para legalizar el servicio y que, por tal razón, ahora dependen de un suministro inestable.

El pasado 10 de enero, un incendio en la subestación eléctrica inutilizó dicha instalación, dejando sin luz a gran parte del conjunto y afectando el funcionamiento de las bombas de agua.

Esta situación llevó a los propietarios a presentar una acción de tutela exigiendo garantías mínimas para vivir en condiciones dignas y, en días recientes, a realizar bloqueos intermitentes en la principal vía de acceso a Cajicá.

Pero no todo es tan en blanco y negro como parece.

Esta columna contactó a Nicolás Escobar, socio de Inversiones Milenium, quien aportó documentos que respaldan sus respuestas. Escobar se defiende y dice que su empresa cumplió con los tres trámites requeridos por Enel. A la constructora se le confirmó la factibilidad del servicio, los diseños eléctricos fueron aprobados conforme a la normatividad y la solicitud de conexión fue presentada en diciembre de 2023. A pesar de haber cumplido con los requisitos, Enel aún no ha realizado la energización del proyecto, lo que ha desencadenado los problemas actuales.

La controversia en este conjunto se centra en la ubicación de las cajas de energía, las cuales están en los antejardines de las casas. Así estaba establecido en los diseños aprobados por Enel y así se ha autorizado en otros conjuntos de la sabana.

Existe una controversia porque un grupo de copropietarios no acepta la ubicación de dichas cajas. Entre tanto, el recibo de la luz llega de manera provisional a todo el conjunto y Escobar alega que un grupo de copropietarios no ha honrado el compromiso de pagar solidariamente dichas facturas.

Los propietarios temen que ocurra una nueva emergencia. Tras el incendio de la subestación, los cables y tableros eléctricos que quedaron expuestos representan un peligro latente. Muchas de las conexiones aún están en condiciones precarias, con empalmes improvisados y redes que incumplen los estándares de seguridad eléctrica. La situación se ha agravado con la carga de vehículos eléctricos en la urbanización.

Sin embargo, este no es un caso aislado. Otras constructoras y copropietarios han padecido las demoras en la energización de conjuntos en la sabana y han tenido que arreglárselas por largos períodos con energía provisional. Clínicas construidas en la región también han enfrentado el mismo problema.

Lo que está ocurriendo en Reserva del Prado refleja una problemática estructural que afecta al sector inmobiliario en Colombia. La situación ahora está en manos de la Superintendencia de Servicios Públicos, que decidirá responsabilidades y sancionará a los responsables. Entre tanto, compradores y constructores permanecen atrapados en un entramado de omisiones, trámites interminables y falta de supervisión efectiva.

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